Tres familias amenazadas por la deportación

Ante la desesperación de ver destruidas sus familias a causa de la deportación de uno de sus miembros, cada día son más los inmigrantes que dejan a un lado sus temores y hacen pública sus historias para pedir apoyo a la comunidad y tratar de evitar la separación familiar.

El último fin de semana, durante la marcha en conmemoración del Día de los Trabajadores en Hightstown, tres madres de familia, con su pequeños hijos en brazos o alrededor de ellos, clamaron por ayuda para evitar que sus parejas sean deportadas y queden sus hijos sin padres.

María Gabriela Romero, Berta Santos y María Peña, han acudido a varias organizaciones comunitarias de base para obtener el apoyo necesario y presionar a las autoridades de inmigración.

María Gabriela Romero, madre ecuatoriana embarazada y con un niño de cinco años, comenta que su esposo Hoover Rodríguez fue arrestado el 23 de marzo cuando venían de un centro comercial en Newark.

“Una patrulla del Sheriff nos paró y le pidieron la licencia a mi esposo. Como no tenía, mi esposo le presentó la ID consular de Ecuador, y al chequear su información lo arrestaron por unas multas de tránsito del 2002 que no se habían pagado. Pese a que le imploramos por el niño y por mi situación de embarazo, igual fue esposado y arrestado frente a mi hijo”.

A pesar de que pagaron la fianza, Rodríguez fue remitido a las autoridades de inmigración por una orden de deportación que le fue impuesta en 1993 en Arizona.

Rodríguez se encuentra en el centro de Detención en Elizabeth. Su abogado intenta que un juez abra el caso, o que se elimine la orden de remoción.

Mientras tanto Romero, que carece de ingresos económicos, tuvo que dejar la casa donde vivía, retirar a su hijo de la escuela y mudarse a un cuarto a Elizabeth en casa de unos familiares. Ruega que cuando su segunda hijo nazca, el próximo mes de junio tal como esta planificado, su esposo este junto a ella.

Mi bebé no conoce a su papa

El relato de Berta Santos fue otro de los desgarradores casos que se presentaron. Con lágrimas en los ojos narra que su pequeño hijo de tres meses no ha tenido la oportunidad de conocer a su padre y que sus dos pequeñas niñas, de 5 y 19 meses, todas las tardes se paran en la puerta de la casa a esperar a su padre, quien desde el pasado 6 de enero no ha vuelto a casa.

“Ellas lo llaman por la puerta y a mi me da mucho dolor verlas esperar a su papito. Yo les he dicho que él esta trabajando muy lejos y que pronto vendrá”, relata con voz quebrantada esta guatemalteca.

El esposo de Santos, Levi Samayoa, fue detenido por manejar sin licencia en Plainfield. Por su ofensa se le impuso trabajo comunitario. El primer día que se presentó para cumplir con su deber, el 6 de enero, fue detenido y puesto a las ordenes de inmigración que lo trasladó al centro de Detención en Elizabeth.

La angustia generada por la detención de su esposo, adelantó el parto de Santos, cuyo bebé nació por cesárea el 17 de enero. “Mi esposo no pudo estar en el parto, ni tampoco en el cumpleaños de su hija el 14 de febrero. Mi niña lo esperaba con mucha ilusión ese día, y se puso muy triste al ver que su papa no llegó”.

Samayoa tenía una orden de deportación que data del año 2000, cuando entró de manera ilegal a EEUU. Recientemente, este padre de familia que carece de historial criminal fue transferido a un Centro de Detención en Luisiana.

Se llevaron a mi esposo y mi hijo

Por su parte, María Peña relató que su esposo José N. Velásquez y su hijo, Mauricio Flores, fueron detenidos por las autoridades de migración la mañana del 7 de marzo, en su vivienda en Lindenwold.

“Yo estaba trabajando cuando me llamaron los oficiales de migración diciéndome que me regrese a la casa a cuidar a mi nieta porque se iban a llevar a mi esposo y a mi hijo”, comenta la salvadoreña.

Peña señala que su hijo fue dejado en liberta luego de pagar una fianza, pero su esposo quedó retenido en el Centro de Detención en Elizabeth.

“Necesito que me ayuden a que mi esposo quede libre. Es un buen padre, sin record criminal, que se dedica a trabajar y cuidar de su familia”, afirma Peña.

Varias organizaciones hispanas se han comprometido a trabajar con estas familias para presionar a las autoridades de inmigración y lograr que sean puestos en libertad. Carlos Rojas, activista comunitario, considera que estos tres casos son “de baja prioridad”, de acuerdo a los parámetros anunciados por la administración de Obama, por lo cual se les debería otorgar el beneficio de la discrecionalidad procesal.

“Estos son unos ejemplos más de cómo el sistema de inmigración destruye a miles de familias cada día. Tenemos que seguir luchando, presionando juntos como comunidad para lograr que sean liberados estos padres de familia”, afirmó por su parte Jorge Torres, presidente de la organización Unidad Latina en Acción.

Recientemente la presión de la comunidad y varias organizaciones comunitarias de base logró evitar la deportación de los padres de familia: Otto Rene Villatoro Ochoa, Oscar Alvarado y Carlos Oliva Guillen.