700 mil inmigrantes en NJ pueden quedar afectados por calificativo de “carga pública”

La nueva normativa del gobierno de Trump de restringir el otorgamiento de Residencia Permanente (Green Card) a los inmigrantes que hayan utilizado servicios de asistencia pública pudiera afectar a unos 700 mil inmigrantes en Nueva Jersey.

Según un informe de noviembre de 2018 de New Jersey Policy Perspective (NJPP), el cambio anunciado esta semana por el gobierno de Trump dará prioridad a los inmigrantes adinerados mientras penaliza a aquellos que luchan para poder pagar las cuentas a fin de mes, amenazando la salud de 700,000 familias de Nueva Jersey que pueden tener que elegir entre tener sus servicios básicos y necesidades satisfechas o arriesgarse a que sus familias sean separadas.

Las estimaciones conservadoras determinan el impacto de la regulación en 26 millones de personas en todo el país, incluido un cuarto de los niños en el país, la gran mayoría nacidos aquí, que viven en familias inmigrantes.

El dominio del idioma inglés, el ingreso familiar y el uso potencial de los programas de salud, nutrición o vivienda ahora se convertirán en una consideración central para ofrecer o no a las personas la oportunidad de obtener la residencia en los Estados Unidos. Esta normativa entrará en vigencia el 15 de octubre de 2019.

El reglamento final pone en riesgo la admisión a Estados Unidos o las solicitudes de residencia (Green Card) si un adulto inmigrante usa Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o los vales de alquiler de la Sección 8 (HCV).

“Este es Trump jugando a la política de la piñata”, dijo Erika Nava, analista de políticas de NJPP. “La regla representa un cambio fundamental en la política de inmigración de los Estados Unidos y amenaza la salud de los inmigrantes legales y trabajadores y las familias de estatus mixto. Dada la diversa población de Nueva Jersey y la alta proporción de inmigrantes residentes, la delegación del Congreso del estado debe tomar medidas inmediatas y audaces para derribar el muro de papeleo de Trump y proteger la salud y el bienestar de las familias de Nueva Jersey. Varios estados ya están preparando un litigio contra la normativa. Instamos al Fiscal General de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, a unirse a esos esfuerzos”.

Al cierre de esta edición, la fiscalía de NJ anunció su incorporación a la demanda para frenar esta medida.

Por su parte, Johanna Calle, directora de la organización New Jersey Alliance for Immigrant Justice, señaló en un comunicado que “la expansión de la carga pública es otro ataque racista y antiinmigrante de la administración Trump contra los inmigrantes que trabajan duro y sus familias. La administración Trump está enviando el mensaje una vez más de que los inmigrantes no son bienvenidos a menos que sean ricos”.

“Los proveedores de atención médica, los proveedores de servicios y los líderes de la comunidad se han manifestado en contra de los efectos escalofriantes de la norma sobre el uso de los servicios, no solo por parte de los inmigrantes, sino también de sus hijos nacidos en los EE. UU. La nueva normativa afecta todos los aspectos de la vida de los inmigrantes, desde el dominio del idioma inglés hasta el acceso a los servicios médicos”, agregó Calle.

Los abogados y los expertos dejan bien claro que las personas no deben tomar acción inmediata si participan actualmente en programas gubernamentales de bienestar puesto que la regla del DHS no se aplica de manera retroactiva. Los abogados y los expertos animan a las personas a tener cuidado al decidir si participar en ciertos programas, asegurándose de que tengan la información que necesitan para tomar decisiones informadas. Recordaron además que la normativa no entra en vigencia sino hasta el 15 de octubre, y la misma puede ser bloqueada por los tribunales.