Senado de Nueva Jersey aprueba reforma a las finanzas de las campañas políticas

Por Nikita Biryukov – www.newjerseymonitor.com

El Senado aprobó el lunes por una estrecha votación una controvertida revisión del sistema de financiamiento de campañas políticas de Nueva Jersey que podría permitir a los legisladores promulgar límites de contribuciones más elevadas y debilitar el monitoreo de las finanzas de cara a las elecciones legislativas de este año.

El proyecto de ley, que superó el umbral de 21 votos necesario para ser aprobado por el Senado en una votación de 23 a 12 que coincidió principalmente con las líneas partidistas, aumentaría la cantidad que los donantes políticos pueden contribuir a las campañas y los partidos, eliminaría la capacidad de las ciudades para promulgar sus propias leyes relacionada con las contribuciones de corporaciones y la otorgación de contratos municipales, y permitiría que el gobernador designe nuevos comisionados para el organismo de control de finanzas de campaña del estado sin la aprobación del Senado.

“Creo sinceramente en la necesidad de una reforma, pero los cambios descritos en este proyecto de ley tendrán consecuencias que dañarán la integridad de nuestras elecciones y reducirán la transparencia de nuestro proceso político”, dijo la senadora Nia Gill (D-Essex), la única demócrata que votó en contra del proyecto de ley. “No resolveremos el tema del dinero en la política permitiendo más dinero en la política sin transparencia”.

Los grupos que abogan por un buen gobierno, incluidas las ramas estatales de la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, entre muchos otros, han instado a la Legislatura a realizar más cambios en el proyecto de ley antes de avanzarlo, señalando que la versión actual reduciría la transparencia en torno a las contribuciones en dinero en efectivo a las campañas en lugar de mejorarlo.

El presidente del Senado, Nicholas Scutari (D-Union), el principal patrocinador del proyecto de ley, se opuso a esa caracterización.

“Hay mucha más transparencia en este proyecto de ley que la que existe actualmente en el sistema legislativo”, dijo Scutari sin extenderse en detalles.

Tres senadores republicanos, Jean Stanfield (R-Burlington) y Chris Connors (R-Ocean), que se retiran después de las elecciones de este año, y Vince Polistina (R-Atlantic), que continuará, votaron a favor del proyecto de ley.

La medida duplicaría los límites de las contribuciones a los candidatos a $5,200 por ciclo electoral. Los límites de las donaciones a los partidos del condado y los comités de liderazgo legislativo, que están a cargo de los líderes de la cámara de cualquier partido, se triplicarían a $75,000. Los aumentos a los límites de contribución serían los primeros en 18 años.

La medida podría llegar al escritorio del gobernador Phil Murphy antes del 30 de marzo, cuando la Asamblea programó su próxima sesión de votación, aunque los legisladores de la cámara baja primero tendrán que enmendar la medida para que coincida con su contraparte del Senado.

Debilitando las salvaguardias 

Los grandes aumentos a los límites de las contribución, aunque controvertidos, han llamado poca atención al proyecto de ley en los últimos días. En cambio, las miradas se han dirigido a las disposiciones que permitirían al gobernador nombrar una lista completa de comisionados para la Comisión de Cumplimiento de la Ley Electoral sin la aprobación del Senado.

La disposición está destinada a permitir que Murphy expulse a Jeff Brindle, el director ejecutivo de la comisión (una versión anterior del proyecto de ley habría permitido a Murphy deshacerse de Brindle por completo). Murphy ha tratado de destituirlo por supuestos comentarios anti-homosexuales que hizo en un correo electrónico a un miembro del personal de la comisión.

Brindle demandó al gobernador y miembros de su gabinete la semana pasada, alegando que intentaron extorsionar su renuncia y violaron la confidencialidad de una investigación interna de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

La senadora Holly Schepisi (R-Bergen) advirtió a los legisladores que no le den a Murphy este poder.

“Estamos permitiendo que la administración convierta a ELEC en un arma contra cualquier persona que pueda hablar”, dijo Schepisi. “Le estamos quitando la capacidad a esta Legislatura de garantizar un ELEC imparcial”.

Los defensores del buen gobierno y los empleados de la propia comisión han criticado otra disposición que reduciría el plazo de prescripción de las investigaciones de financiación de campañas de 10 años a dos años. Joe Donohue, subdirector de la comisión, señaló la semana pasada a los legisladores que el nuevo límite invalidaría el 80 % de las investigaciones en curso de la comisión.

Desde el pleno del Senado, Scutari argumentó que las investigaciones de la comisión avanzan con demasiada lentitud para disuadir a los candidatos políticos de eludir las leyes electorales del estado. Señaló que la semana pasada la comisión multó a la ex candidata al Concejo Municipal de Paterson, Wendy Guzmán, con $ 31,573.41, la suma de toda la recaudación de fondos y los gastos que Guzmán no informó en el último mes de su campaña de 2016.

“¿Dónde está la disuasión en eso?” preguntó Scutari.

Dos republicanos, los asambleístas Brian Bergen (R-Morris) y Antwan McClellan (R-Atlantic), alegaron recientemente que el cambio en el estatuto de limitaciones está destinado a proteger a tres organizaciones del Partido Demócrata que en enero se convirtieron en objetivo de investigación de la comisión, que presentó quejas contra el Comité Estatal Demócrata, el Comité de Campaña de la Asamblea Demócrata y la Mayoría Demócrata del Senado de NJ por presuntas violaciones de financiamiento de campaña en 2017.

En enero, la comisión también presentó una queja contra el Comité Estatal Republicano por presuntas violaciones de financiamiento de campaña de 2017.

El intento del proyecto de ley de anular leyes locales que tienen como objetivo evitar que los funcionarios electos otorguen contratos públicos a sus benefactores políticos, conocido como pay-to-play, reemplazaría las ordenanzas locales con la ley estatal, que a menudo es más permisiva que sus contrapartes locales.

ELEC ha dicho que el mosaico de protecciones pay-to-play a veces contradictorias hace que una ley que ya es difícil de hacer cumplir lo sea aún más.

El proyecto de ley requeriría que los grupos independientes que realizan gastos de campaña, incluidos algunos comités de acción política y ciertas organizaciones sin fines de lucro, divulguen qué donantes les dieron $ 7,500 o más y revelen los gastos realizados «con el propósito de promover un gasto independiente».

Si el proyecto de ley se convierte en ley, los partidos políticos del condado y del estado obtendrían la capacidad de abrir cuentas administrativas para pagar los gastos legales y otros gastos no políticos. Las contribuciones a esas cuentas se rastrean por separado de las donaciones políticas regulares, pero aún se informan a ELEC y se limitan a la mitad del límite de contribución normal, o $37,500 para los partidos del condado.