Las demandas costaron a los contribuyentes de Nueva Jersey $ 177 millones el año pasado

Por Dana DiFilippo – www.newjerseymonitor.com

Xuefang Zhong acababa de bajarse de un autobús de NJ Transit en la ciudad de Nueva York y estaba sacando su equipaje de un compartimento inferior del vehículo cuando el autobús se alejó y la arrastró con él, lo que provocó lesiones tan graves que necesitó la amputación de una pierna y múltiples cirugías.

Los trabajadores estatales de bienestar infantil fueron informados al menos cinco veces de que la madre de Christiana Glenn la golpeaba y la descuidaba, pero consideraron que los reportes eran infundados. Nueve días después de que los trabajadores no cumplieron con el último reporte de 2011, la niña de 8 años de Irvington fue encontrada muerta de hambre en su casa.

Jean Dorval pasó 24 años en una prisión estatal de Nueva Jersey después de su condena injusta por un asesinato en Elizabeth que ocurrió cuando estaba en Georgia.

Los tres casos, que costaron a los contribuyentes de Nueva Jersey $16 millones combinados, se encontraban entre casi 400 demandas que le costaron al estado $177,4 millones para consiliar el año pasado, según datos que New Jersey Monitor obtuvo a través de solicitudes de registros.

Ese precio fue inferior a los $196 millones que el estado pagó en 2021 para resolver demandas, pero sigue siendo uno de los años más costosos de la última década.

El pago individual más grande, $69.2 millones, provino de un reclamo presentado por familias de personas que murieron en 2020 durante los primeros meses del brote de COVID-19 en el New Jersey Veterans Memorial Home en Menlo Park. Ese hogar de veteranos administrado por el estado, junto con otro en Paramus, tuvo 200 muertes de residentes y personal y más de 400 infecciones, lo que le valió al gobernador Phil Murphy y otros funcionarios estatales el reproche público y provocó la aprobación de nuevas leyes.

Después de este caso, está el accidente de Zhong en 2019, en el que el estado desembolsó más de $ 10 millones para finalizar su reclamo por negligencia, y un reembolso legal de más de $ 7.2 millones incurridos en el caso Bridgegate de casi una década atás relacionado con Bridget Anne Kelly, la ahora exonerada ex asistente del gobernador Christie, que estuvo en el centro de ese escándalo.

Veintitrés casos le costaron al estado por lo menos un millón de dólares cada uno.

Los organismos de control del gobierno afirman que los funcionarios estatales deberían examinar los casos, especialmente los más costosos, para ver si ofrecen lecciones para mejores políticas o una mayor rendición de cuentas.

Marleina Ubel, de New Jersey Policy Perspective, sospecha que los pagos que involucraron a la policía o las prisiones fueron la «punta del iceberg», considerando una arraigada falta de transparencia en torno a la justicia penal.

“Hay un patrón claro de grandes pagos derivados de las interacciones con la policía y el sistema legal penal más amplio”, dijo Ubel. “La falta de rendición de cuentas y transparencia del sistema permite que el mal comportamiento no se controle hasta que haya una demanda. Y las demandas son costosas, por lo que debe preguntarse: ¿cuántas personas ni siquiera presentan demandas?”.

TRÁNSITO, CORRECIONALES, NIÑOS Y POLICÍAS

Las personas y las empresas demandaron con éxito al estado por una variedad de razones, pero NJ Transit y el Departamento Correccional impulsaron la mayoría de los acuerdos y sentencias. Más de 100 de todos los pagos involucraron a NJ Transit, mientras que al menos 35 involucraron a prisiones o policías.

El estado pagó:

• Más de $7 millones a por lo menos 14 mujeres que demandaron por abuso sexual y otros malos tratos durante su encarcelamiento en el centro penitenciario Edna Mahan. Dos de los pagos más grandes fueron para los demandantes que nombraron como acusado principal a Brian Ambroise, un oficial penitenciario de alto rango cuya absolución y reciente reincorporación provocaron protestas.

• $6.1 millones en dos pagos separados por choques policiales. Crystal Krukowski recibió $3.4 millones después de que resultó lesionada cuando un policía estatal de Nueva Jersey golpeó su automóvil mientras conducía en Monroe en 2017. El motociclista Pedro Martins recibió casi $2.7 millones después de que un automóvil conducido por un empleado de la Oficina del Fiscal del Condado de Essex lo embistió en una intersección de East Hanover en 2017.

• Más de $6 millones en pagos para resolver reclamos de abuso que involucran a niños en el sistema de bienestar infantil del estado. Eso incluyó $ 4 millones para la familia de Glenn y $ 2.2 millones para la familia de una niña de 11 años que fue agredida sexualmente repetidamente por un niño de 17 años que los trabajadores sociales de cuidado de crianza colocaron en el hogar a pesar de su historial de delitos violentos y sexuales.

• $4.4 millones para resolver dos reclamos separados por discriminación y represalias contra NJ Transit. En un caso, la ex oficial de policía de NJ Transit, Kathleen Shanahan, demandó por discriminación y represalias derivadas de otra demanda por acoso sexual que data de 2007. En el otro, la empleada de NJ Transit, Pia Wilson, demandó por el comportamiento racista de un supervisor blanco.

Otros pagos, aunque menores, fueron notables.

El estado pagó $65,000 para resolver una demanda federal que Alexander Roubian, presidente de la Sociedad de la Segunda Enmienda de Nueva Jersey, presentó contra Murphy después de que se le negaran las credenciales de prensa y se le prohibiera asistir a las conferencias de prensa del gobernador. Roubian escribe sobre noticias de armas para el sitio web del grupo.

El estado tuvo que pagar millones para resolver disputas en colegios y universidades estatales sobre discriminación laboral, reclamos por tropiezos y caídas, y cosas peores.

Una inquietante demanda federal presentada por una exestudiante de Ramapo College, que acusó a cinco hombres de violarla en grupo después de que se emborrachó en una fiesta de una fraternidad en 2014, requirió que el estado pagara $625,000 para resolver sus reclamos de negligencia y peligro creado por el estado.

En la Universidad de Kean, el estado pagó casi $90,000 para resolver dos demandas laborales presentadas por sindicatos y $300,000 para poner fin a una demanda por acoso sexual que un empleado presentó contra el exdirector de seguridad pública de la escuela, Mark Farsi.

Los accidentes relacionados con el tránsito continuaron siendo costosos, desde conductores de autobús que chocaron con peatones y otros automovilistas hasta un trabajador ferroviario aplastado por maquinaria pesada en el trabajo y tres pagos por un total de $2.8 millones del accidente ferroviario de 2016 en la terminal de Hoboken que mató a una persona e hirió a 110 otros.

¿LECCIONES PARA LA REFORMA?

Julia Sass Rubin es profesora en la Escuela de Planificación y Políticas Públicas Edward J. Bloustein de la Universidad de Rutgers y miembro de la junta de la Coalición de Buen Gobierno de Nueva Jersey.

Ella espera que los legisladores se den cuenta de que los acuerdos judiciales le costaron a New Jersey casi $400 millones solo en los últimos dos años. La rendición de cuentas más estricta que los defensores han pedido sin descanso podría ayudar a frenar el mal comportamiento del gobierno y, en consecuencia, las demandas, pero los legisladores se han mostrado reacios a actuar, señaló.

“Esto realmente habla de la incapacidad de la Legislatura para aprobar varias reformas necesarias, porque la Legislatura es responsable ante la maquinaria política y no ante los votantes”, dijo Sass Rubin. “Si no tiene una legislatura que rinda cuentas a los votantes, ¿por qué esperaríamos que las cosas mejoren?”

DINERO GANADO

El estado también recaudó $ 435,6 millones a través de demandas que presentó o en las que participó que involucraban todo, desde contaminación ambiental hasta violaciones de datos y violaciones de la ley laboral.

La mayor parte de eso provino de dos acuerdos:

• Credit Suisse Securities pagó $195 millones para resolver una demanda que presentó la Oficina de Valores de Nueva Jersey en relación con la oferta y venta del banco de inversión de valores tóxicos respaldados por hipotecas residenciales de 2006 a 2007 antes de la crisis financiera de 2008.

• Uber pagó $100 millones al Fondo Fiduciario de Desempleo del Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey después de que los auditores descubrieran que la compañía de viajes compartidos clasificó erróneamente a miles de conductores como contratistas independientes, privándolos de beneficios que incluyen desempleo, discapacidad temporal y seguro de licencia familiar.

El estado también recaudó $17,8 millones de Google por engañar a los consumidores sobre los servicios de seguimiento de ubicación; casi $15 millones de una investigación nacional de la compañía farmacéutica Mallinckrodt, que fue acusada de pagar de menos los reembolsos de Medicaid; $9.5 millones de ExxonMobil para resolver una demanda que presentó el Departamento de Protección Ambiental por el vertido ilegal de basura en Paulsboro; y $7.75 millones de Chipotle por violaciones a la ley de trabajo infantil.

En total, el estado recibió dinero de más de 700 casos, según los registros obtenidos por New Jersey Monitor.