Cárcel obligatoria por delito electoral
La División de Apelaciones de la Corte Superior del Estado dictaminó a favor de la División de Justicia Criminal que un hombre de Newark quien se declaró culpable de someter boletas fraudulentas, mientras trabajó en 2007 para la campaña de Teresa Ruiz para la Senado de New Jersey, debe ser sentenciado a prisión.
Ángel Colón, de 50 años, residente en Newark, se declaró culpable el 29 de julio de 2011 por el delito de fraude electoral de segundo grado, en un caso sometido por la División de Justicia Criminal. Los delitos en segundo grado acarrean la presunción de una sentencia de prisión.
Colón, admitió que sometió de manera fraudulenta las boletas ausentes en nombre de los electores que nunca había recibido dichas boletas o tuvieron la oportunidad de emitir su voto. La investigación reveló que, en al menos un caso, un votante fue rechazado en un lugar de votación.
El 19 de enero de 2012, en la sentencia de Colón en la Corte Superior del Condado de Mercer, el Vice Fiscal Vincent J. Militello solicitó una pena de 3 años de prisión, de conformidad con el acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, el juez de la Corte Superior Thomas W. Sumners Jr. en vez de sentenciarlo a prisión decidió imponer 5 años de libertad condicional, pese a la objeción del Estado, indicando que el acusado había superado la presunción de prisión unido a su sentencia en segundo grado. La División de Justicia Criminal apeló la sentencia.
Los Jueces Joseph Yannotti y Richard S. Hoffman de la División de Apelaciones dictaminaron que los antecedentes de este caso no dieron apoyo a la decisión del Juez en el juicio que al encarcelar al acusado se traduciría en “grave injusticia.” Los jueces de apelación declararon que la decisión del Juez de imponer una sentencia de libertad condicional representó “un claro abuso de discreción.” La Corte devolvió el caso al tribunal para que Colón vuelva a ser sentenciado a pena de prisión.
“Esta es una decisión importante, ya que reafirma la gravedad del delito cometido por el acusado”, dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa. “Tenemos que enviar un mensaje que no toleraremos cualquier intento de manipular el proceso electoral en New Jersey y violar el derecho de nuestros ciudadanos a emitir su voto en elecciones justas”, agregó Chiesa.
“El fraude electoral es un delito de segundo grado, según la ley de New Jersey, y estamos satisfechos que la División de Apelación reconoció que la justicia en este caso significa una sentencia de prisión”, dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal.