Pese a acusación, Rodríguez sigue en campaña

La Fiscalía General anunció que el Concejal de la Ciudad de Paterson Rigo Rodríguez y su esposa, Lissette Rodríguez, fueron acusados formalmente con cargos de fraude en las papeletas de votos por correo en la elección de concejal de mayo del 2010 y manipulación de testigos.

En concreto, la pareja es acusada de conspiración (segundo grado), fraude de elección (segundo grado), fraude de papeletas de voto por correo (tercer grado), manipulación de documentos públicos o información (tercer grado), falsificación de documentos (tercer grado), alteración (cuarto grado) y manipulación de testigo(tercer grado).

Pese a las acusaciones de la fiscalía, el edil dijo que no piensa renunciar a su cargo ni mucho menos suspender su campaña electoral para el cargo de alcalde de Paterson, en las elecciones del próximo mes de mayo.

“Estoy deseando que llegue mi día en la corte y que el pueblo pueda conocer la verdad”, dijo Rodríguez, luego de haber recibido el acta de acusación.

El concejal reconoció que la acusación se convertirá en un tema para atacarlo durante la campaña electoral, pero aseguró que sus simpatizantes y electores conocen de su honradez.

El ex trabajador de la campaña, Wilson A. Torres de 32 años de Paterson, también fue imputado por fraude de papeleta de boleto por correo. Los cargos imputados son: fraude de papeletas de voto por correo (tercer grado), manipulación de documentos públicos o información (tercer grado), falsificación de documentos (tercer grado), alteración (cuarto grado).

Durante la postulación de Rodrigo para su reelección de concejal de la ciudad como candidato general, Rodriguez y su esposa se alega, conspiraron con trabajadores de la campaña ilegalmente para que actuaran como “mensajeros” y “portadores” de las aplicaciones de voto por correo y papeletas de voto por correo cuando no habían sido designados por los votantes para actuar en esos papeles. Se alega además que remitieron papeletas de votos de gente que de hecho, nunca recibieron las papeletas de voto, las completaron, o autorizaron que las emitieran como votos.

En conexión con la tergiversación, los voluntarios de la campaña, se alega, les pedían a los votantes que completaran las aplicaciones por correo pero que dejaran la línea del mensajero en blanco, y luego los voluntarios llevaban las aplicaciones a la oficina de la campaña. En la oficina de la campaña, los nombres de los mensajeros no escogidos por los votantes, se alega, se rellenaban. Estos mensajeros luego tomaban las papeletas de los votos y en vez de llevarlas directamente a los votantes, como requiere la ley, las llevaban a la oficina de la campaña, donde otros las llevarían a los votantes, o se rellenarían fraudulentamente, o en algunos casos simplemente nunca fueron entregadas.

Con respecto a los portadores, la ley requiere que el individuo designado por el votante como portador lleve la papeleta de voto directamente a la Board of Elections. Pero en este caso, las papeletas de votos se alega, fueron llevadas otra vez a la oficina de la campaña y se las daban a otros individuos que no estaban designados por el votante como portador, comprometiendo la seguridad de la papeleta de voto y permitiendo que los votos se perdieran. n

Una vez que Rigo y Lissette supieron de la investigación de la Policía Estatal de Nueva Jersey y la División de Justicia Criminal en el alegado fraude de papeleta de voto, ellos les avisaron a los voluntarios de la campaña y a los votantes acerca de cómo debían contestar a las preguntas de los detectives. Ellos les aconsejaron a los voluntarios de la campaña y a los votantes como proveer información falsa a la Policía Estatal.

Los Delegados del Fiscal General Cynthia Vazquez y Vicent J. Militello del Buró de Corrupción de la División de Justicia Criminal presentaron el caso al gran jurado.

Después de las elecciones del concejo de la ciudad en Mayo del 2010, la División de Justicia Criminal recibió quejas de posibilidades de fraude de voto. El Buró de Corrupción de la División de Justicia Criminal y el Buró de Corrupción de la Policía Estatal de Nueva Jersey lanzaron una investigación alrededor de una semana después de las elecciones. La investigación fue encabezada por el Sargento Brian Murphy de la Unidad del Norte de Corrupción de la Policía Estatal y el Delgado del Fiscal General Militello.

Un crimen de segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de $150,000, mientras que un crimen de tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años de prisión y una multa de hasta $15,000. Un crimen del cuarto grado lleva una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y una multa de hasta $10,000. La acusación formal es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación judicial fue entregada al Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Passaic, donde los acusados aparecerán a una fecha más tarde para las disposiciones. La acusación judicial se puede ver en www.njpublicsafety.com (en inglés).