La Educación en Puerto Rico, en crisis permanente

Un subsecretario en el ojo de huracán, el pago de 27,3 millones de dólares a trabajadores inactivos y dudas sobre si implementar las clases presenciales en la isla, así como un pasado con responsables ante la justicia han sumido al Departamento de Educación de Puerto Rico en una profunda crisis.

La principal agencia gubernamental de Puerto Rico, por empleados y presupuesto, presenta un buen número de interrogantes sobre el futuro de este departamento que en los últimos años ha visto cómo iba deteriorándose progresivamente.

El último episodio que siembra dudas sobre la gestión de la agencia es la figura de su nuevo subsecretario, Héctor Joaquín Sánchez, de cuya trayectoria se hacen eco medios locales.

Sánchez es el antiguo representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) del gobernador, Pedro Pierluisi, ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La prensa de la isla subraya que la vuelta de Sánchez a Educación, donde se había desempeñado durante muchos años con anterioridad, se debe a sus lazos con el gobernador.

Son apuntadas además hipotéticas irregularidades durante el desempeño de su función pública que incluiría una controvertida gestión de fondos públicos, problemas con sus colaboradores y un supuesto comportamiento inapropiado de índole sexual.

RECHAZA IRREGULARIDADES

Sánchez negó esas supuestas irregularidades y manifestó que no hay en Educación registro alguno que prueben esas acusaciones.

Además, se subraya que Sánchez habría comenzado a colaborar en Educación antes del 25 de enero, fecha en la que solicitó la cancelación de su contrato como comisionado electoral, lo que implicaría una irregularidad.

La figura de Sánchez en la agencia es solamente uno más de los asuntos que tienen en el punto de mira a Educación, como es el de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad federal impuesta por el Congreso en Washington al Ejecutivo de San Juan para atender el asunto de la deuda, aprobara retener 27,3 millones de dólares del presupuesto de agencia hasta que se implemente un sistema de control de asistencia para los empleados.

La JSF dio a conocer que Educación continúa pagando el salario a cientos de empleados a pesar de están inactivos o no mostrar evidencia de que trabajan.

LA JSF DENUNCIA EL PAGO DE 84 MILLONES A EMPLEADOS INACTIVOS

La JSF ya había denunciado el pasado año que Educación pagó cerca de 84 millones de dólares en salarios a empleados inactivos y fallecidos, que pudo evitarse si la agencia exigiera a sus empleados reportar las horas trabajadas.

Educación ha vivido durante los últimos años otros episodios que han puesto en evidencia su gestión, en especial debido a los problemas con la justicia de la exsecretaria Julia Keleher.

El juez Francisco Besosa decidió que permanecerán como evidencia los correos electrónicos de Keleher, con los cuales la Fiscalía federal fundamentó las acusaciones que le sometieron en 2020 por irregularidades en la concesión de contratos.

Keleher había solicitado que los correos electrónicos fueran descartados como evidencia en junio y, si hubiera tenido éxito, las acusaciones de 2020 podrían haber sido desestimadas.

La base de la impugnación es que los agentes habían obtenido los correos electrónicos como parte de su investigación para la primera acusación que le presentaron a Keleher, un caso separado en 2019.

Keleher habría provisto información confidencial para facilitar la preparación de propuestas a sus allegados, dándoles ventaja sobre otras compañías que participaron en las licitaciones.

Educación debe decidir ahora sobre si las clases presenciales vuelven, después de una interrupción que se remonta al pasado mes de marzo a causa de la covid-19.

EN MARZO PUEDEN VOLVER LAS CLASES

La secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico, Elba Aponte, informó que el próximo 3 de marzo podría ser la fecha escogida para comenzar la apertura de escuelas, un proceso que matizó será escalonado y que afectaría a 172 centros.

Dijo que el 20 de febrero se anunciará qué escuelas abrirán sus puertas de entre esas 172 escuelas con alto potencial de reiniciar operaciones.

Los problemas por los que ha atravesado Educación durante los últimos años provocaron el anuncio, en 2017, del cierre de 184 escuelas, medida con la que el Gobierno buscaba ahorrar millones de dólares.

La iniciativa siguió al paso del huracán María, que destrozó múltiples infraestructuras de la agencia departidas por la geografía de la isla.

El cierre de las escuelas supuso el traslado forzado de miles de estudiantes.

La situación de las escuelas empeoró en enero de 2020, cuando una serie de terremotos, algunos de gran intensidad, se dejaron sentir en el sur de Puerto Rico.

El legislador por el Distrito 23, José Rivera, presentó recientemente resoluciones solicitando investigaciones para reunir informes sobre las escuelas del sur de la isla.

Tras los terremotos, el 32 % de las escuelas del sur fueron declaradas aptas parcialmente, un total de 274 centros, mientras que el 10 % fueron determinas como no aptas, alrededor de 86.

La legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago se mostró a favor de que la Comisión de Educación del Senado investigara sobre el destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.Educación clausuró en ese periodo el 44 % de las escuelas.