Pro inmigrantes ven con recelo propuesta de tarjetas de conducir

Pese a que el otorgamiento de un documento de manejo para los indocumentados es una gran necesidad dentro de la comunidad inmigrante, las organizaciones pro inmigrantes del Estado Jardín observan con recelo el proyecto de ley introducido en la Asamblea y el Senado Estatal para el otorgamiento de una “tarjeta de privilegio para conducir” para las personas indocumentadas.

Si bien todas las organizaciones consultadas coincidieron en señalar que es necesario que se le permita a los indocumentados manejar, también coincidieron que el proyecto de ley propuesto no es la mejor opción y el mismo podría ser contraproducente para la comunidad.

La gran mayoría de las organizaciones prefirieron “por ahora” no opinar públicamente sobre la propuesta hasta tanto no se reúnan con los patrocinantes de la ley, los asambleistas Annette Quijano y Joseph Cryan y los senadores Teresa Ruiz y Joseph Vitale, para plantear sus opiniones y tratar de mejorar el proyecto, el cual consideran que tiene “una buena intención” pero requiere correcciones.

Al proyecto de ley se le hacen dos grandes observaciones: proponer otorgar una tarjeta de conducir diferente a las licencias que todos los residentes del estado obtienen; y establecer que una persona que tenga un record criminal no pueda obtener el permiso de manejo.

Otorgar un “permiso de manejo” en vez de una licencia igual a la que obtiene cualquier otra persona, a juicio de las organizaciones, haría que los indocumentados se “auto-identificaran” frente a las autoridades. Esto permitiría a los policías “antiinmigrantes” detener con cualquier escusa a los indocumentados y remitirlos inmediatamente a las autoridades de inmigración.

Para evitar esto, consideran que se debe otorgar licencias de conducir a los inmigrantes, sin ningún tipo de diferencia a las licencias normales, y de este modo evitar la discriminación.

En cuanto a la negativa de otorgar el permiso de manejo a una persona que “tenga un record criminal”, las organizaciones señalan que esta disposición que puede abarcar desde un acto de conducta desordenada hasta un crimen severo, dejaría a muchas personas sin la posibilidad de obtener el permiso de manejo.

Si la persona ha cumplido con su condena y/o a pagado las multas impuestas por su delito, no debería negársele el derecho a obtener la licencia, opinan las organizaciones.

Diana Mejía, de la organización Viento del Espíritu, dijo que ellos están consultado con las comunidades para plantear sus propuestas en una próxima reunión con los legisladores.

“El bill (proyecto de ley) como está tiene problemas serios que no van a beneficiar a la comunidad inmigrante, incluso puede convertirse en un arma de doble filo. Por eso estamos en consultas aprendiendo un poco más del proyecto y escuchando a la comunidad para hacer nuestros planteamientos”, señala Mejía.

Por su parte, Amy Gottlieb, de “American Friends Service Committee”, afirman que “apoyan la idea de dar licencias de conducir que permitan obtener un seguro de vehículo, pero les preocupa que sean diferentes a las licencias normales”, ya que los portadores podrían ser detenidos y remitidos a las autoridades de migración.

Para María Juega, del Fondo Latinoamericano para la Defensa y la Educación (LALDEF), señala que si bien es positivo que los legisladores hayan tomado el tema, el proyecto presenta “aspectos que pudieran ser problemáticos”, como la diferencia del documento con las licencias.

Juega considera que el documento que se apruebe debe también ser de acceso a las personas residentes o ciudadanas que, por cualquier motivo, no pueda cumplir con los “seis puntos de identificación” que actualmente requiere la División de Motores y Vehículo para otorgar las licencias.

Otras organizaciones pro inmigrantes señalaron que esperaran a reunirse con los patrocinadores del proyecto de ley antes de emitir una opinión.