Acción Ejecutiva: espera y preguntas

A dos semanas de que el Congreso retorne de su receso legislativo se intensifican las especulaciones sobre si el presidente Barack Obama anunciará órdenes ejecutivas para amparar de la deportación a millones de inmigrantes. Las preguntas obligadas son cuándo hará el anuncio el presidente (si lo hace) y qué alcance tendrá.

Obama está apagando múltiples fuegos: niños migrantes en la frontera; crisis racial en Ferguson, Missouri; crisis en Oriente Medio y, en puerta, una elección intermedia que no pinta nada bien para su Partido Demócrata. Eso sin contar con la guerra que libra en el Congreso con una mayoría republicana en la Cámara Baja y en minoría en el Senado dedicada a obstruir legislación y a amenazar con demandas judiciales, cierres gubernamentales y destitución si recurre a acciones ejecutivas para hacer lo que el Congreso no hace.

A continuación algunas preguntas en torno al proceso:

¿Tiene el presidente Barack Obama la autoridad legal para amparar de la deportación a millones de personas?

Comencemos con lo que el presidente no puede hacer: legalizar de un plumazo a 11 millones de indocumentados y frenar la deportación de todas esas personas. Según Marshall Fitz, director de política migratoria del Center for American Progress (CAP), sólo la legislación que se convierta en ley ofrece una solución permanente para legalizar indocumentados. El presidente sí tiene flexibilidad y discreción para aplicar las leyes de forma humana y práctica. “La administración tiene amplia latitud en decidir cómo gastar los recursos que el Congreso designa para aplicar las leyes migratorias y decidir si quiere aplicar esas leyes en contra de ciertos individuos”, dice Fitz.

¿Cuán amplia puede ser esa autoridad y qué opciones tiene?

Hay que enfatizar que cualquier acción ejecutiva es temporal, revocable y no puede incluir a todos los indocumentados. Fitz explica que Obama puede optar por dos vías: reformas en la aplicación de leyes para priorizar quiénes son deportables (discreción procesal, por ejemplo); y el Alivio Afirmativo que consiste en identificar indocumentados de baja prioridad de deportación creando un proceso para que soliciten un alivio de esa deportación. Un tipo de Alivio Afirmativo es la Acción Diferida o DACA concedida a los Soñadores en 2012. Otro es la Salida Forzosa Diferida (DED) cuando el presidente protege de la deportación a nacionales de países específicos y pueden solicitar permisos de trabajo.

¿Qué grupos podrían beneficiarse de un Alivio Afirmativo?

El universo es amplio, señala Fitz: personas que podrían legalizarse con el proyecto S. 744 que el Senado aprobó y la Cámara Baja no consideró; personas con lazos familiares, ya sean indocumentados con hijos ciudadanos o con otros parientes a través de los cuales podrían ajustar su estatus; trabajadores de industrias con altas cifras de indocumentados entre su fuerza laboral; y personas establecidas y con profundos lazos en sus comunidades y en el país. Las cifras de potenciales beneficiados varían, pero podrían ser millones.

¿Por qué el presidente Obama debe girar las órdenes ejecutivas antes de la elección intermedia de este año?

El argumento moral y práctico es claro: la reforma migratoria debió promulgarse ayer. Lanzar dinero a la frontera sin mecanismos para reformar la inmigración legal y para regularizar a los indocumentados ha desatado una crisis que afecta a familias, a la economía y a la seguridad. Los republicanos que acusan a Obama de promover amnistías, ni colaboran ni proponen soluciones que no sean irreales deportaciones masivas. Sin duda, las acciones ejecutivas migratorias solidificarán el apoyo de latinos y de otras minorías al Partido Demócrata y redituarán en las elecciones generales de 2016.

Si los republicanos ganan la mayoría en el Senado en noviembre y la Rama Legislativa queda en manos republicanas, ¿qué puede hacer el Congreso para revocar las órdenes ejecutivas de un presidente en funciones?

Las acciones ejecutivas también son afectadas por el Congreso que puede legislar para no financiar el programa o no renovarlo. “El Congreso puede usar su poder de financiamiento para restringir la autoridad legal del presidente. Pero el Congreso no puede prohibir que el presidente ejerza la discreción procesal en casos individuales. Si el presidente indica que el DHS no removerá individuos con más de diez años viviendo en Estados Unidos que no han cometido delitos, el Congreso no puede bloquear esa decisión”, agregó Fitz.

¿Girará Obama órdenes ejecutivas migratorias para amparar a millones en medio de una atmósfera política tan cargada?

Esa es la pregunta de los 64 mil.