Jueza dictamina contra la policía de NY

Varias uniones que representan a los policías en Nueva York tuvieron un revés cuando el tribunal federal del distrito sur rechazó su petición para intervenir en las demandas contra la práctica de parar y cachear neoyorquinos, que tiene como principales víctimas a negros y latinos.



La decisión ha sido acogida con beneplácito por el alcalde Bill de Blasio, organizaciones de derechos civiles y grupos comunitarios que por años han denunciado y luchado contra la práctica, conocida como “stop and frisk” y que consideran abre el camino para reformas en esa agencia.



La jueza federal Analisa Torres determinó que la petición de cinco sindicatos que representan la mayoría de los más de 35.000 empleados de ese departamento, es inoportuna porque fue presentada en 2013, varios años después de que el Centro para los Derechos Constitucionales demandara al Departamento de Policía, el 31 de enero de 2008, por emplear el perfil racial en sus intervenciones con neoyorquinos.



La jueza señaló que “no es convincente” el argumento de las uniones, que quieren ser parte de las negociaciones en el litigio, de que no fue hasta 2013 que se percataron de que sus intereses no estaban representados y determinó además que fallaron en ofrecer una explicación “razonable”.



Entre sus argumentos los sindicatos alegaron al tribunal que la decisión de esa corte federal en 2013, de que la práctica de “stop and frisk” discriminaba contra las minorías, afectó la reputación de los agentes pero la jueza señaló, entre otras explicaciones, que no presentaron evidencia de dicho daño.



La demanda, Floyd contra la ciudad de Nueva York, fue presentada a nombre de David Floyd, David Ourlicht, Lalit Clarkson y Deon Dennis, que según la organización de derechos civiles, representan a miles de neoyorquinos que han sido parados sin ninguna razón en ruta a su trabajo, frente a sus hogares, o simplemente caminando en alguna calle.



La segunda demanda, Ligon contra la ciudad, fue presentada también en 2008 por residentes de El Bronx, que reclamaron ser víctimas de los cacheos de la policía.



En otro dictamen relacionado con el caso, Torres aceptó el acuerdo de la ciudad para retirar la apelación que hizo la pasada administración al Segundo Circuito de la decisión de la jueza federal Shira Scheindlin, en agosto de 2013.

Scheindlin declaró inconstitucional y discriminatoria la práctica de parar y cachear gente, en su mayoría afroamericanos y latinos.



La magistrada dijo que durante años los policías detuvieron, de forma sistemática a personas inocentes sin razones objetivas que hicieran pensar que estaban cometiendo algún delito.

 En diciembre de ese año, el entonces alcalde Michael Bloomberg apeló la decisión pero, el pasado enero, el nuevo alcalde Bill de Blasio informó de un acuerdo con la parte demandante para retirar la apelación y poner fin al largo litigio.



La decisión de Scheindlin no puso fin a la práctica pero designó a un observador independiente para vigilar por el cumplimiento de la Constitución por parte de la Policía.

En la decisión de Torres, la corte aceptó el acuerdo entre las partes de que el periodo para ese supervisor culminará en tres años, si la ciudad logra “sustancial cumplimiento” con las reformas ordenadas por el tribunal.



El alcalde De Blasio calificó como “un gran paso” la decisión de la jueza, que sustituyó a Scheindlin en este caso, en su intención de poner fin al “stop and frisk” y “reparar” las relaciones entre la policía y la comunidad.



La decisión de la jueza ocurre en un momento en que la policía está nuevamente en el ojo del huracán luego de que hace dos semanas un afroamericano, a quien habían arrestado por presunta venta ilegal de cigarrillos, muriera bajo custodia.



Eric Garner, que padecía de asma, murió luego de que un agente le colocara un brazo alrededor del cuello, una práctica conocida como llave de estrangulamiento y que está prohibida por el Departamento de Policía de Nueva York y de otros estados.

Sin embargo, la Asociación Benevolente de Patrulleros, el principal sindicato de policías, expresó su “desacuerdo” a través de un comunicado y su decisión de apelar.



El Centro para los Derechos Constitucionales señaló que la decisión ha eliminado un obstáculo en el camino hacia las reformas que se han pedido en el Departamento de Policía. “Todavía hay mucho trabajo por hacer”, afirmó el director Baher Azmy.

La Unión de Libertades Civiles también dio la bienvenida a la decisión de Torres.