Indocumentados deben recolectar documentos para la Acción Ejecutiva
Los cinco millones de indocumentados que se beneficiarán de las medidas migratorias del presidente Barack Obama deben empezar a preparar los documentos que necesitarán para presentarlos al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) cuando comience en 2015 a aceptar solicitudes.
Abogados aconsejan a los inmigrantes que comiencen ya a reunir los documentos, como pasaporte o la partida de nacimiento, hasta cartas o recibos de luz para demostrar que vivieron en el país durante más de cinco años.
Las medidas ejecutivas que el presidente anunció el pasado 20 de noviembre se traducen en, por un lado, la ampliación de la Acción Diferida (DACA) y, por otro lado, la ampliación del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).
Para acogerse al DAPA, los solicitantes tiene que ser padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes, haber permanecido en Estados Unidos desde antes de enero de 2010 y no tener antecedentes penales. “Y además hay que probarlo”, incide el letrado Simon Sandoval-Moshenberg.
El pasaporte, una copia de la partida de nacimiento del país de origen o el certificado de matricula consular -documento del Gobierno mexicano para sus ciudadanos en el extranjero- son suficientes para cumplir el primer requisito: probar que uno es quien dice ser.
Para demostrar que son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, los padres deben de aportar la partida de nacimiento del hijo, que debe de haber nacido en o antes del 20 de noviembre de 2014 (fecha del anuncio presidencial). Los abogados recomiendan pedir esta partida de nacimiento cuanto antes para evitar demoras, especialmente si la familia se mudó a diferentes estados del país.
Además, los padres tienen que mostrar que residen en el país desde antes de enero de 2010, condición que plantea problemas, especialmente para las personas que cruzaron ilegalmente la frontera.
Un expediente médico que muestre que se acudió a la consulta en 2009, por ejemplo, o el contrato de un trabajo sirven para acreditar la permanencia en el país, según Sandoval-Moshenberg, quien hace especial hincapié en que los documentos deben de ser originales.
“No vale una carta del médico o del empresario en 2014. Tienen que ser certificados anteriores”, subraya. Cartas, recibos de luz o teléfono o un contrato de alquiler pueden ser documentos validos siempre que en ellos aparezca el nombre, la dirección y la fecha, explicó el letrado.
Las personas que cruzaron legalmente la frontera pero permanecieron en el país más tiempo del permitido por su visa lo tienen un poco más fácil, pues solo necesitan presentar ante las autoridades migratorias el visado.
Trámites similares deben de realizar los jóvenes que quieran beneficiarse de DACA, un plan ideado en 2012 que ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes que llegaron al país siendo niños y que son conocidos como “dreamers” (soñadores).
Antes era necesario haber entrado en el país con anterioridad al 15 de junio de 2007 y ser menor de 30 años, sin embargo, ahora la Administración Obama ha eliminado el techo de edad y ha permitido solicitar la ayuda a los jóvenes que residen en el país desde enero de 2010.
Una de las particularidades de esta ayuda es que los solicitantes deben de estar actualmente en la escuela, haberse graduado ya, o haber obtenido un Certificado de Desarrollo de Educación General (GED) o ser un veterano con licencia honorable de la Guardia Costera o las Fuerzas Armadas.
Los jóvenes deben de acreditar haber estudiado alguna de estas enseñanzas oficiales y además tienen que demostrar que no han sido condenados por un delito grave, un delito menor significativo, o tres o más delitos menores.
Para ello, los letrados aconsejan pedir a las autoridades policiales una disposición certificada de su historial criminal y, en caso de haber cometido algún delito, contar con asistencia jurídica. Haber recibido una multa de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol, si no se provocó ningún accidente, sería considerado un delito menor y se podría seguir pidiendo el alivio migratorio, explicaron los abogados.