Incertidumbre judicial sobre acción ejecutiva

Activistas y defensores de los inmigrantes expresaron su preocupación por la incertidumbre judicial que rodea las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama, pendientes de un tribunal de Nueva Orleans tras la demanda interpuesta por 26 gobernadores, la mayoría republicanos.



La presidenta de la organización “Fraternidad Americana”, Nora Sándigo, reconoció que la batalla legal no será fácil, sino “dura, compleja y cuesta arriba”, a juzgar por lo vivido el viernes pasado en el Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana).



“No es tan fácil como pensábamos al inicio. La comunidad estaba muy agradecida y feliz con la acción de Obama, y ahora quieren quitarnos todo. Es frustrante. Esto ha caído como un jarro de agua fría” sobre los inmigrantes, aseguró Sándigo.



De los tres jueces que componen el tribunal, dos han sido nominados por republicanos y uno por el presidente Obama, cuyo Gobierno pidió al tribunal el viernes que elimine la medida cautelar dictada en febrero por el juez federal de Texas Andrew Hanen.



Este magistrado paralizó la acción ejecutiva de Obama apenas unas horas de la apertura de solicitudes para el alivio migratorio, dejando de nuevo en el aire el futuro de cerca de cinco millones de indocumentados.



Tras asistir el viernes a la sesión judicial en Nueva Orleans, Nora Sándigo lamentó haber detectado en el discurso de varios políticos un “desprecio, desconsideración y falta de humanidad” con los inmigrantes que resulta “carente de toda sensibilidad y compasión” y, apostilló, “solo sirve para destrozar familias y hogares”.



Criticó además la “arrogancia” y “hostilidad” que se palpa en los comentarios de algunos legisladores y una parte de la población cuando se habla de los inmigrantes hispanos.



Ante esta incertidumbre, Sándigo sostuvo que la única acción posible es la que descansa en el empeño de hacer llegar las voces de los inmigrantes a los tres jueces que “muy pronto emitirán su veredicto” sobre las acciones ejecutivas de Obama bloqueadas por la demanda.



En ese contexto, manifestó que la comunidad inmigrante redoblará sus esfuerzos para lograr un alivio migratorio con los dos programas en juego que protegen a los jóvenes de una posible deportación: la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida (DACA).



“Estamos redactando un carta que enviaremos a los jueces en la que defendemos que las acciones ejecutivas de Obama se atienen a la ley”, algo que niegan los 26 estados demandantes, para los que el Gobierno viola la Constitución al usar de forma discrecional las normas migratorias en vigor.



Asimismo, se mostró convencida de que el voto latino castigará a los candidatos, ya sean republicanos o demócratas, que apuesten por políticas de corte antiinmigrante.



Ahora, se abren tres posibilidades: la primera, una resolución dentro de dos o tres semanas del tribunal de apelaciones sobre el caso, o la decisión de los jueces de fijar una fecha para seguir escuchando los argumentos de ambas partes.

También queda la opción, explicó Sándigo, de que el tribunal se inhiba y derive el caso al Tribunal Supremo de EE.UU.



El Gobierno mantiene que tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración y utilizar sus recursos para los procesos de deportación, incluidos los aplazamientos de los casos de ciertos inmigrantes, como los que no suponen una amenaza para la seguridad.