Mantendrán a las familias “sin papeles” en centros de detención

El Gobierno del presidente Barack Obama defendió en un recurso judicial su política de mantener a las familias de indocumentados en los centros de detención, en contra de la orden de una jueza federal de California que ordenó en julio liberar a los niños de estas instalaciones.



En su recurso, el Ejecutivo anticipa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de los centros, comprobará si las familias tienen un miedo creíble por su vida en sus países de origen y, tras certificarlo, no permanecerán detenidas más de 20 días.



Ese periodo de 20 días comenzará a contabilizarse desde el momento en el que las familias, la mayoría procedentes de Centroamérica, presenten un solicitud formal para recibir asilo, detalla el recurso interpuesto el 6 de agosto ante la Corte del Distrito Central de California, encargada del caso.



Con este recurso, el Gobierno pretende revertir la decisión de la magistrada federal de California Dolly M. Gee, quien el 24 de julio ordenó liberar a los menores de los centros de detención de Karnes City y Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a pleno rendimiento, pueden albergar a 2.932 personas.



La magistrada consideró que el Gobierno había violado el acuerdo extrajudicial “Flores” de 1997, por el que los pequeños deben de vivir en las condiciones “menos restrictivas” posibles.



Ahora, en su recurso, el Gobierno asegura que, desde que se interpuso la denuncia, las condiciones en los centros de detención han mejorado y, sobre todo, se ha acortado “dramáticamente” el tiempo de detención de las familias candidatas a recibir asilo, que ahora no superará los 20 días.

Por ello, el Gobierno pide a la Corte que reinterprete el acuerdo “Flores” y le permita exponer en una audiencia los cambios que ha llevado a cabo en los meses de mayo y junio en los centros de detención antes de tomar una decisión final sobre el asunto.



En su recurso, el Ejecutivo argumenta que los 20 días de detención se utilizarán para verificar los antecedentes de los detenidos, hacer pruebas médicas, proveer vacunas, evaluar los casos de asilo y liberar a aquellos que puedan recibirlo, bajo condiciones que aseguren su comparecencia ante los jueces de inmigración.

Además, el Gobierno argumenta que, de ejecutarse el fallo judicial, se “eliminaría la capacidad del Gobierno para deportar o readmitir a las familias bajo ninguna circunstancia, lo que podría provocar otro incremento notable del número de padres que cruzan la frontera con sus hijos”.



Con el objetivo de demostrar esta idea, el Gobierno destaca que el número de detenciones de este año se ha incrementado de forma constante cada mes, desde enero a julio, y que, aunque ha habido un descenso con respecto al año anterior, la cifra sigue siendo “todavía sustancialmente mayor” que en años anteriores.



El Gobierno detalla que, en el tiempo transcurrido dentro del año fiscal de 2015, que comenzó en octubre de 2014, la Patrulla Fronteriza ha apresado a 24.901 miembros de unidades familiares, lo que supone un descenso del 55 % con respecto al año fiscal de 2014.



Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014), el número de niños y progenitores detenidos en la frontera fue de 68.441, lo que supuso un aumentó del 361 % con respecto al año anterior, según el documento judicial.



El recurso del Gobierno llega tras meses de polémica sobre los centros de detención de inmigrantes, con madres en huelga de hambre y cientos de congresistas pidiendo el cierre de esos centros, a los que compararon con “cárceles” por el “grave” daño que infringen a las madres y niños internados.



Obama clausuró los centros en 2009, poco después de su llegada al poder, pero decidió reabrirlos tras el gran número de familias que el verano pasado cruzaron de forma ilegal la frontera, huyendo la mayoría de la violencia de sus países de origen, El Salvador, Guatemala y Honduras.



La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y el Consejo Estadounidense de Inmigración expresaron en un comunicado su “indignación” por el recurso del Gobierno que, según aseguran, ha evitado en todo momento liberar a las familias y las ha dejado un tiempo excesivo en detención, provocándoles serios daños.



Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el centro de detención de Berks (Pensilvania) hay internadas 76 personas (la capacidad es de 96); en las instalaciones de Karnes City, con capacidad para 532 personas, hay 193 internos; y en Dilley permanecen 1.182 personas, aunque hay espacio para 2.400.