Empresas acusadas de estafa por dar consejos legales sin ser abogados

La fiscalía del estado de Nueva Jersey tiene bajo la lupa a cuatro empresas, algunas de ellas hispanas, del condado de Passaic que ofrecieron servicios legales de inmigración sin estar autorizados, y les ha abierto proceso legal.

Las cuatro empresas que han sido querelladas, Martinez Travel Group y Navarro Tax Service de Paterson, SGI Professional de Clifton y Universal Tax & Travel Services de Passaic, son acusadas de trabajar bajo la sombrilla de notario público para ofrecer servicios legales de inmigración para los que no cuentan con autorización.

De la misma manera en el año 2011, de acuerdo a los archivos de la División, cuatro empresas como Beltra´s Agency de Clifton, Corazon Travel Agency de Paterson, Helping Honduras Immigran Community de Union City y Kingdom Vision Service Corporation de West New York, fueron encausadas por la fiscalía del estado por los mismos delitos.

“Yo les recomiendo a todos los migrantes que antes de hacer cualquier tipo de tramite de inmigración consulten a un abogado de a verdad, que se vea su diploma que diga que es abogado de universidad y aún sí es un abogado, estudien las leyes por Internet, porque también los pueden estafar” dijo José Cruzado, quien alega haber sufrido en carne propia un fraude migratorio.

Según Cruzado, hoy residente de Passaic, él vivía en el Condado de Ocean y una oficina de trámites le dijo que podía aplicar para una visa de refugiado político y el pagó dos mil dólares, pero el día que fue a la cita en las oficinas de inmigración un abogado que hablaba español lo salvó de la deportación porque le dijo que se vaya inmediatamente que él no tenía ningún caso.

“A mi me había llegado el permiso de trabajo por eso fui confiado a la cita, cuando regresé a la oficina me amenazaron con llamar a inmigración y desde allí por mi mala cabeza estoy con orden de deportación”, dijo Cruzado.

La División de Asuntos del Consumidor del estado de Nueva Jersey hizo saber que las empresas arriba citas no estaban autorizadas a actuar como oficinas de inmigración y cobraban entre 600 y 1,000 dólares a los “sin papeles” por hacerles trámites de visas de trabajo o documentación para permitirles obtener la “Green Card”.

Steve Lee director de Asuntos de Consumidor, dijo que de acuerdo a ley solamente pueden proveer servicios de inmigración empresas registradas como tales en los servicios de inmigración de los Estados Unidos o abogados autorizados para trabajar en La Unión Americana.

Por su parte el fiscal del estado de Nueva Jersey John J. Hoffman, fue drástico al señalar que “estos negocios le dijeron a sus clientes que ellos les podrían prestar asistencia en casos de inmigración pero ellos no estaban autorizados por la ley”, dijo en comunicado de prensa.

Las empresas pueden ser acreedoras de multas de hasta 10,000 dólares, el delito se cataloga como una ofensa criminal en cuarto grado.

Aquellas personas que creen que haber sido víctimas de fraude migratorio pueden llamar a la División de Asuntos del Consumidor a los teléfonos 1-800-242-5846 o al 973-504-6200 y denunciar su caso.