Medio millón de casos pendientes en cortes de inmigración

La acumulación de casos en las cortes de inmigración no se detiene y sin soluciones concretas a la vista, los casos de cientos de miles de inmigrantes van a sufrir retrasos, advirtió la Asociación Nacional de Jueces Migratorios.



Las cifras demuestran que el problema crece de forma vertiginosa, sin nada que lo detenga.

Hace una década había alrededor de 175.000 casos atascados en las cortes de los 230 jueces de inmigración, para agosto del 2014 el número había subido a 375.000 y hoy los afectados superan los 480.000, sin contar a las familias de los inmigrantes que se podrían favorecer de los fallos judiciales.



“Estás demoras crean estragos, como en casos legítimos de asilo, los solicitantes pueden esperar durante años, mientras están separados de los cónyuges y niños que pueden estar en gran peligro”. dijo Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios (NAIJ, por sus siglas en inglés).



Uno de los rostros de este problema es el del guatemalteco Obdulio Alvarado, de 52 años, quien llegó a Estados Unidos en 1985 y esperaba obtener su residencia permanente amparado bajo la ley NACARA.



La cita final estaba programada para el pasado 14 de marzo en la Corte de Inmigración de Los Ángeles, pero fue aplazada hasta enero del 2017 y los sueños de legalizarse este año se desvanecieron para este inmigrante.

“Es muy frustrante, llevo diez años esperando una decisión del juez, en este tiempo perdí a mi mamá y otros miembros de la familia, y no pude ir a su funeral” asegura Alvarado.



Los años de retraso convierten a los casos en obsoletos y débiles.

Marks explica que los jueces tienen que lidiar con evidencias que han perdido vigencia, testigos que desaparecen, contactos que se pierden y expertos que se cansan de esperar para dar su testimonio.



La frustración no solo es para los inmigrantes, los abogados que los representan están contra la espada y la pared. “Es un caos en la corte de inmigración, casos como el de Alvarado pasan a ser ignorados y considerados menos importantes, y nosotros no podemos hacer nada para ayudarles, sólo decirles que hay que esperar” asegura el abogado de inmigración Fernando Romo.



Actualmente hay 255 jueces de inmigración en todo el país, 19 de ellos están dedicados a labores administrativas, lo que deja a 236 jueces con casi medio millón de casos para atender, algunos tienen más de tres mil expedientes y la agenda del tribunal estaría copada hasta el 2022.

La bomba de tiempo podría estallar cuando los 130 jueces que están en edad de jubilación se vayan.

Mark asegura que con este retiro masivo los más afectados serán los inmigrantes que perderán la experiencia y conocimiento de años de trabajo de estos jueces.



La solución es tan compleja como el problema mismo. Según Marks, para lograr la aplicación de justicia se necesita que las cortes de inmigración sean independientes, alejadas de las presiones políticas.



Los tribunales pertenecen al Departamento de Justicia, entidad que también alberga a los fiscales del Servicio de Inmigración.

“Un ejemplo de estas preocupaciones políticas que afectan indebidamente nuestras estrategias es la decisión de pasar al frente de la agenda los casos de menores no acompañados” apuntó Mark.



A la independencia se suma la necesidad de recursos económicos, el nombramiento de mayor número de jueces y de personal de oficina que pueda tramitar los casos en un orden justo y eficiente. n



Aunque NAIJ ha luchado por cambiar las estructuras, sus propuestas aún no han tenido eco en el Ejecutivo, ni en el Congreso.

“El público se sorprende al enterarse de la limitada autoridad que un juez de inmigración realmente tiene” sostuvo Mark.

Mientras el problema no parece tener una solución a la vista, inmigrantes como Alvarado ven sus sueños y estabilidad posponerse por meses y años. “Desafortunadamente, nuestros tribunales están demostrando como cierto el dicho que dice que la justicia retrasada es justicia denegada”, concluyó Mark.