Corte Suprema evalúa derechos de los inmigrantes detenidos

Beatriz Pascual / EFEUSA

El Tribunal Supremo evaluó dividido entre sus miembros progresistas y conservadores si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente o si debe fijarse un límite a la reclusión, un caso que podría impactar en el futuro Gobierno de Donald Trump.

Si los ocho jueces en activo del alto tribunal fallan en contra de los inmigrantes, Trump podría ver ampliado su poder en política migratoria y tendría una mayor discrecionalidad para mantener en centros de detención a los extranjeros sin límite de tiempo.

La cita judicial se centró en si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerles en libertad de manera provisional mientras las autoridades deciden si deben ser deportados o pueden acogerse a algún tipo de asilo.

En instancias judiciales inferiores, la organización que representa a los inmigrantes, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), ha defendido con éxito que los extranjeros deben tener derecho a una vista judicial si han permanecido privados de libertad durante seis meses.

Precisamente, los magistrados debatieron sobre cuál es el límite de tiempo que los inmigrantes deben cumplir en centros de detención antes de tener derecho a una audiencia.

También se centraron en evaluar cuáles son los factores concretos que impedirían esa liberación y que la ley define como “riesgo de fuga” o “peligro para la comunidad”, unos términos que los jueces progresistas Stephen Breyer y Sonia Sotomayor consideraron demasiado ambiguos.

“Detener a la gente sin razón no es apropiado”, opinó Sotomayor, la primera jueza hispana en el alto tribunal que consideró inconstitucional y contrario al principio de debido proceso mantener a los inmigrantes retenidos en centros de detención sin límite de tiempo.

El rostro del caso es Alejando Rodríguez, un hombre hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y, finalmente, consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en Estados Unidos.

“Tres años es demasiado tiempo, no importan las circunstancias”, destacó la jueza progresista Elena Kagan, quien propuso fijar un límite de tiempo para las detenciones y luego definir excepciones.

De esta forma, Kagan, Sotomayor, Breyer y la jueza Ruth Bader Ginsburg, los cuatro magistrados progresistas del alto tribunal, se inclinaron a favor de las peticiones de los inmigrantes.

Por el contrario, a favor del Gobierno se situaron el presidente de la corte, John Roberts, el juez Samuel Alito, y Anthony Kennedy, considerado el voto clave en muchos casos, mientras que el magistrado Clarence Thomas guardó silencio, aunque en el pasado se ha mostrado a favor de una dura política migratoria.

En la audiencia, Alito defendió las actuales políticas de detención para proteger la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y evitar que en las calles del país haya personas peligrosas con intención de perpetrar atentados terroristas.

En ese sentido, el abogado interino del Gobierno, Ian Heath Gershengorn, argumentó que si el Tribunal Supremo falla a favor de los inmigrantes se pondrá en peligro la seguridad fronteriza.

El letrado sostuvo que el Ejecutivo tiene “poder pleno” para definir las leyes migratorias y defendió la existencia de centros de detención, que el presidente, Barack Obama, cerró en 2009 pero reabrió en 2014 con la llega de miles de inmigrantes indocumentados procedentes en su mayoría de Centroamérica.

En representación de los inmigrantes, el abogado Ahilan Arulanantham argumentó que deben celebrarse audiencias individuales para examinar la situación de los extranjeros retenidos, aunque dejó claro que ACLU, la organización que representa a los inmigrantes, no busca la liberación en masa de los detenidos.

“Hay gente que ha estado detenida durante años. Alguien tiene que revisar esa detención y evaluar si sigue siendo legítima y cumple sus objetivos”, subrayó Arulanantham.

El caso ha atraído mayor atención desde la victoria electoral el 8 de noviembre de Trump, quien durante la campaña presidencial prometió expulsar a los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en el país, incluidos los mexicanos, a los que llamó “criminales y violadores”.

Según datos del Gobierno, 41.000 individuos se encuentran retenidos en los centros de detención por haber cruzado la frontera de manera ilegal o por haber cometido delitos mientras residían legalmente en Estados Unidos.

En caso de que los jueces fallen a favor de los inmigrantes, cientos de ellos podrían ser liberados y se marcaría la pauta a seguir en casos similares para el resto de las cortes del país.

La situación contraria sería una victoria del Gobierno de Obama, que paradójicamente conferiría a Trump mayor poder para decidir sobre la suerte de miles de personas privadas de libertad y le permitiría cumplir su promesa de deportación masiva.