Puerto Rico somete ante un tribunal petición de quiebra

La Junta de Control Fiscal (JCF) para Puerto Rico acudió a un tribunal federal en San Juan y solicitó el establecimiento del título III de la ley federal Promesa que establece, mediante la declaración de una quiebra, un proceso para la reestructuración de la deuda de 70.000 millones de dólares.

La normativa establece que se recurra al título III solo cuando la negociación entre el Gobierno puertorriqueño y los acreedores, se haya agotado sin éxito.

El título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras las reclamaciones y objeciones deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.

En un comunicado el presidente de la JSF, José Carrión, explicó que la Junta determinó que la medida era “necesaria” y “apropiada” para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, después de que la moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejara de tener efecto. Ello abrió la puerta al proceso de quiebra, iniciado, tutelado por la Justicia.

Carrión enfatizó que este amparo al Título III no debe impedir los “esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores”.

La deuda de la isla asciende a 70.000 millones de dólares.

Una deuda a la que el Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, intentó dar solución con la aprobación en junio de 2016 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

“La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones”, dijo Carrión.

En el comunicado, Carrión a su vez, recordó que el Plan Fiscal recientemente impuesto por la JSF y aplicado por el Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda.

“Pero los problemas de liquidez y solvencia del gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre”, remarcó.

En su solicitud de quiebra, la JSF detalla todos los acreedores y remarca que debe alrededor de 12.000 millones de dólares en bonos de la isla.

Bajo Promesa, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la Junta de Supervisión, recuerda la nota, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediación en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores.

Pero la expiración de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA hace al gobierno y sus entidades “vulnerables a litigios por parte de sus acreedores”.

La radicación voluntaria bajo el Título III impediría dichos litigios mientras permitiría que continuaran negociaciones consensuales.

En su resolución aprobando y certificando la radicación bajo Título III, la Junta de Supervisión especifica cómo la misma cumple con los requerimientos de Promesa para dicha radicación, incluyendo la determinación de la Junta de Supervisión de que el Gobierno de Puerto Rico “hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una restructuración consensuada con sus acreedores”.

Además reconoce que el ejecutivo adoptó los “procedimientos necesarios” para presentar puntualmente estados financieros auditados e hizo públicos borradores de estados financieros y otra información suficiente “para que cualquier persona interesada pudiera hacer una decisión informada con respecto a una posible restructuración, entre otros”.

“La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en Promesa, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.