NACARA, vía de escape para miles de centroamericanos

La amnistía migratoria Ley de Ajuste para Nicaragüenses y Alivio para Centroamérica (Nacara) se ha convertido 20 años después de su aprobación en una vía para regularizar la situación migratoria de miles de indocumentados de la región ahora que peligra su estatus de Protección Temporal (TPS).

Nacara es una ley para refugiados aprobada en 1997 que provee beneficios migratorios y protege de la deportación a algunas personas originarias de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, así como a inmigrantes de ciertos países de la desintegrada Unión Soviética.

De acuerdo a datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), entre el 21 de junio de 1999 y el 31 de agosto de 2017 se enviaron un total de 211.041 solicitudes para beneficiarse de esta ley de amnistía, de las cuales se aprobaron 184.169 peticiones.

Hay, por tanto, más de 26.000 casos inconclusos por diversas razones, como cambio de domicilio, no haber puesto sus huellas digitales e incluso por fraudes notariales, entre otros, y que de acuerdo a especialistas pueden aun ser regularizados y beneficiarse con una tarjeta de residencia (“green card”).

“Toda persona que inició un proceso de regularización migratoria en el pasado, como una petición de asilo político, pero siguen indocumentados, les recomendamos que busquen un abogado para que revise su expediente”, dijo a Frances Arroyo, abogada de inmigración.

La abogada añadió que en muchos casos al revisar el historial de inmigración “literalmente se puede detener una deportación, pero no hay que esperar a ser detenido” para revisar el expediente.

Uno de esos casos es el de Mario Tuchez, de 57 años, quien emigró en 1986 desde su natal Petén, en Guatemala, ante el temor de que el “Gobierno o la guerrilla” lo asesinaran “sin razón alguna, así como mataron a muchos”, según dijo. “Fui detenido el pasado 12 de septiembre frente a mi casa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por no haber comparecido ante el juez por una orden de deportación hace años”, contó Tuchez, padre de cuatro jóvenes universitarios estadounidenses. “Un día antes de mi deportación a Guatemala, al reabrir mi caso de Nacara, los abogados detuvieron la deportación”, declaró el inmigrante, quien fue liberado el pasado 11 de octubre.

Tuchez es supervisor de construcción de estacionamientos subterráneos en la empresa Doja Inc., y cuenta que el propietario pagó la fianza de 5.000 dólares para reanudar su petición de residencia permanente a través de esta amnistía.

Tuchez relató que su primera solicitud de asilo la envió en 1991 a través del programa de las Iglesias Bautistas Americanas (ABC, en inglés), “que era como un Estatus de Protección Temporal (TPS)” y que después fue “respaldado por Nacara” de cara a la obtención de la residencia permanente.

“Pero me divorcié, cambié de dirección, y a mí nunca me llegó la carta de migración, por eso no fui donde el juez y me pusieron orden de deportación en ausencia”, declaró.

Hoy, con la reanudación del trámite a través de esa ley de 1997, ha obtenido para julio del próximo año una nueva fecha para comparecer ante el juez de Inmigración.

“Aconsejo a nuestra gente que sus casos no los den por perdidos y busquen buenos abogados”, sugirió el inmigrante.

Sarah Pierce, analista del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), dijo que “es una posibilidad real que los no ciudadanos en procedimientos de deportación, o incluso otros no ciudadanos en Estados Unidos, puedan calificar para Nacara sin saberlo”.

La Sección 203 de NACARA aplica a ciertos individuos de Guatemala, El Salvador y el antiguo bloque de países soviéticos, que entraron a los Estados Unidos y solicitaron asilo en ciertas fechas específicas o se registraron para beneficios bajo los acuerdos legales del litigio de acción de clase American Baptist Churches v. Thornburgh.

Posterior a octubre de 2000, NACARA también benefició a miembros familiares cualificados y a ciertos individuos víctimas de maltrato o extrema crueldad causados por un residente permanente, ciudadano estadounidense, o por ciertos beneficiarios de NACARA 203.

Alrededor de 350.000 beneficiarios de TPS, centroamericanos en mayoría, se hallan con incertidumbre por la reciente anulación del amparo migratorio para los nicaragüenses y haitianos, y por la extensión sólo por 6 meses para hondureños.