Algunos “Tepesianos” pueden obtener papeles en la costa oeste
Tras la cancelación del TPS para haitianos y nicaragüenses, grupos defensores de los inmigrantes prevén un éxodo de “tepesianos” hacia la costa oeste del país, donde tienen mayores posibilidades de legalizarse por una decisión judicial.
“Beneficiados (del TPS) que están fuera de California están llamando cada vez más por información sobre la decisión de la corte y cuanto tiempo tienen para moverse”, indicó Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños en Los Angeles (ASOSAL)
El “éxodo” que prevén grupos a favor de los inmigrantes tiene su fundamento en el hecho de que ciertos inmigrantes amparados con el Estatus Protección Temporal (TPS) pueden favorecerse de una decisión del Noveno Circuito de Apelaciones, que los clasifica como personas legalmente admitidas en el país.
El fallo de esta corte aplica en concreto a los beneficiarios con TPS que residan en California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington, Arizona, Alaska, Hawai y Guam.
Para quienes cumplan con ciertos requisitos y residan en alguno de esos estados o islas se les abre el camino a la residencia permanente sin tener que salir del país, de acuerdo a abogados.
Entre los requerimientos, uno de los primeros pasos es contar con una petición familiar de un ciudadano estadounidense, “puede ser un cónyuge, un padre o un hijo mayor de edad”, según especifica el abogado en inmigración Fernando Romo.
“Sabemos que hay centenares que clasifican para hacer el ajuste”, añadió.
Uno de ellos es Wilson Pleites, un salvadoreño amparado con el TPS desde 2001 y con un hijo de 23 años nacido en suelo estadounidense que puede presentar la petición, aunque antes debe resolver el hecho de que reside en el estado de Colorado.
“Tengo toda una vida hecha aquí, y no me había preocupado pero con esto que está pasando es mejor buscar una solución y rápido, así que nos vamos a California”, confesó Pleites.
Tejada asegura que tras la cancelación del TPS de Haití y Nicaragua por parte de la Administración Trump, el temor se ha esparcido entre los salvadoreños y hondureños ante la posibilidad de que el Gobierno anule el amparo para estas otras dos naciones, y ello ha empezado a propiciar ya que unos cuantos se trasladen a California.
Algunos de estados tan lejanos como Florida, como es el caso de Alex Banegas, de 46 años, que optó por dejar su negocio de dos años en Orlando para moverse con su familia a Los Ángeles
“El mismo Gobierno ha recomendado en un memorándum que los amparados por el TPS busquen formas legales de permanecer en el país”, indicó Alex Galvez, el abogado de Banegas.
El inmigrante es consciente de la necesidad de obtener la residencia permanente y no dejar a sus cuatro hijos estadounidenses.
“Donde me tenga que mover lo voy a hacer, así sea a la luna, estoy haciendo esto por mi familia”, manifestó.
En 2013, el Sexto Circuito de Apelaciones había tomado una decisión similar, y los residentes de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, con TPS elegibles, fueron habilitados para hacer las peticiones familiares, una oportunidad de la que no se hizo tanto hincapié, según reconoce Tejada.
“Estábamos pensando en una reforma migratoria iba a ser aprobada y que todo el grupo de TPS se iban a hacer residentes, sin distinción alguna pero ahora todo ha cambiado”, señaló.
La carrera contra reloj la tienen ahora los nicaragüenses y los haitianos, a quienes se les ha rechazado la renovación, y aquellos “tepesianos” que sean elegibles y tengan una orden de deportación.
Romo explica que el problema radica en los pocos meses que se les otorgó para seguir con el beneficio y el tiempo que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tome para realizar el ajuste, y es que en Los Ángeles la petición puede tardar hasta un año.
“La persona que está pidiendo el ajuste debe tener valido el TPS en el momento de la entrevista para la residencia permanente, si se venció un día antes ya no tendrá oportunidad”, aclaró Romo.
Casi 5.000 nicaragüenses perderán el amparo el 5 de enero de 2019 y los cerca de 60.000 haitianos tienen hasta mediados de ese año para poder protegerse, o salir del país.
Para aquellos que tienen una orden de deportación la esperanza es muy poca, porque deben pedir la reapertura del caso y tratar de borrar la orden de deportación, acción que puede durar años.
Quienes tienen más oportunidad de beneficiarse de la decisión judicial serán los hondureños elegibles y salvadoreños que aún esperan una decisión del Gobierno sobre el destino del TPS, que ampara a casi 300.000 centroamericanos, aseguran activistas.
“Estamos tratando de llevar el mensaje a todos los protegidos alrededor del país para que no pierdan esta oportunidad, es mejor dejar un estado, que verse obligado a dejar el país”, aseveró Tejada.