Trump revoca el TPS a más de 250.000 salvadoreños

Cristina García Casado/EFE

El Gobierno de Donald Trump dejará sin protección migratoria a más de 250.000 salvadoreños a partir de septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado el país si no han obtenido otra vía de regularización pese a que la mayoría reside en la nación desde hace al menos 20 años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció su decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2001 a los salvadoreños que estaban en Estados Unidos tras los devastadores terremotos de enero y febrero de ese año.

El Gobierno justifica la decisión en que «ya no existen las condiciones originales causadas» por los sismos, la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales.

«La incapacidad temporal de El Salvador para la vuelta adecuada de sus nacionales tras el terremoto ha sido abordada», sentenció el DHS en un comunicado.

Estados Unidos, según explicó un alto funcionario, considera que El Salvador ha completado «muchos de los proyectos de reconstrucción y saneamiento» con la «significativa ayuda internacional» recibida tras los terremotos, por lo que está en condiciones de acoger «adecuadamente» a sus nacionales emigrados.

Prueba de ello, argumentó, es que en los últimos años el Gobierno estadounidense «ha repatriado salvadoreños a su país», más de 39.000 en los últimos dos años.

Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia y pobreza en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el funcionario subrayó que sólo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.

El portavoz insistió en que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados «preparar su partida» a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal.

«Solo el Congreso puede legislar una solución permanente a la falta de un estatus migratorio legal duradero para los que están actualmente protegidos por el TPS que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante muchos años», indicó el DHS en su nota.

«El periodo de 18 meses permitirá al Congreso tener tiempo para elaborar una potencial solución legislativa», agregó.

La organización proinmigrante UnidosUS (antes La Raza) urgió en un comunicado al Congreso a dar «una solución a este error».

Destacados congresistas como el republicano Mario Díaz-Balart y el demócrata Luis Gutiérrez, así como los senadores demócratas Bob Menéndez y Tim Kaine condenaron rotundamente la decisión del Gobierno y pidieron una respuesta del Capitolio.

«Es imperativo que el Congreso entienda su papel fundamental para defender nuestra posición moral como nación y encontrar una solución permanente para otra comunidad más que ahora se queda indocumentada», defendió Menéndez en una nota.

En este momento, republicanos y demócratas están enfrascados en negociaciones amplias de política migratoria marcadas por la insistencia de Trump en construir un muro fronterizo con México y la búsqueda de una solución para los jóvenes indocumentados del suspendido programa DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia).

El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como Trump hizo con el programa para los hondureños.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar el programa para los salvadoreños -la comunidad más numerosa protegida por el TPS-, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.

Los 2,8 millones de salvadoreños que viven en el país enviaron a El Salvador en 2016 un total de 4.576 millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la historia del país centroamericano y que representa el 17,1 % de su producto interno bruto.

Aunque el TPS fue otorgado por los terremotos de 2001, dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.

El TPS se creó en la presidencia de George H.W. Bush (1989-1993), cuando el Congreso estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

Ese permiso no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria.