Permiten demandar a firmas extranjeras por expropiaciones en Cuba

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la activación por primera vez en la historia de una medida que permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución cubana.

“La Administración de Trump no suspenderá más el título III (de la ley Helms-Burton), una decisión que entrará en vigor el 2 de mayo”, dijo Pompeo en una rueda de prensa.

Esta es la primera vez que un Gobierno de EE.UU. activa los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, que han sido suspendidos por todos los presidentes desde la aprobación de la norma, en 1996.

Este cambio de política abrirá la puerta a demandas en el país contra empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras en la isla.

En concreto, la aplicación del Título III permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes nacionales a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución cubana.

Entretanto, la aplicación del Título IV restringirá la entrada al país de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan comerciado con dichas propiedades.

Pompeo argumentó que el “comportamiento de Cuba en Latinoamérica socava la seguridad y estabilidad de los países en la región” y puso de ejemplo el apoyo que supuestamente la inteligencia cubana está prestando al gobernante venezolano, Nicolás Maduro, sujeto a una campaña de presión por parte de Washington.

“Tristemente, la mayor exportación de Cuba estos días no son puros, ni ron, es la opresión”, subrayó Pompeo.

Esa decisión promete inflamar las tensiones con la UE, cuya alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) si Washington implementaba esa medida.

La UE ya demandó al país ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó la ley Helms-Burton, pero suspendió ese procedimiento una vez que la Casa Blanca accedió a congelar esos capítulos del texto.

Al respecto, la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Kimberly Breier, avisó que ninguna compañía, ya sea estadounidense o europea, estará exenta de la nueva política hacia Cuba y, por tanto, podrán ser demandas ante cortes estadounidenses si están usando propiedades nacionalizadas.

“No habrá excepciones”, afirmó tajante Breier.

En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la activación del título III permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 200.000 demandas ante cortes estadounidenses. n

Bienes en Cuba que podrían reclamarse en tribunales 

La entrada en vigor del Título III de la ley Helms-Burton permitirá reclamar en los tribunales estadounidenses propiedades nacionalizadas por el régimen cubano y demandar por daños a compañías extranjeras que han invertido en bienes comerciales expropiados en la isla.

Estas son algunas de las simbólicas propiedades y empresas que fueron expropiadas y que estadounidenses y cubanos nacionalizados podrían reclamar ante las cortes de EE.UU., según el exiliado y activista cubano Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano y directivo de la Asamblea de la Resistencia.

– El Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, así como la aerolínea Cubana de Aviación, eran propiedad del cubano José López Vilaboy, fueron nacionalizados tras el triunfo de la Revolución en 1959.

– El muelle de cruceros en el Puerto de La Habana, donde atracan actualmente los cruceros turísticos, era propiedad de la familia Behn. Uno de sus herederos, Mickael Behn, de nacionalidad estadounidense, presentó ante una corte de EE.UU. una reclamación certificada por expropiación forzosa en 1960.

– El Puerto De Santiago de Cuba, el segundo más importante de la isla, pertenecía a las familias García Bengoechea y Badún y fue confiscado por el Gobierno cubano tras el triunfo de la revolución.

Uno de los herederos de la primera familia, Javier García-Bengoechea, demandó en 2017 a una empresa china por un proyecto de construcción en el citado puerto.

– La paradisíaca playa de El Salado, situada al oeste de La Habana, era propiedad de la familia Castillo-Pokorny y en la actualidad alberga proyectos para edificar condominios y campos de golf en asociación con la cadena española Globalia.

– Las playas de Gibara y Yaraguanal, situadas en la provincia de Holguín, fueron antes de su nacionalización propiedad de la familia Sánchez-Hill. Hoy cuentan con oferta hotelera del grupo militar Gaviota, que controla buena parte del estratégico sector del turismo en Cuba; de Blau Costa Verde Beach Resort, de capital español, y Fiesta Americana Holguín Costa Verde.

– La Destilería Santa Cruz del Norte fue expropiada a la familia Carrillo-Albornoz y la cervecera Tropical a la familia Blanco Herrera, fábricas donde hoy el Gobierno cubano elabora, entre otras bebidas alcohólicas, el ron cubano Havana Club.

– La zona especial de desarrollo del Mariel, el proyecto estrella de Cuba para atraer inversión extranjeras, se realiza en terrenos nacionalizados donde las familias Carranza-Bernal, Carbonell-González y Blanco-Rosell poseían ingenios azucarero y de cáñamo.

– El hotel de cinco estrellas plus Manzana Kempinski, gestionado por la cadena suiza Kempinski y ubicado en un lugar privilegiado de La Habana Vieja, era propiedad de la familia Soto-Castellanos.