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Demandan al gobierno por discriminación en ayudas por la pandemia

Una demanda presentada ante un tribunal federal a nombre de siete hijos de inmigrantes acusa al Gobierno del presidente Donald Trump de “discriminación intencional” al excluir de la ayuda por la pandemia a niños y niñas estadounidenses que son hijos de inmigrantes indocumentados.

“Estamos hablando de millones de niños cuyos padres y madres pagan impuestos”, señaló Mary MCord, del Instituto para Abogacía y Protección Constitucional, en el Centro Legal de la Universidad George Washington, en Washington, DC. 

“Pagan miles de millones de dólares en impuestos locales y federales, pero hay millones de niños estadounidenses a quienes se les trata como ciudadanos de segunda clase”, añadió MCord. “Esto no tiene sentido, le corta una ayuda vital que necesitan millones de personas, y castiga a los niños”.

“Muchos indocumentados tienen trabajos con compensaciones muy bajas, tienen ahora dificultades para pagar por la comida, el alquiler, y están preocupados por el peligro de contagiarse con COVID-19”, señaló.

La querella, iniciada ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland y dirigida contra el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el Gobierno de Estados Unidos, sostiene que a esos menores estadounidenses se les ha negado la asistencia “sobre la base, solamente, de que uno de sus progenitores, o ambos, son inmigrantes indocumentados”.

El Congreso aprobó y el presidente Trump promulgó en marzo la ley de Ayuda por Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (CARES), que incluyó una asistencia financiera para millones de personas, distribuida por medio del régimen impositivo.

Esa legislación otorgó a las personas elegibles hasta 1.200 dólares por adulto y hasta 500 dólares por cada hijo menor de 17 años, ordenando al Departamento del Tesoro la distribución “tan rápido como sea posible” de esos pagos.

Según los demandantes hasta el 28 de abril el Gobierno había distribuido pagos entre 89,5 millones de personas por un total de casi 160.000 millones de dólares.

Para esta distribución, el Gobierno emplea el número del Seguro Social de los beneficiarios, que está incluido como identificación en la declaración anual de impuestos. Los inmigrantes indocumentados, que carecen de número del Seguro Social pero igual pagan impuestos, reciben un “número de identificación individual de contribuyente”, o ITIN.

La ley CARES excluyó de la ayuda de emergencia a los inmigrantes indocumentados y en la distribución de la asistencia el Gobierno no ha enviado cheques a los hogares donde uno o los dos adultos son indocumentados.

Aun en aquellos casos donde uno de los cónyuges es estadounidense y tiene número del Seguro Social, pero ha hecho la declaración impositiva de forma conjunta con su pareja identificada con número ITIN, la ayuda no se distribuyó.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo el viernes pasado que hay en el país 1,2 millones de ciudadanos casados con un o una inmigrante sin documentos de residencia legal, y muchos de estos inmigrantes tienen hijos que han nacido en el país y, por tanto, son ciudadanos.

“Por esta falta de empatía hay niños que se quedan sin comida. Es una forma de discriminación”, indicó el senador.

En su demanda, los querellantes sostuvieron que “la negativa a distribuir estos beneficios a los niños que son ciudadanos estadounidenses socava la meta de CARES de proveer ayuda a los estadounidenses que la necesitan, (y) frustra los esfuerzos de la legislación para reactivar la economía”.

La demanda de 28 páginas está formulada en nombre de siete niños, que son ciudadanos estadounidenses, y sus padres y madres a quienes se les negó “el impacto económico de los pagos cuando más lo necesitan”.La querella reclama que el tribunal “declare inconstitucional la negativa de CARE a distribuir los pagos de impacto económico a los niños ciudadanos demandantes y todos los niños que son ciudadanos estadounidenses y están en una situación similar debido al estatus de inmigrantes indocumentados de sus padres”.