El país está al borde de una crisis de vivienda de magnitudes sin precedentes

Kleibéel Marcano / Reporte Hispano

Antes del inicio de la pandemia del COVID-19 el país ya enfrentaba una crisis seria de acceso a viviendas asequibles. 20.5 millones de familias tenían dificultades para pagar la renta de sus viviendas, y sólo una familia de cada 4 familias que califican para asistencia financiera para el pago del alquiler, recibía el subsidio.

En el 2016, cuando la tasa de desempleo era de 4.7%, 3.7 millones de familias enfrentaron una orden de desalojo. Es decir, cada minuto del año 2016 se introdujeron siete demanda de desalojo en el país.

Con la llegada del COVID-19, esta dramática situación amenaza con convertirse en una tragedia nacional. “En el momento en que permanecer en la casa es fundamental para controlar la pandemia y estabilizar al país, estamos al borde de una crisis de vivienda de magnitudes sin precedentes y sin una red de servicios de apoyo”, afirmó Emily A. Benfer, profesora universitaria y co-creadora de la Tarjeta de Puntaje de Política de Vivienda durante el COVID19 junto con el “Eviction Lab” de la Universidad de Princeton.

Durante una teleconferencia realizada por Ethnic Media Services (EMS), Benfer afirmó que el país va en camino a superar en sólo cuatro meses las cifras de desalojos que generó la crisis de vivienda del 2008 y sus años subsiguientes, en los cuales 10 millones de familias fueron desalojadas de sus hogares.

Benfer señaló que según un estudio de la oficina del Censo, 16,9 millones de familias no pueden pagar actualmente la renta. Por su parte, The Aspen Institute indica que entre 20 a 24 millones de personas pudieran ser desalojadas de sus viviendas por no pagar la renta para finales de septiembre.

Actualmente 50 millones de personas que residen en viviendas alquiladas han perdido su trabajo o experimentado una reducción de sus ingresos a causa del COVID-19. De estos, un 40% son personas de familias de ingresos bajos.

La solicitudes de ayuda en el pago de los alquileres han aumentado un 92% en comparación con el 2019, y la ayuda con alimentos en los bancos de comida se ha disparado en más de 2000% en algunos estados.  Asimismo, el uso de tarjetas de crédito para pagar los alquileres aumentó a 31% en abril y 20% en mayo. El 31.6% de las familias que residen en viviendas alquiladas afirman no confiar en poder pagar la renta el siguiente mes.

Catástrofe humanitaria

Todas estas estadísticas, aunadas al nivel de desempleo que se mantiene sobre el 12%, vaticinan una crisis socioeconómica sin precedentes cuando los estados levanten la moratoria para los procesos de desalojo de las viviendas por falta de pago. En la mayoría de los estados la moratoria termina a finales del mes de julio, al igual que el pago extra de $600 semanales por seguro de desempleo establecido por el gobierno federal al principio de la pandemia.

“Si permitimos que una gran proporción de personas sean desalojadas en agosto y septiembre, podríamos enfrentar una revolución muy fea, esto no es algo hiperbólico”, afirmó por su parte el delegado de la legislatura de Maryland, Kumar Barve, durante la teleconferencia de EMS.

Barve, quien solicitó en una carta al gobernador de su estado extender la moratoria para los desalojos hasta enero del 2021, dijo que esto no es un problema comercial y de negocio, sino un tema de bienestar social.

“Desalojar de su vivienda al 10% de la población del país sería una catástrofe humanitaria que nos tomaría mucho tiempo en resolver”, opinó Barve.

En esta crisis de vivienda las comunidades minoritarias son las más afectadas, ya que han sido las más impactadas por la pandemia del COVID-19.   

El 61% de los latinos y el 44% de los afroamericanos han experimentado una perdida del trabajo o disminución de los ingresos a causa del COVID-19, en comparación con el 44% de los blancos, y el  73% de los latinos y 70% de los negros carecen de ahorros o un fondo de emergencia para cubrir sus gastos durante tres meses, según The Pew Research Center, el Eviction Lab de la Universidad de Princeton y otras instituciones.

Inevitable aumento de “homeless”

Antes de la crisis las comunidades minoritarios conformaban entre 4 a 8 veces más la población sin vivienda (homeless).

Margot  Kushel, profesora de medicina y directora del UCSF Center for Vulnerable Populations, afirmó durante la teleconferencia de EMS que la crisis de las personas sin hogar siempre se presenta como un problema de salud y salud mental. Pero en realidad, explica, es una crisis de falta de viviendas asequibles, racismo estructural e inequidad en los ingresos.

Kushel señala que ante la actual pandemia se estima un incremento entre 20% a 40% del número de personas sin viviendas (homeless), si el gobierno no toma acciones para prevenir los desalojos masivos.

Recuerda que actualmente los refugios para personas sin viviendas han reducido sus servicios por la pandemia y no son lugares seguros para evitar el contagio de la enfermedad por lo difícil de mantener en estos establecimientos el distanciamiento social. Estas instituciones tampoco tienen capacidad de atender la existente demanda.

Kushel explica que muchas familias con niños, que carecen de vivienda, hacen todo lo posible para evitar ser identificados como “homeless” y arriesgarse a que les remuevan a sus hijos. 

“Muchas familias que realmente son ‘homeless’, no se cuentan como tal, ya que residen en viviendas extraordinariamente hacinadas, 10 o 12 personas compartiendo un cuarto o un baño, algo que no es nada seguro ni por el COVID, ni para la salud mental, ni en ningún aspecto”, dijo Kushel, quien agregó que en la comunidad latina es muy común observar esta situación.

Actualmente en el país hay 36 unidades de vivienda asequible disponibles por cada 100 familias que tienen ingresos extremadamente bajos, es decir, menos del 30% del ingreso promedio de la zona donde viven.

Para solucionar esta crisis de vivienda “se requiere una expansión dramática de viviendas asequibles para personas de bajos ingresos y una expansión dramática de los subsidios para el pago de alquiler”, opina la académica.

Dueños de viviendas afectados, menos viviendas disponibles

En esta crisis no sólo los inquilinos resultan afectados. Un gran porcentaje de dueños de las viviendas también enfrentan el riesgo de perder sus propiedades por la falta de pago de alquiler de sus inquilinos.

Emily A. Benfer afirmó que muchos de los propietarios de viviendas afectados por el incumplimiento en el pago de la renta carecen de un soporte financiero para poder mantener su propiedad sin obtener ingresos durante varios meses.

Benfer señaló que de las 48.5 millones de unidades de vivienda de alquiler que existen en el país,  22.7 millones pertenecen a inversionistas individuales o pequeños propietarios. De estas unidades, el 20% de sus inquilinos tienen dificultades para pagar la renta.

La investigadora advierte que estas unidades corren el riesgo de perderse si sus dueños no las pueden retener, lo que reduciría el número de viviendas asequibles en el mercado, incrementando aún más la crisis.

“Debemos asignar más dinero a la asistencia en el pago del alquiler. Los propietarios de viviendas no quieren desalojar a los inquilinos por el costo que tiene preparar las unidades para un nuevo inquilino. Ellos están dispuestos a negociar con sus inquilinos”, afirmó el delegado Barve.

Consecuencias del desalojo

Tanto las familias como las comunidades que enfrentan desalojos sufren consecuencias que perduran durante muchos años según un estudio del ”Eviction Lab”.

En la parte financiera y de bienestar social, estas familias terminan en vecindarios y viviendas inestables e inseguras o quedan sin vivienda (homeless). Sus historial de crédito se destruye, se les dificulta obtener o mantener empleos, se les dificulta acceder a servicios sociales y baja el rendimiento académico de los estudiantes.

A nivel personal, aumentan los niveles de depresión y ansiedad, la propensión a enfermedades respiratorias, pensamientos suicidas, aumento del uso de drogas, incremento en embarazos de adolescentes, experiencias negativas durante la infancia, aumento de la mortalidad, entre otros.

Benfer afirma que el costo que generan los desalojos para las comunidades y los contribuyentes (taxpayer) a largo plazo es mucho mayor que solucionar el problema de la vivienda asequible en el país, para lo cual se requiere voluntad política e inversiones desde todos los niveles de gobierno.