Tribunal dice que no se puede negar ciudadanía a militares migrantes

Un tribunal federal en el Distrito de Columbia dictaminó que la política del Gobierno del presidente Donald Trump que niega a miembros de las Fuerzas Armadas de origen inmigrante un trámite rápido para la obtención de la ciudadanía estadounidense es ilegal.

“El Congreso ha reconocido por mucho tiempo que los inmigrantes que prestan servicio en las fuerzas armadas durante tiempos de guerra tienen derecho a la ciudadanía estadounidense”, explicó en una declaración Scarlett Kim, abogada de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que demandó al Gobierno en nombre de los afectados.

“Esta decisión rechaza el intento racista del Gobierno de Trump para subvertir este claro mandato del Congreso y para llevar adelante su programa anti-inmigrante”, añadió. 

El caso tiene impacto sobre muchos recipientes del programa Acción Diferida (DACA), que ampara de la deportación a cientos de miles inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran menores de edad, y han calificado para este programa porque han prestado, y prestan, servicio en las Fuerzas Armadas.

En octubre de 2017, el gobierno de Trump añadió varios requisitos que ACLU describe como “onerosos” y que han tenido como resultado en que los soldados no tengan el trámite expedito hacia la ciudadanía de acuerdo con lo estipulado por el Congreso.

“En el año siguiente a la aplicación de esta política, el gobierno dio cuenta una reducción del 72 % en las solicitudes de naturalización por parte de miembros de las fuerzas militares, en comparación con los niveles anterior”, afirmó ACLU.

En su dictamen, la jueza federal Ellen Huvelle señaló que el Departamento de Defensa, por ley y en la consideración de la solicitud de ciudadanía por parte de un miembro de las Fuerzas Armadas ha de tomar en cuenta si el solicitante ha cumplido con honor su servicio.

“El Departamento de Defensa no solo tiene prohibido considerar algo más allá del historial de servicio del soldado para determinar si ha servido con honor, sino que al recibir la solicitud de un extranjero que ha satisfecho el servicio cualificante, el Departamento debe hacer la determinación”, recordó Huyelle.Los requerimientos adicionales, introducidos en 2017, “van en contra de la ley y la negativa del Departamento de Defensa a certificar a los demandantes porque no hayan cumplido algunos de esos requisitos constituye una acción ilegal”, concluyó.