Aplicación de celular, una polémica alternativa al grillete para inmigrantes

Marcelo Wheelock / EFE

Unos 200.000 indocumentados están bajo vigilancia electrónica a través de una nueva aplicación de celular como parte de un polémico programa considerado por defensores de los inmigrantes como una alternativa innecesaria a la detención, que además viola la privacidad y se presta para abusos.

Activistas y organizaciones hispanas y defensoras de los derechos humanos consideran que aunque a simple vista parece mejor que el grillete electrónico, las autoridades migratorias lo usan a su antojo sin reglas claras.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que 191.988 inmigrantes son vigilados actualmente mediante el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP, en inglés), una de las “alternativas a la detención” por la cual ha apostado el gobierno de Joe Biden como una opción “más humana” al encierro.

A través de la aplicación para teléfonos inteligentes SmartLink, los oficiales de ICE siguen de cerca los pasos de los indocumentados, que tienen que reportarse frecuentemente -algunos semanalmente, otros diariamente, incluso varias veces al día- y enviarles una selfi, según pudo constatar Efe.

“Cada martes a las 11 de la mañana debo enviar una imagen de mi rostro a inmigración”, dijo a Efe Danny Sánchez, un abogado venezolano solicitante de asilo a quien ICE lo mantiene vigilado mediante SmartLink.

“Sin embargo, a otros les suena el teléfono a cada ratito para que pongan su fotografía. Puede ser en la mañana, en la noche o a cualquier hora del día, y siempre están con miedo por dejar el teléfono a un lado”, explicó el inmigrante.

Sánchez es uno de los miles de inmigrantes que se han entregado en los últimos meses en la frontera de Estados Unidos con México y que las autoridades han liberado bajo ISAP con un teléfono celular que ellos mismos le proporcionan.

“No sé qué alcance pueda tener esta aplicación, no sé si lo que estoy hablando está siendo monitoreado”, dijo el padre de familia venezolano.

Sin embargo, aseguró sentirse afortunado de no tener un grillete electrónico con GPS que maltrata el tobillo y que dificulta la obtención de un empleo porque “causa un fenómeno de discriminación”.

La utilización del polémico programa se ha extendido durante la pandemia de la covid-19 con la llegada de los cientos de miles de persona que buscan asilo en frontera con México y que han sido liberadas mientras se presentan a sus audiencias ante un juez de inmigración, algo que puede alargarse durante meses o años debido a los retrasos sin precedentes que se registran en estas cortes debido a la avalancha de casos.

El número de inmigrantes que se encuentran bajo vigilancia mediante estos programas de “Alternativas a la Detención” (ATD, en inglés) pasó en menos de tres años de unos cuantos miles a los casi 200.000, una cifra que el gobierno pretende aumentar a unos 400.000 antes de que termine el año.

DENUNCIAN VIOLACIÓN DE DERECHOS 

Es una práctica que viola la privacidad de los inmigrantes, según los grupos civiles, que además la consideran innecesaria si se tiene en cuenta que la mayoría de los indocumentados ni siquiera tienen antecedentes criminales, según datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

“Existen serias preocupaciones sobre la privacidad de la aplicación, especialmente a la luz de cuán ampliamente se está utilizando ahora”, dijo Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de derechos de Project South, una de las organizaciones que destapó el año pasado el escándalo de las esterilizaciones forzadas a inmigrantes en un centro de detención de indocumentados en Georgia.

Shahshahani expresó su inquietud sobre “cómo el gobierno podría usar los datos extraídos de la aplicación sobre la ubicación y los contactos de los inmigrantes para reunir y arrestar a otros miembros de la comunidad por violaciones de inmigración”.

“Hemos visto que en muy poco tiempo la administración del presidente Biden ha ido expandiendo este programa, que es muy dañino, y desafortunadamente lo tratan de disfrazar como si fuera una alternativa de detención”, manifestó a Efe Jacinta González, organizadora senior de campaña de la agrupación nacional Mijente.

Para la activista, se trata nada más de una expansión del sistema de detención. “No es un programa que tenga una base lógica, ni sistematización, ni reglas claras sobre cómo se aplica y por lo tanto nada más se convierte en otra manera de que los agentes de inmigración puedan abusar de su poder. Lo usan cómo le da la gana”.

Algo que también preocupa a las organizaciones defensoras de los inmigrantes es que la aplicación SmartLink fue desarrollada por BI Incorporated, una filial de la corporación de prisiones privadas GEO Group, que opera centros de detención de inmigrantes y prisiones en el país.

“El problema con este programa es que no se sabe hasta dónde llega la red de vigilancia, ni tampoco qué se está haciendo con los datos de las personas. No es simplemente un programa que está siendo manejado por el gobierno, es manejado por una empresa privada, que tiene acceso a toda tu información: tu cara, tu voz, dónde estás y con quién te estás asociando”, agregó.

Para algunos como el abogado de inmigración Charles Kuck, el ISAP es una mejor opción que estar encerrado en una cárcel de inmigración o estar obligado a utilizar los monitores electrónicos de tobillo.“

En general, es mejor que estar bajo custodia de inmigración, pero parece estar recopilando información que no es necesaria para la aplicación de la ley de inmigración”, expresó Kuck.