Organizaciones presionan  por el cierre de la última cárcel de inmigración en NJ

Es la última batalla. Con el cierre de la facilidad de Elizabeth, condado de Union, que funciona desde 1994, no quedaría ningún centro de detención de Inmigrantes en el estado de New Jersey.

Es por ello que, tras una jornada de dos días, con vigilias, mitin de protesta y marchas por la ciudad,15 organizaciones pro-inmigrantes de todo el estado, se apersonaron el lunes último a la oficina del alcalde de Elizabeth, Chris Bowles, para entregarle un informe de defunciones en centros de detención de inmigrantes alrededor del país y Nueva Jersey, y un pedido que no renueve contrato de los terrenos municipales donde se ubica actualmente la cárcel, gestionada por la corporación Core Civic. 

Todo esto porque el contrato de Core Civic termina el 31 de agosto de éste año y, bajo ley del estado, debería cerrar definitivamente, luego de dos décadas de administrar el lugar. En el año 2021 clausuraron centros similares en los condados de Essex, Hudson y Bergen.

El petitorio fue entregado por Kathy O’Leary, de Pax Christi New Jersey, organización que reúne a iglesias de distintas confesiones, acompañado por activistas de las entidades participantes.

Al cierre de esta edición no hubo comentario de las oficinas del alcalde Bowles.

Marcha hacia la alcaldía de Elizabeth, en la esquina Broad St y Elizabeth Avenue, para manifestar su rechazo a la continuidad del Centro de detención de Inmigrantes de Elizabeth gestionado por la privada Core Civic, que este año termina su contrato.

Jennifer García, de la organización Detention Watch Network, dijo durante el acto inicial del lunes en las escaleras de la Corte Superior de Elizabeth, que existen muchas razones de peso para pedir el cierre definitivo del centro de detención de Elizabeth, empezando porque el gobernador del estado de New Jersey, firmó una ley que dispone el cierre de los centros de detención en el estado.

Dijo que, sin embargo, lamenta que la administración del presidente Biden apoye que se continúe con este centro de detención (ver nota adjunta al respecto) por sobre la decisión estatal.

La activista dijo que en estos centros de detención han muerto 15 inmigrantes en los últimos años, como el nicaragüense Ernesto Rocha Cuadra (42) que murió en Louisiana, en junio del 2023 “pese a que ICE había autorizado su libertad”.

Janet Candelario, ex-detenida de la facilidad de Elizabeth en el año 2017, relató vía telefónica desde California, que una de las principales cosas que vio y vivió fue la deficiencia de atención médica para los detenidos, falta de medicinas adecuadas, maltrato a los encarcelados, entre otros derechos humanos conculcados. 

La experiencia la llevó a fundar The Mami Chelo Foundation, una organización en California, que se dedica a ayudar a los detenidos en las cárceles de inmigración y les da soporte legal y asistencia financiera.

Angela Ramos de Unidad Latina En Acción, madre de dos hijos, abogó por los detenidos.

“Deben liberar a todas esas personas que las tienen viviendo inhumanamente en las cárceles de inmigración y reunificar a sus familias. Les conviene tener presas porque esas personas están generando dinero. Es inhumano como los tienen, hasta los animalitos viven mejor que ellos,” dijo.

El mismo lunes 24, desde Washington, el congresista Robert Menéndez Jr, cuya jurisdicción es Elizabeth, pedía al presidente Biden cerrar completamente la cárcel de migrantes de Elizabeth, en una entrevista a NJ Spotlights News.

Los activistas claman por un cierre total de estos centros  en la nación.

Al 16 de julio habían 31,064 detenidos tanto de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) como de Custom Border Patrol (CBP), en los centros de detención de los Estados Unidos, según el sitio Trac Immigration. Ver: trac.syr.edu

Por otro lado, Amy Torres, de New Jersey Alliance for Immigrant Justice, dijo que, además de la demanda del cierre de la facilidad, están presionando por un proyecto de ley para que el estado de New Jersey prohíba a la policía compartir información de los inmigrantes con las autoridades de ICE.

La propuesta ha sido ingresada a la asamblea legislativa (A6222) y al senado estatal (S4289), y se encuentra actualmente en el Comité Judicial del Senado, y tiene el apoyo de importantes senadores y asambleístas del estado.