Decenas de familias latinas desalojadas en Plainfield

Empezaron los desalojos, y los latinos fueron las primeras víctimas en Plainfield.

En esta ciudad se ha abierto un nuevo capítulo para la comunidad latina, decenas de familias hispanas fueron obligadas a abandonar sus hogares en 24 horas por la municipalidad local, y el lunes 11 de septiembre fue fatídico para ellos: la municipalidad les dio el puntillazo final.

Los edificios y casas son de propiedad privada, de renta regular, y Plainfield los clausuró debido a problemas de mantenimiento. Los habitacionales se ubican en las avenidas Arlington, Kensington, Plainfield, 7th St. entre otras.

Con una votación de 4-3 el concilio aprobó un plan de “reurbanización”que sella el desalojo de siete edificios y algunas casas, con más de 100 apartamentos, en algunos de ellos  un 90% de sus habitantes eran hispanos, para dar paso a nuevos desarrollos, con el consiguiente aumento de la renta para los nuevos inquilinos.

La zona donde están ubicados los edificios fueron declaradas como “área que necesita investigación de desarrollo”, lo cual conlleva  la  “expropiación del área para su reurbanización”, lo que implica el desalojo de las propiedades.

La reunión municipal estuvo plagada de incidentes: se obstaculizó la traducción para los hispanohablantes, la policía intervino sin necesidad para detener dentro los reclamos de los vecinos, bajo la tibia actitud del presidente del concilio Charles McRae, del partido demócrata, quien además impidió que los latinos afectados tomaran la palabra.

Nada de eso fue inesperado. 

Unos días antes, el 19 de agosto, una trabajadora de La Junta de Planificación Urbana, Carmencita Pile, ante la protesta de los desalojados en una manifestación por las calles de la ciudad, comenzó a preguntar en un video en las redes si eran “ïndocumentados”. Pero fue más allá, en otro video de Facebook llamaba al Armagedon.

“Todo lo que necesitamos es una van de ICE (Immigration Custom Service), y todos estarán corriendo,” dijo. 

Después de esas declaraciones fue vacada de su puesto, pero transferida a otra posición dentro de la municipalidad. Sus disculpas llegaron más tarde.

Antes de la reunión municipal los vecinos, latinos y blancos y algunos afroamericanos, marcharon desde el 715-23 de Arlington Avenue, uno de los edificios sellados por la ciudad y tuvieron presente a la citada persona. “Carmencita vete, vete Carmencita” corearon a todo pulmón.

En ese mismo edificio vivió por seis años el guatemalteco Raúl Acetun con su esposa y sus dos hijos estadounidenses. Desalojado el 28 de Junio, le dijeron que le iban a ayudar con la renta mientras conseguían otro apartamento, pero no lo ayudaron por ser indocumentado. 

Ahora vive en un cuarto con toda su familia esperando reunir para pagar una renta, que en la zona puede llegar a ser más del 40% de lo que pagaba antes.

“He pagado mis impuestos durante 20 años de vida americana y me han botado a mi y a mis hijos sin ninguna consideración ni aviso previo,” se lamentó.

Miguel Martínez, desalojado de un edificio en la avenida Arlington, tenía tres meses de haber regresado al mismo edificio, y lo pusieron en la calle en 24 horas porque, le dijeron funcionarios de la ciudad, que el edificio no estaba habitable desde hace un año.

En su versión el edificio funcionaba con aprobación de los funcionarios de la ciudad. Todo le huele a esa fea palabra que le llaman gentrificación, que no es más que sacar a los habitantes de minorías y de escasos recurso para darle paso a otros inquilinos más ricos.

En su edificio vivían 60 familias pero solamente cinco de ellas recibieron ayuda para la renta. Si hay un incendio lo normal es que los reubiquen en un departamento o hogar pagado por la ciudad, pero a la mayoría de estas familias solamente les han querido llamar a inmigración.

Según Martínez lo más probable es que ahora que se les ha cerrado las puertas de la municipalidad interpongan una demanda judicial colectiva. Los abogados de Seton Hill University les han ofrecido estudiar su caso, los afectados están a la espera.