El exalcalde de Paterson, Joey Torres, acusado de violar orden judicial

El Fiscal General Matthew J. Platkin anunció que el ex alcalde de Paterson, Joey Torres, fue acusado formalmente de un cargo penal de desacato al tribunal, luego de que supuestamente lanzó una nueva candidatura para ser alcalde de esa ciudad en 2022, en violación de una orden judicial de 2017 que le prohíbe ejercer cargos públicos.

Un gran jurado estatal en Trenton votó a favor de presentar un cargo penal contra José “Joey” Torres, de 64 años, de Paterson, Nueva Jersey, al concluir sus deliberaciones sobre su campaña de 2022 para retomar el puesto de alcalde, a pesar de una prohibición impuesta después de que se declaró culpable en 2017 de conspiración para cometer mala conducta oficial (segundo grado).

Después de escuchar el testimonio y las pruebas, el gran jurado concluyó sus deliberaciones el 26 de septiembre de 2023 y votó como “proyecto de ley verdadero”, lo que significa que los jurados concluyeron que se justificaba un nuevo cargo de desacato penal (cuarto grado) contra el exalcalde.

La acusación surge de una investigación realizada por la Oficina de Corrupción de la Oficina de Integridad y Responsabilidad Pública (OPIA).

Torres se declaró culpable en 2017 después de ordenar, mientras se desempeñaba como alcalde, que los empleados de la ciudad realizaran trabajos en un almacén privado alquilado por su hija y su sobrino para un negocio de distribución de licores, mientras que el pago de las horas extras de los empleados estaba cubierto por los contribuyentes de la ciudad. Torres fue sentenciado a cinco años de prisión estatal en ese caso.

Como resultado de la declaración, la jueza del Tribunal Superior estatal Sheila Venable emitió una orden de decomiso el 25 de septiembre de 2017, que fue firmada y aceptada por Torres, que prohibía permanentemente a Torres, de conformidad con la ley estatal, ocupar cualquier cargo o empleo público en el estado de Nueva Jersey. La orden establece específicamente que si Torres presenta alguna solicitud para empleo público en violación de la orden, estaría sujeto a un cargo de desacato penal.

No obstante, se alega que alrededor del 12 de febrero de 2022, Torres pronunció un discurso público declarando que se postulaba para alcalde de la ciudad de Paterson en las elecciones de 2022 y solicitando que la gente en la audiencia votara para regresarlo a la alcaldía.  El 4 de marzo, Torres fue a la Oficina del Secretario de la Ciudad de Paterson y presentó una lista de supuestas peticiones de nominación en apoyo a su candidatura. Después de que el secretario rechazó las peticiones, Torres presentó una acción civil buscando obligar a la oficina del secretario a aceptar las peticiones. En esa acción civil, Torres certificó que presentó las peticiones para postularse para alcalde y si el secretario municipal continuaba negándose a aceptar sus peticiones, sufriría un daño irreparable al negarle su derecho a postularse para el cargo.

Se alega que al presentarse como candidato a alcalde, solicitar firmas en las peticiones de nominación e intentar imponer las peticiones a la oficina del secretario, Torres desobedeció deliberada y conscientemente la orden de decomiso de 2017 que siguió a su declaración de culpabilidad.

“Se necesita un descaro notable para ignorar una orden de un tribunal estatal y luego intentar presionar al secretario municipal, mediante un litigio civil, para que permita que se lleve a cabo una campaña inadmisible”, dijo el Fiscal General Platkin. “Eso es descaro. Y, según el gran jurado, también es procesable”.

“Según la ley estatal y una orden judicial, este acusado quedó descalificado para siempre de ocupar cualquier cargo público o posición de honor o confianza pública”, dijo el director ejecutivo de OPIA, Thomas Eicher. “Su supuesto desprecio por esa orden y el Estado de derecho ilustra por qué no puede ni debe ocupar un cargo público en el futuro”.

Los delitos de cuarto grado conllevan una sentencia de hasta 18 meses de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares. El cargo es simplemente una acusación y se presume que el acusado es inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.