Nueva Jersey argumenta que los tribunales no pueden impedir que cierren cárceles privadas de inmigración

Por Sophie Nieto Muñoz / www.newjerseymonitor.com

Los tribunales no pueden eximir a los contratistas privados de una ley de Nueva Jersey que prohíbe los centros de detención de inmigrantes porque esa es una función otorgada exclusivamente al Congreso, argumentan funcionarios estatales en su apelación de la decisión de un juez que permitió que una cárcel de inmigrantes de Elizabeth permaneciera abierta.

«Otorgar a los contratistas privados inmunidad constitucional frente a la ley estatal socava el papel principal del Congreso en la resolución de disputas federales-estatales», dijo el estado en la apelación, añadiendo que la decisión del tribunal inferior que impide a Nueva Jersey cerrar la cárcel «corre el riesgo de proporcionar una hoja de ruta para que los contratistas privados eviten el cumplimiento de otras medidas”.

El escrito de 67 páginas fue presentado la semana pasada ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos por el fiscal general del estado, Matt Platkin.

La apelación surge de una decisión de agosto de un juez federal que permitió a CoreCivic, una empresa penitenciaria privada, mantener abierta su cárcel de inmigración en Elizabeth a pesar de una nueva ley estatal que prohíbe este tipo de prisiones.

La ley, firmada por el gobernador Phil Murphy en 2021, prohíbe a entidades públicas y privadas celebrar contratos para albergar a inmigrantes detenidos. CoreCivic ha argumentado que es inconstitucional y demandó al estado en febrero de 2021 para permanecer abierto poco antes de que expirara su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert Kirsch, dictaminó en agosto que la ley de Nueva Jersey es inconstitucional en lo que respecta al Centro de Detención de Elizabeth. Argumentó que si un estado vecino aprobara una ley similar, “resultaría en nada menos que un caos” para las autoridades de inmigración. Los funcionarios de justicia de la administración Biden que estaban del lado de la prisión privada hicieron comentarios similares sobre los “graves impactos” de la ley en la detención de migrantes.

El Centro de Detención de Elizabeth es el último centro de detención en funcionamiento en Nueva Jersey utilizado por ICE. Alberga hasta 300 personas (normalmente solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentados) y emplea a unas 100.

Los funcionarios de ICE no respondieron a una solicitud de comentarios.

En su nueva presentación, los funcionarios de Nueva Jersey argumentan que CoreCivic no es inmune a la ley estatal. El Estado lleva mucho tiempo en contra de las prisiones privadas, razón por la cual no tiene ningún contrato con empresas penitenciarias con fines de lucro, se señala en el documento.

“Los estados han… regulado o restringido durante mucho tiempo a las empresas para que no vendan bienes y servicios dentro de sus fronteras, incluso servicios que las agencias federales de otro modo desearían comprar”, dice el documento.

Los funcionarios de Nueva Jersey y CoreCivic están divididos sobre si la ley de Nueva Jersey viola la cláusula de supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados aprobar leyes que anulen los estatutos federales. El estado argumenta que los tribunales han rechazado previamente el argumento de que cualquier regulación estatal que regule indirectamente la actividad del gobierno federal es inconstitucional.

La presentación del estado afirma que Kirsch se equivocó al decidir que el estatuto de Nueva Jersey interfiere con el funcionamiento del gobierno federal. Esa conclusión va “demasiado lejos”, dice el escrito del estado.

Los funcionarios de CoreCivic no respondieron a una solicitud de comentarios. En declaraciones anteriores ha dicho que las instalaciones de Elizabeth cumplen una“misión crítica” debido a su proximidad a los aeropuertos de Newark y Nueva York, que ofrecen vuelos directos regulares desde Estados Unidos. Cerrar el centro podría conducir a la liberación de “no ciudadanos peligrosos”, dijo en un documento de julio.

Los abogados del estado también detallan las “condiciones de detención inseguras e insalubres” de la cárcel de Elizabeth desde hace décadas. CoreCivic también enfrenta una demanda de su arrendador, alegando que la empresa no cumplió con las necesidades básicas de seguridad e higiene.