Controles débiles en el programa de vacunas de $40 millones del condado de Essex dio lugar a abusos

Dana DiFilippo, NJ Monitor

No ha pasado ni una semana desde que el gobernador Phil Murphy cantara las alabanzas del condado de Essex.

«Puede que no haya ningún condado en Estados Unidos que esté mejor gestionado que el condado de Essex», dijo durante el programa Ask Governor Murphy de WNYC el miércoles pasado por la noche. «Hay un puñado de los condados mejor administrados de Estados Unidos que están en Nueva Jersey, y resulta que Essex es uno de ellos».

Pero en un nuevo informe publicado el martes, un organismo de control estatal dice que el condado de Essex, que está dirigido por el demócrata de seis mandatos y aliado de Murphy Joe DiVincenzo, descuidó colosalmente la supervisión de su programa de vacunación COVID-19 valorado en $40 millones de dólares. Los funcionarios del condado burlaron las normas federales, estatales y locales de contratación y ejercieron tan poco control sobre el gasto que un proveedor con conexiones políticas se embolsó un pago idéntico de seis cifras dos veces, mientras que al menos ocho trabajadores cobraron regularmente a pesar de registrar horas a tiempo completo con otras agencias gubernamentales, dice el informe.

El interventor estatal en funciones, Kevin D. Walsh, descubrió que los funcionarios del condado de Essex adjudicaron indebidamente millones de dólares como contratos de emergencia —continuando haciéndolo mucho después de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles— y eludieron el proceso de licitación competitiva, la revisión pública y las aprobaciones necesarias para protegerse contra el gasto excesivo y el abuso.

«La obligación del gobierno de proteger los fondos de los contribuyentes no desaparece durante una emergencia», dijo Walsh en un comunicado. «Como descubrimos en el condado de Essex, abusar de los contratos de emergencia y no supervisar a los proveedores ni aplicar controles financieros básicos aumenta la probabilidad de fraude, despilfarro y abuso, riesgos que pueden y deben evitarse».

Los investigadores del proyecto de cumplimiento y supervisión COVID-19 de la oficina del contralor lanzaron la sonda después de que un informante anónimo informara preocupaciones sobre el programa, que administró más de 622,000 vacunas desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2023 en cinco sitios en Newark, West Caldwell, Livingston y West Orange, además de desde una clínica móvil que viajó por todo el condado.

Los investigadores descubrieron que los funcionarios continuaron incumpliendo las normas sobre el gasto de los fondos federales de vacunación, a pesar de que siguieron los procedimientos adecuados para otras emergencias durante la pandemia, como las respuestas a la tormenta tropical Isaías y el huracán Ida y el manejo de los entierros de indigentes debido a COVID-19, según el informe.

Los investigadores determinaron que los funcionarios no documentaron la necesidad de contratos de emergencia ni realizaron contratos con proveedores en los que se detallaran las condiciones exigidas por las subvenciones federales, tal y como se requiere. Estos fallos exponen al condado a la posibilidad de que el gobierno federal actúe para recuperar los fondos, señala el informe de Walsh. 

En un comunicado, DiVincenzo calificó el informe del Contralor de desequilibrado, injusto e inexacto que identifica problemas con una pequeña fracción de los fondos que el condado de Essex gastó en la lucha contra la COVID-19. DiVincenzo también reprochó a la oficina de Walsh que no ayudara a los funcionarios locales a prevenir el uso indebido de fondos públicos en los primeros meses de la pandemia.

«Habría sido útil que nos hubieran apoyado en aquel momento, en lugar de criticar injustamente nuestra actuación años más tarde», afirma el comunicado. 

Problemas con los proveedores

Los investigadores también descubrieron una supervisión laxa de los 93 proveedores externos contratados por el condado para llevar a cabo su programa de vacunación, incluidos 15 pagos por un total de $871,211 que se realizaron sin facturas, lo que hizo imposible validar qué bienes o servicios se habían proporcionado.

En un caso, los funcionarios pagaron a un proveedor $264,000 por servicios de publicidad, pero no pudieron confirmar que dichos servicios se hubieran prestado.

En otro caso, el condado pagó a Dunton Consulting casi $1.3 millones de dólares por servicios de robocall desde mayo de 2020 hasta agosto de 2021 sin verificar que las llamadas se produjeron, y a pesar de que las facturas de la firma estaban plagadas de errores y cobraban tarifas que «variaban salvajemente, sin explicación». La empresa también cobró mucho más —de 2.8 a 9.8 centavos por minuto— de lo que pagaron los funcionarios del condado cuando finalmente sacaron el contrato a licitación pública y competitiva, señala el informe. El condado pagó menos de 1 centavo por minuto con el nuevo contrato. 

Funcionarios del condado también pagaron erróneamente a Dunton $110,514.41 dos veces por los mismos servicios, pero el propietario de la empresa con sede en East Orange, Rasheida Smith, y funcionarios del condado indicaron que no se dieron cuenta del error hasta que la oficina del Contralor llamó su atención, según el informe. En lugar de ordenar la devolución inmediata de la totalidad del pago en exceso, los funcionarios acordaron que Smith podría devolver una cantidad descontada, que caracterizaron como un «préstamo», durante cinco años sin intereses, señala el informe.

Se trata de una respuesta «defectuosa» porque la Constitución estatal prohíbe a los gobiernos prestar fondos públicos a empresas privadas, el préstamo no fue firmado por ningún funcionario del condado, los comisionados del condado no lo aprobaron en una reunión pública, y el condado no ha demostrado que «tiene los controles internos adecuados para supervisar un préstamo a largo plazo», escribieron los investigadores.

Smith es una agente política demócrata y ex directora de campaña que ha trabajado para el senador estadounidense Cory Booker, el ex representante Charles Rangel y otros destacados políticos. Fue cofundadora de Dunton con Leroy Jones Jr., un ex asambleísta estatal que ahora preside los partidos demócratas del condado de Essex y de todo el estado. Jones ya no está afiliado a Dunton, según informó NorthJersey.com en 2022.

«El contrato del condado con Dunton demuestra que la excesiva contratación de emergencia sin licitación competitiva puede resultar en un precio escandaloso para los contribuyentes», escribieron los investigadores en el informe.

Smith no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Trabajadores en el centro de vacunación COVID gestionado por el condado de Essex en West Orange el 8 de enero de 2021. (Cortesía de la Oficina del Gobernador de Nueva Jersey)

Escasa supervisión del personal

Más de 850 personas trabajaban en el programa de vacunación, y los funcionarios del condado les permitían registrar sus horas a distancia y no hacían cumplir las hojas de registro in situ destinadas a confirmar su presencia, según los investigadores.

Como resultado, el condado gastó $17 millones de dólares en personal sin verificar que los trabajadores trabajaban las horas que registraban, dijeron los investigadores.

Ocho trabajadores desempeñaban habitualmente otros empleos públicos al mismo tiempo que trabajaban para el programa de vacunación del condado, lo que significaba que cobraban de ambas entidades públicas por las mismas horas, incluida una mujer que cobró $130,000 durante 11 meses en el marco del programa de vacunación, a pesar de que el responsable de salud del condado no sabía quién era ni qué hacía, según el informe.

Incluso después de despedir a tres trabajadores que habían falsificado sus horas, los funcionarios no reforzaron su sistema de control horario ni se molestaron en investigar más a fondo, según el informe. Los funcionarios también clasificaron a los trabajadores de vacunación como contratistas independientes, lo que significa que el condado no pagó a los fondos de desempleo ni proporcionó beneficios.

Los investigadores comunicaron sus conclusiones al Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral del estado y a otras autoridades para que tomaran medidas de seguimiento.

La declaración de DiVincenzo afirma que el condado de Essex despidió inmediatamente a los empleados que «no se presentaron» y que, «cuando fue posible», se devolvieron los fondos.

«No digo que fuéramos perfectos. Pero cuando se detectó alguna irregularidad, actuamos con rapidez», afirma el comunicado.

Natalie Hamilton, una portavoz de Murphy, dijo que el gobernador está consciente de los hallazgos del contralor «pero también reconoce que la velocidad de establecer un programa de vacunas completamente operativo a fines de 2020 y principios de 2021 estaba directamente correlacionada con salvar vidas».

«Bajo el liderazgo del ejecutivo del condado Joe DiVincenzo, el condado de Essex tuvo uno de los programas de vacunas más eficientes en cualquier parte de Estados Unidos, ayudando a establecer a Nueva Jersey como líder nacional en la distribución de vacunas», dijo Hamilton. 

Walsh y sus investigadores emitieron tres recomendaciones, instando a los funcionarios del condado de Essex a:

• Contratar a un auditor independiente para evaluar el gasto del programa de vacunación para garantizar que todos los pagos fueran apropiados.
• Utilizar «todos los mecanismos legales disponibles, incluido el litigio si es necesario», para recuperar cualquier pago excesivo, incluido el pago duplicado de Dunton. Los funcionarios también deben evaluar las implicaciones de la subvención federal de dichos pagos indebidos y consultar a los funcionarios del Tesoro Federal para informar de los pagos en exceso y garantizar el cumplimiento de los requisitos de la subvención.
• Llevar a cabo una revisión interna del programa de vacunación y preparar un plan de acción correctiva en un plazo de 60 días para identificar cómo deben mejorar las prácticas del condado para futuras emergencias, especialmente en relación con el proceso de adquisición de emergencia, la supervisión de contratos y las políticas de personal.

Esta traducción fue proporcionada por TheLatinoSpirit, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons
This translation was provided by TheLatinoSpirit, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.