Empresa de prisiones demanda al estado para abrir cárcel de ICE en Newark 

Por Sophie Nieto Muñoz / www.newjerseymonitor.com

Una empresa de prisiones privadas quiere que un juez federal declare nuevamente que la ley de Nueva Jersey que prohíbe los centros de detención de inmigrantes es inconstitucional para poder abrir una nueva cárcel de detención de inmigrantes en Newark, según muestran registros judiciales.

El Grupo GEO, una de las empresas penitenciarias privadas más grandes del país, quiere firmar un contrato con la Oficina de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos para albergar hasta 600 inmigrantes detenidos en un centro de detención de su propiedad en Newark, junto a la cárcel del condado de Essex.

Pero la ley estatal, considerada parcialmente inconstitucional por un juez federal en 2023, puede impedir que ICE celebre el contrato, afirman los abogados de la compañía en una nueva demanda federal dirigida al gobernador Phil Murphy y al fiscal general Matt Platkin.

La ley “discrimina ilegalmente a GEO en su calidad de contratista del gobierno federal porque apunta a servicios de detención de inmigrantes contratados de forma privada, un área bajo control federal, mientras que la ley de Nueva Jersey permite otras formas de servicios de detención de contratación privada para fines no federales.”, señala la denuncia, presentada el 15 de abril.

El centro de detención de Newark, Delaney Hall, fue utilizado para albergar a inmigrantes detenidos entre 2011 y 2017, indica la denuncia. El condado de Essex encarceló en ese recinto a parte de su población carcelaria hasta el año pasado.

El gobernador Phil Murphy firmó la ley que prohíbe las cárceles para inmigrantes en agosto de 2021, después de que los defensores de los inmigrantes pasaron años protestando contra los contratos que permitían a ICE albergar a inmigrantes detenidos en cárceles públicas en los condados de Bergen, Essex y Hudson. Essex anunció que ya no albergaría a detenidos días antes de que Murphy promulgara el proyecto de ley, y Bergen y Hudson le siguieron poco después.

CoreCivic, una empresa privada con contratos con ICE para albergar a inmigrantes detenidos en su cárcel de Elizabeth, demandó a Nueva Jersey el año pasado por la ley, calificándola de inconstitucional. En agosto, un juez federal se puso del lado de CoreCivic y dijo que la compañía podría continuar alojando a detenidos en sus instalaciones (el estado apeló).

Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de Inmigrantes, organización que ha abogado durante mucho tiempo por el cierre de los centros de detención de inmigrantes, señaló que GEO Group afirma que su posible contrato con ICE valdría más de 100 millones de dólares.

«Es mucho más grande de lo que jamás hayamos visto en Nueva Jersey», afirmó Torres. “Es muy preocupante ver a esta corporación penitenciaria privada decir que hay una demanda por un contrato de más de 100 millones de dólares. Es absolutamente salvaje”.

En 2018, el condado de Essex cobró a ICE alrededor de $35 millones para alojar a los detenidos en su cárcel, Bergen recibió casi $17 millones y Hudson, $27 millones.

Geoffrey Brounell y Scott Schipma, abogados que representan al Grupo GEO, no respondieron a una solicitud de comentarios.

En su demanda del 15 de abril, los abogados presentan los mismos argumentos que CoreCivic presentó en su demanda: que la ley de Nueva Jersey viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que las leyes estatales no pueden anular los estatutos federales.

“Frustra la delegación de discreción del Congreso al ICE para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y estatutarias, y regula de manera inadmisible las decisiones de contratación del gobierno federal al desplazar efectivamente la determinación del gobierno federal sobre qué centros de detención de inmigrantes son ‘apropiados’”, afirma la denuncia.

El mismo juez que escuchó el caso CoreCivic, el juez de distrito estadounidense Robert Kirsch, escuchará la denuncia de GEO Group. GEO Group señala que Kirsch, durante una audiencia en el caso anterior, dijo que sería “catastrófico” si los estados comenzaran a implementar leyes que cerraran los centros de detención de inmigrantes.

Torres reconoce por qué el norte de Jersey sigue siendo un lugar privilegiado para que ICE albergue a los detenidos (está cerca de los tribunales de inmigración de Manhattan y del aeropuerto de Newark), por lo que no le sorprendió ver que se introdujera desafío legal. Pero destacó su “amarga decepción”.

“Es una industria a la que los legisladores y los propios habitantes de Nueva Jersey se oponen y en la que no queremos participar. Es impactante ver que esto suceda tan rápido después de la  demanda de CoreCivic y en la escala que sugieren”, dijo.

La Fiscalía General se negó a comentar sobre la demanda. Una portavoz de la administración Murphy no respondió a una solicitud de comentarios.