A pesar de las reformas, conductores de minorías aún enfrentan perfiles raciales por parte de la Policía Estatal de NJ

Ted Sherman / NJ Advance Media para NJ.com

A pesar de repetidas advertencias, informes internos críticos y un decreto de consentimiento federal, la Policía Estatal de Nueva Jersey (o NJSP, por sus siglas en inglés) «aparentemente se hizo de la vista gorda» ante la posibilidad de que la discriminación fuera la culpable del continuo trato adverso de las minorías raciales y étnicas, según un informe publicado el martes por un grupo de vigilancia de Nueva Jersey.

La Oficina del Contralor del Estado también se quejó de que tanto la Policía Estatal como la Oficina de Normas Profesionales de Aplicación de la Ley del Fiscal General, que monitorea las prácticas de la agencia, no presentaron todos los documentos que solicitaron para su revisión, redactaron otros o «afirmaron sin explicación suficiente», que ciertos documentos e información eran privilegiados.

Según el contralor, la Policía Estatal no logró analizar adecuadamente los datos agregados de las detenciones de vehículos y reconocer cuándo podría ser necesaria una acción. Añadió que una serie de reformas y políticas destinadas a prevenir la actuación policial discriminatoria han sido «en gran medida performativas», y la supervisión ha sido ineficaz durante años.

«La Policía Estatal de Nueva Jersey no está haciendo todo lo posible para prevenir y detectar la discriminación en las carreteras de Nueva Jersey», expresó el Contralor Estatal Interino Kevin Walsh en un comunicado. «El hecho de que durante años la Policía Estatal haya estado al tanto de datos que mostraban un trato desigual hacia las personas de color en nuestras carreteras, pero no tomó ninguna medida para combatir esas tendencias, muestra que los problemas son más profundos de lo que se pensaba anteriormente».

El nuevo informe llega un año después de que un grupo externo dirigido por Matthew B. Ross de la Universidad Northeastern en un estudio de más de 6 millones de casos encontró «disparidades raciales y étnicas preocupantes» en quién es detenido por la policía en las carreteras del Estado Jardín.

Ese análisis, que fue citado en los propios hallazgos del contralor, encontró que los conductores negros e hispanos tenían más probabilidades de ser sometidos a búsquedas que sus contrapartes blancos, aunque esas búsquedas tenían menos probabilidades de producir evidencia. También era más probable que les pidieran que salieran del vehículo, que los arrestaran o que se enfrentaran al uso de la fuerza.

El Fiscal General Matthew Platkin, tras la publicación del nuevo informe, expresó que la comunidad policial del estado tiene la obligación de proteger al público, respetar la ley y garantizar que esas tareas se lleven a cabo de manera imparcial.

«El hecho de que un organismo no revise sus actuaciones, analice los datos generados por sus acciones y adopte reformas cuando se detectan problemas no solo perjudica a los residentes a los que sirve, sino también a los muchos hombres y mujeres de uniforme valientes que desempeñan sus funciones de forma honorable y justa, incluidos los miembros de la NJSP que ponen sus vidas en peligro a diario para proteger a los demás», afirmó.

Platkin calificó muchos de los hallazgos del contralor como «imperdonables y profundamente preocupantes» y prometió solucionarlos.

«No es aceptable que una agencia moderna de aplicación de la ley ignore el impacto que el racismo y el racismo implícito tienen en todas las profesiones, incluida la aplicación de la ley», mencionó. «Estos prejuicios existen en otras industrias, pero en el ámbito policial, no confrontarlos y abordarlos conduce a acciones policiales dispares que impactan la seguridad y la libertad de nuestros compañeros de Nueva Jersey».

La Policía Estatal pasó más de una década bajo supervisión federal en virtud de un decreto de consentimiento a raíz del tiroteo contra tres hombres negros desarmados durante una parada de tráfico en una carretera, el cual provocó una protesta generalizada por el perfilamiento racial en las paradas de tráfico.

El seguimiento terminó en 2009. Pero el año pasado, el contralor en un informe separado señaló continuas fallas de la Policía Estatal a la hora de realizar cambios en su cultura interna. Encontró que la Policía Estatal asignó a agentes citados por problemas disciplinarios (algunos de los cuales habían sido suspendidos por conducir en estado de ebriedad, agresión y falsificación de informes) como entrenadores para sus nuevos reclutas. Otros en la academia de formación se saltaron segmentos enteros de los cursos ordenados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en virtud del decreto de consentimiento.

Según el nuevo informe del contralor del martes, si bien la Policía Estatal se reunió periódicamente y emitió informes «repletos de datos», sus líderes nunca abordaron de manera significativa ciertas tendencias de datos que indicaban un «trato persistente y adverso hacia conductores de minorías raciales y étnicas».

La Oficina de Normas Profesionales de Aplicación de la Ley del Fiscal General, añadió, se vio frustrada en ocasiones y «con demasiada frecuencia pasiva», afirmó el contralor.

Esa oficina, formada en 2009, es responsable de revisar las reglas, regulaciones y procedimientos operativos permanentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey con respecto a políticas no discriminatorias, leyes de búsqueda e incautación y actividades de cumplimiento de detenciones de vehículos motorizados.

El informe de la contraloría señaló un memorando interno de 85 páginas de diciembre de 2021 que documentaba patrones de aplicación de la ley que reflejaban disparidades persistentes y significativas entre grupos raciales y étnicos en los datos de detenciones de vehículos durante un periodo de diez años. Mencionó que se solicitó repetidamente a la Policía Estatal que ofreciera cualquier información «organizativa, ambiental o contextual» para explicar estas tendencias. Recibió respuestas escasas o limitadas.

La Policía Estatal, continuó el contralor, se negó durante años y continúa negándose a considerar el racismo implícito como una posible explicación de esas tendencias de datos. La agencia encargada de hacer cumplir la ley tampoco ha identificado nada más que pueda explicar significativamente muchas de las tendencias ni ha tomado medidas para abordarlas.

«Es necesario un reinicio», expresó Walsh. «Hace quince años, el estado se comprometió a utilizar análisis y recopilación de datos sofisticados para garantizar un trato equitativo a todos los automovilistas. Está claro que la promesa no se ha cumplido plenamente y algunas salvaguardias clave han fracasado».

En su propia respuesta a un borrador del informe del contralor, la Oficina de Normas Profesionales de Aplicación de la Ley mencionó que había planteado repetidamente el racismo implícito como una posible explicación de las tendencias que estaba observando, pero que esas discusiones nunca dieron como resultado ninguna acción.

Si bien la Policía Estatal le comentó al contralor que brinda capacitación sobre prejuicios implícitos y diversidad cultural y aborda cualquier acusación de discriminación racial contra agentes individuales a través del proceso disciplinario, el contralor mencionó que la Policía negó el acceso a los archivos de investigación relacionados con esas quejas.

Esta traducción fue proporcionada por El Latino News, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Advance Media para NJ.com y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons. 

This translation was provided by El Latino News, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Advance Media for NJ.com and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.