En un fallo histórico sobre inmunidad presidencial, la Corte Suprema afirma que Trump puede ser juzgado por actos privados

Maureen Groppe y Bart Jansen, USA Today Network via Asbury Park Press

WASHINGTON – La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que Donald Trump puede ser juzgado por cualquiera de sus intentos de revertir su derrota de 2020 que no se tomaron en su capacidad oficial, una decisión que probablemente llegó demasiado tarde para que el juicio concluyera antes del día de las elecciones.

Al decidir por primera vez si los presidentes son inmunes a un proceso penal, una Corte Suprema dividida concluyó que los actos «oficiales» realizados por un presidente están protegidos, pero no las acciones que realizó cuando era candidato.

«Las partes que tenemos ante nosotros no discuten que un ex presidente puede ser objeto de un proceso penal por actos no oficiales cometidos mientras estaba en el cargo», escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en nombre de la mayoría de 6 a 3 que se dividió según líneas ideológicas. «También están de acuerdo en que algunas de las conductas descritas en la acusación incluyen acciones tomadas por Trump en su capacidad no oficial».

La jueza Sonia Sotomayor, en un desacuerdo al que se unieron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, objetó que la decisión de la mayoría del tribunal «es una burla del principio fundamental de nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que ninguna persona está por encima de la ley».

Sotomayor afirmó que el tribunal le dio a Trump «toda la inmunidad que pidió y más». «Con temor por nuestra democracia, disiento», escribió.

Roberts criticó a los jueces disidentes por su posición fatalista en lugar de reconocer que los tribunales inferiores determinarán si la conducta de Trump es vulnerable a cargos penales.

«En cuanto a los disidentes, adoptan un tono de fatalidad escalofriante que es totalmente desproporcionado con lo que la Corte realmente decide hoy: concluir que la inmunidad se extiende a las discusiones oficiales entre el Presidente y su Fiscal General, y luego remitir el caso a los tribunales inferiores para que determinen ‘en primera instancia’ si y en qué medida la presunta conducta subsiguiente de Trump tiene derecho a inmunidad», escribió Roberts.

Trump, en Truth Social, calificó la decisión como una «GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA».

El caso fue una prueba crucial para el tribunal y sus seis jueces conservadores, la mitad de los cuales fueron nombrados por Trump.

El tiempo que le tomó al tribunal superior emitir su opinión deja un cronograma ajustado para celebrar un juicio que originalmente estaba programado para marzo. Si Trump gana las elecciones de noviembre, podría ordenar al Departamento de Justicia que desestime cualquier caso federal en su contra. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, acusó a Trump en agosto pasado de cuatro cargos, de los que se declaró inocente.

Celeste McCall, a la izquierda, y Nan Raphael reaccionan a la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial poco después de su publicación el 1 de julio de 2024 en Washington, D.C. Josh Morgan, USA Today

Trump está acusado de intentar robar las elecciones de 2020 difundiendo mentiras sobre el fraude electoral e intentando persuadir a los funcionarios estatales, a su vicepresidente y al Congreso que impidieran la certificación de los resultados legítimos.

Trump, el primer presidente (anterior o actual) acusado penalmente, argumentó que no puede ser procesado por acciones que realizó en su capacidad oficial durante su administración, una extensión del razonamiento que utilizó la Corte Suprema en 1982 cuando prohibió las demandas civiles contra un presidente por acciones oficiales. De lo contrario, argumentaron los abogados de Trump, la amenaza de futuros procesamientos y encarcelamientos destruiría la fuerza y ​​la autoridad de la presidencia al someterlos a procesamientos por motivos políticos.

Roberts afirmó que los presidentes no están por encima de la ley.

«Pero bajo nuestro sistema de poderes separados, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por sus actos oficiales», escribió. «Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes de la Oficina Oval».

En mayo, un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de falsificar registros comerciales para ocultar un pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016. El juez estatal había rechazado el intento de Trump de retrasar ese juicio hasta que la Corte Suprema se pronunciara sobre la cuestión de la inmunidad.

Trump también ha esgrimido inmunidad en su caso federal en Florida por supuestamente retener documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca, y en su caso de interferencia electoral en Georgia.

«Profundamente inquietante»

David Becker, ex abogado litigante de la sección de votación de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, calificó la decisión del tribunal superior de «profundamente inquietante» y «realmente sorprendente» por lo que esta le permitiría a un presidente realizar durante su periodo y permanecer sin impugnación penal.

Los presidentes, dijo, tendrían inmunidad ante las interacciones con un fiscal general, incluso si eso significa presionarlo para que cambie los resultados electorales u ordenar a un escuadrón SEAL 6 que mate a un oponente político.

«La forma en que leo esta opinión es que podría ser una hoja de ruta para (los presidentes) que buscan permanecer en el poder», indicó Becker. «Podría poner en duda si se producirán o no futuras transferencias pacíficas de poder».

Robert Mintz, experto en defensa penal de delitos de cuello blanco de McCarter & English, dijo que la decisión generó más controversia que claridad. 

«En lugar de declarar una clara inmunidad o ninguna inmunidad por presunta conducta criminal, este nuevo estándar sin duda conducirá a audiencias prolongadas y nuevas apelaciones, ya que los tribunales inferiores ahora tienen que lidiar con la cuestión de qué alegaciones en la acusación constituyen actos oficiales», explicó Mintz.

Los manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos el 25 de abril de 2024, mientras los jueces de la Corte Suprema escuchan los argumentos orales sobre si el expresidente Donald Trump es inmune a los cargos criminales en su caso de interferencia electoral federal en Washington, D.C. Jack Gruber, USA Today

Primera sentencia sobre inmunidad penal

En enero, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazó por unanimidad el reclamo de inmunidad absoluta de Trump. Pero la Corte Suprema intervino para decidir por primera vez si existen barreras para los procesamientos penales de los presidentes.

La Corte había dicho anteriormente que los presidentes son inmunes a demandas civiles por acciones oficiales tomadas mientras eran presidentes, pero no a demandas relacionadas con su comportamiento personal.

Smith, el fiscal especial, argumentó que los presidentes aún pueden funcionar eficazmente sin inmunidad penal, una protección que, según dijo, ni los redactores de la Constitución ni ningún otro presidente contemplaron.

E incluso si un expresidente tiene cierta inmunidad, aclaró Smith, tratar de frustrar la transferencia pacífica del poder es un ejemplo perfecto de conducta que no debe protegerse del procesamiento.

Durante más de dos horas y media de argumentos orales en abril, varios jueces conservadores señalaron que estaban más centrados en cómo un fallo afectaría a los futuros presidentes que, como dijo el juez Brett Kavanaugh, el «aquí y ahora de este caso».

«Estamos escribiendo una regla para todas las épocas», sentenció el juez Neil Gorsuch.

Pero la jueza Amy Coney Barrett logró que el abogado de Trump admitiera que los actos privados de los presidentes no están protegidos contra el procesamiento y que algunas de las supuestas conductas incluidas en la acusación son privadas.

Por ejemplo, Barrett preguntó si ordenar a los abogados que presentaran listas fraudulentas de electores para obstruir la certificación de las elecciones —si se demuestra— sería oficial o privado.

«Eso es privado», dijo Sauer.

Manifestantes se reúnen frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos antes de que el tribunal emitiera opiniones el 1 de julio de 2024 en Washington, D.C. Josh Morgan, USA Today

La decisión tomó tiempo

La Corte Suprema ha decidido otros casos de alto perfil mucho más rápido que el reclamo de inmunidad de Trump.

Smith pidió al tribunal que rechazara rápidamente el reclamo en diciembre, después de que la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan dictaminara que Trump debía ser juzgado. Pero en lugar de eso, el tribunal superior esperó a que el circuito de D.C. también dictaminara que Trump no es inmune.

Por el contrario, la Corte Suprema permitió que el nombre de Trump permaneciera en la boleta de las elecciones primarias de Colorado menos de un mes después de escuchar argumentos para eliminarlo debido a su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Y en 1974, el tribunal ordenó al presidente Richard Nixon que entregara cintas secretas de conversaciones en la Casa Blanca 16 días después de escuchar los argumentos.

Alito y Thomas no se abstuvieron 

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas rechazaron los pedidos de los demócratas de que se abstuvieran de decidir el caso.

La esposa de Alito, Martha-Ann Alito, ondeó banderas sobre las casas de la pareja que fueron adoptadas por algunos partidarios de Trump que intentaban anular los resultados de las elecciones de 2020.

La esposa de Thomas, Virginia «Ginni» Thomas, ha argumentado repetidamente que las elecciones de 2020 fueron robadas y asistió al mitin «Stop the Steal» de Trump el 6 de enero de 2021.

Thomas, en una opinión que coincide con la de Roberts, pareció cuestionar si Smith es un fiscal legítimo para el caso.

«Si este proceso sin precedentes va a continuar, debe ser llevado a cabo por alguien debidamente autorizado para hacerlo por el pueblo estadounidense», escribió Thomas. «Por tanto, los tribunales inferiores deberían responder a estas preguntas esenciales relativas al nombramiento del fiscal especial antes de proceder». 

El caso es Trump contra Estados Unidos.

Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por Asbury Park Press y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by Reporte Hispano, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by Asbury Park Press and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.