El requerimiento de que los indocumentados se registren conlleva peligro para quienes lo cumplan, advierten organizaciones

Por Jacob Fischler / www.newjerseymonitor.com

Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes advierten a los migrantes sin estatus legal sobre los peligros de obedecer la directiva del Departamento de Seguridad Nacional de registrarse ante las autoridades, informaron líderes de las organizaciones a los medios durante una conferencia de prensa virtual.

Representantes de grupos de inmigrantes de todo el país afirmaron que el requisito, ratificado por un juez federal la semana pasada, es una herramienta de cumplimiento de la administración del presidente Donald Trump y que acatar la directiva de registro podría conllevar detenciones ilegales y deportaciones.

Los participantes en la conferecia no mencionaron explícitamente que estaban aconsejando a los migrantes sin estatus legal que no cumplieran con la directiva, pero sí indicaron que las personas afectadas deberían buscar primero asesoría legal.

«Esta herramienta tiene como objetivo identificar a personas para su detención, deportación y amenazarlas con prisión si no cumplen», declaró Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes.

“Estas acciones son aborrecibles para los valores de este país, y no nos quedaremos callados ante la crueldad como política migratoria oficial de esta administración. Nuestro mensaje para nuestra comunidad es que no están solos, tienen derechos, busquen asesoramiento legal y no están obligados a proporcionar información que pueda perjudicarlos a ustedes ni a sus familias.

Bajo el gobierno de Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, la administración ha enviado a «personas inocentes» a centros de detención en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y en la infame megaprisión de El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), afirmó Salas.

La administración ha detenido a inmigrantes de todos los estatus legales sin el debido proceso e ignorado las órdenes judiciales de revertir dichas acciones. Defensores de derechos humanos que participaron en la conferencia de prensa afirmaron que esto desafía la ley.

Los inmigrantes, incluso sin estatus legal en el país, “tienen derecho a una audiencia en los tribunales de inmigración”, declaró Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses.

La directiva, que exige que los inmigrantes que se hayan registrado en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos lleven siempre consigo un comprobante de su registro, también daría lugar a la discriminación racial contra los ciudadanos estadounidenses, según han afirmado los defensores.

No se han registrado ninguna persona

Salas afirmó que su organización, con sede en el sur de California, no tiene conocimiento de nadie que haya completado el registro.

Las personas obligadas a registrarse no tienen claro si les conviene cumplir, y la desconfianza en Trump, quien hizo campaña con una plataforma antiinmigratoria y ha violado sistemáticamente el debido proceso para los inmigrantes, es un obstáculo importante.

«Que sepamos, nadie se ha registrado todavía», declaró. «Hay mucha confusión en nuestra comunidad sobre si se deben hacer esto o no. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los riesgos? Y también quiero decir que… todo lo que ha hecho esta administración ha sido realmente perjudicial, por lo que la gente se lo está pensando».

La lucha legal continúa

El juez federal Trevor Neil McFadden, nombrado por Trump para el tribunal federal en 2017, rechazó el intento de los grupos de defensa de bloquear la directiva, afirmando en una orden la semana pasada que los grupos no habían demostrado haber sido perjudicados por la medida.

Sin embargo, la lucha legal contra la directiva continuará, afirmó George Escobar, jefe de programas y servicios de la organización de servicios para inmigrantes CASA.

Además de una posible apelación del fallo de McFadden, Escobar afirmó que sus organizaciones vigilarán muy de cerca cómo la administración lleva a cabo la medida, con especial atención a la discriminación racial, y no dudarán en presentar recursos judiciales.

«Haremos todo lo posible para combatir esto», declaró. «Esta podría ser una situación de perfil racial, donde las personas podrían ser detenidas en la calle solo por hablar en otros idiomas, por parecer inmigrantes, y se les tendría que exigir que demostraran que cumplen con los requisitos de registro».

Los representantes del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a un mensaje solicitando comentarios.