Trump pide a la Corte Suprema de EE.UU. que restablezca el plan de deportaciones bloqueado

Ariana Figueroa, States Newsroom vía New Jersey Monitor

WASHINGTON — La administración Trump presentó el viernes 28 de marzo una apelación de emergencia a la Corte Suprema de los Estados Unidos en un esfuerzo por reanudar las rápidas deportaciones de venezolanos acusados de vínculos a pandillas bajo una ley de guerra que un tribunal inferior bloqueó.

La procuradora general interina de Estados Unidos, Sarah Harris, argumentó en un escrito ante la Corte Suprema que la orden de restricción temporal de un juez federal este mes, y un fallo del tribunal de apelaciones del miércoles que lo confirmó, negaron erróneamente al presidente Donald Trump la autoridad para tomar decisiones sobre las operaciones de seguridad nacional, incluida la deportación de ciudadanos venezolanos que la administración menciona que están sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

«Las órdenes del tribunal de distrito han rechazado las sentencias del presidente en cuanto a cómo proteger a la Nación contra las organizaciones terroristas extranjeras y arriesgan tener efecto debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras», escribió Harris en su solicitud al tribunal.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo había sido invocada tres veces, durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

La administración Trump ha tratado de usarla de una manera nueva, cuando la nación no está oficialmente en guerra. La administración designó al Tren de Aragua, una pandilla que se originó en Venezuela, como un grupo terrorista extranjero, y argumentó que cualquier ciudadano venezolano de 14 años o más con sospecha de vínculos con la pandilla está sujeto a la proclamación.

El Juez de Distrito Estadounidense James E. Boasberg puso una orden de restricción temporal sobre el uso de la ley por parte de la administración Trump este mes, y el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos confirmó la orden esta semana. La administración pidió a la Corte Suprema que levantara la orden.

«Mientras las órdenes permanezcan en vigor, los Estados Unidos no puede confiar en la proclamación para eliminar a afiliados peligrosos con una organización terrorista extranjera, incluso si los Estados Unidos recibe indicios de que los miembros particulares (Tren de Aragua) están a punto de tomar medidas desestabilizadoras o infiltrantes», Harris dijo el viernes.

Extensión de la orden de restricción

La orden de restricción temporal de Boasberg sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros expirará el sábado. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó la demanda, solicitó que la orden se extendiera por dos semanas más.

La ACLU también planea solicitar a Boasberg que emita una orden judicial preliminar, que impediría a la administración realizar deportaciones bajo la ley hasta que finalice la demanda. Una audiencia está programada para el 8 de abril.

Boasberg ha rechazado la medida de la administración Trump de levantar su orden de restricción, sobre la base de que aquellos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros deberían tener el debido proceso para impugnar esas acusaciones.

En el Circuito del Distrito de Columbia esta semana, los abogados del Departamento de Justicia de la administración Trump argumentaron que aquellos sujetos a la proclamación no necesitan ser notificados de que están siendo destituidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La administración Trump también argumentó que aquellos que caen bajo la Ley de Enemigos Extranjeros pueden presentar un desafío de su detención bajo una reclamación de habeas corpus.

Desafían la orden verbal 

La Casa Blanca implementó discretamente la ley el 15 de marzo y una orden verbal de restricción dictada por Boasberg ese mismo día entró en vigor horas después.

En esa orden, Boasberg prohibió a la administración Trump aplicar la ley, pero tres aviones de deportación aterrizaron en El Salvador después de que se emitiera la orden. La administración Trump ha argumentado que su orden verbal no era ejecutable.

Boasberg también ordenó que cualquier persona sujeta a la Ley de Enemigos Extranjeros fuera devuelta a los Estados Unidos, pero los agentes federales de inmigración llevaron a más de 250 hombres a bordo de los tres vuelos a una prisión en El Salvador.

Boasberg ha prometido determinar si la administración Trump violó su orden de restricción al enviar los aviones de deportación a El Salvador, pero la Fiscal General Pam Bondi invocó el «privilegio de los secretos de Estado» para negarse a responder preguntas detalladas sobre los vuelos.

La solicitud de emergencia del viernes es una de las varias apelaciones relacionadas con la inmigración que la administración Trump ha hecho al tribunal superior, como la solicitud de levantar varias medidas cautelares a nivel nacional impuestas a la orden ejecutiva del presidente que pone fin al derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento.

Esta traducción fue proporcionada por El Latino News, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by El Latino News, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor and is republished under a special content-sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.