Tribunal de apelación escucha argumentos sobre ley que prohíbe las cárceles privadas de inmigración en NJ

Por Sophie Nieto Muñoz – www.newjerseymonitor.com

Un panel federal de apelaciones escuchó los argumentos en una disputa legal de alto nivel sobre una controvertida ley de Nueva Jersey que prohíbe los centros de detención de inmigrantes administrados por compañías privadas. Esta medida, según las empresas de prisiones privadas, obstaculiza la aplicación de las leyes migratorias del gobierno federal.

El Procurador General Jeffrey Feigenbaum, de la Fiscalía General de Nueva Jersey, argumentó que la ley no prohíbe los centros de detención por completo y que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían construir o arrendar un centro y operarlo por sí mismos sin interferir sustancialmente en las labores de aplicación de la ley.

«La ley dice que se debe considerar lo que está disponible, incluyendo la compra o el arrendamiento de instalaciones privadas. Esa es la preferencia», dijo. «Pueden comprar o arrendar instalaciones hoy y operarlas ellos mismos. Podrían comprar o arrendar el propio Centro de Detención de Elizabeth. Y si no existe, construir el suyo propio».

El núcleo del caso es una ley estatal de 2021 que prohíbe a las empresas privadas, así como a los gobiernos locales, de condado o estatales, renovar o firmar nuevos contratos para operar centros federales de detención de inmigrantes. CoreCivic, la empresa penitenciaria privada que administra el Centro de Detención de Elizabeth, demandó al estado por esta ley, alegando que viola la Cláusula de Supremacía al interferir con la aplicación de la ley migratoria. La cárcel de Elizabeth es el único centro estatal que actualmente se utiliza para la detención federal de inmigrantes.

En 2023, un juez federal anuló la parte de la ley que prohíbe a las empresas privadas detener a inmigrantes, y el estado apeló. La apelación se escuchó el jueves tras 18 meses de espera, y poco después de que otra empresa privada anunciara sus planes de abrir una nueva cárcel para inmigrantes en Newark. Es probable que la decisión se tome dentro de meses.

Durante la audiencia de dos horas en el Tribunal Federal James A. Byrne, el panel de tres jueces formuló preguntas difíciles a ambas partes. La jueza del Tercer Circuito de EE.UU., Cheryl Ann Krause, lo calificó como un «caso complejo y muy interesante».

Afuera, activistas se reunieron para expresar su apoyo a los inmigrantes en una batalla legal que se espera determine el alcance de la detención federal de inmigrantes en Nueva Jersey. Sostenían carteles instando al gobierno a «detener el secuestro de personas».

Feigenbaum explicó a los jueces de apelación que la ley no prohíbe a las autoridades federales detener a inmigrantes en Nueva Jersey. En cambio, simplemente no les permite contratar las instalaciones a una empresa privada. Si el Congreso aprobara una ley que estableciera «un derecho privado para proporcionar detención a una empresa como CoreCivic, entonces este sería un caso fácil», afirmó.

«La forma en que nuestra ley gestiona las cargas contrapuestas sobre los intereses privados es permitiendo que el Congreso tome esa decisión», añadió.

El juez del Tercer Circuito de EE.UU., Stephanos Bibas, lo acribilló a hipótesis, como si un estado podría prohibir a la Casa de la Moneda de EE.UU. contratar contratistas privados para imprimir dinero o prohibir a los contratistas de defensa fabricar municiones para el Departamento de Defensa. Feigenbaum explicó que esos casos dependerían de cómo esté redactada la hipotética ley.

La ley de Nueva Jersey no regula la detención migratoria —esa es la función del ICE—, sino el mercado de servicios penitenciarios, enfatizó Feigenbaum.

El equipo de CoreCivic replicó que la ley sería una «pesadilla» para la aplicación de la ley migratoria, que se ha intensificado drásticamente durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Sin centros de detención de inmigrantes en el norte de Nueva Jersey, cerca de aeropuertos internacionales, las autoridades federales tendrían que detener a personas en otros estados y pasar horas transportándolas a otros lugares, dijo Bradley Simon, abogado de CoreCivic.

«El gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre la aplicación de la ley migratoria, y esto supone un obstáculo enorme para sus esfuerzos por hacer su trabajo en el estado de Nueva Jersey y tendría un efecto catastrófico en toda la zona», dijo.

Los jueces cuestionaron si la ley de Nueva Jersey aumentaría los costos de la aplicación de la ley migratoria federal.

«Si la ley de Nueva Jersey entrara en vigor, tendría un costo enorme, pero va mucho más allá del costo; todo el análisis, el impacto que tendrá», dijo Simon.

La abogada McKaye Neumeister, representante del Departamento de Justicia de EE.UU., afirmó que los estados no pueden regular la relación entre el gobierno federal y las empresas con las que contrata. También señaló que el gobierno recurre a contratistas privados «constantemente, para todo tipo de tareas».

«Hay diversas funciones que el gobierno confía a contratistas, por diversas razones. En este caso, las razones son garantizar la flexibilidad y ahorrar costos», explicó.

Tras la audiencia, Dante Apaéstegui, de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, dijo que no le convencían los argumentos de CoreCivic de que la ley causaría estragos.

“Me desconcertó que dijeran que la ley sería la causa de separar a las familias, la causa de separar a las comunidades, no el hecho de que había un centro de detención allí en nuestras comunidades que se beneficiaba de su encarcelamiento”, dijo Apaéstegui.