Negocios hispanos y economía estatal en riesgo por las políticas migratorias de Trump

Kleibéel Marcano y Gery Vereau

La calle Monroe en Passaic se ve vacía. Pocas personas caminan por sus aceras y dentro de los establecimientos comerciales se observan escasos clientes. Es un viernes por la tarde del mes de agosto y esta calle, que meses atrás era habitual encontrarla abarrotada de inmigrantes caminando y entrando a los múltiples negocios hispanos que cubren las veredas, ahora luce casi desierta.

Suceli Salazar, propietaria de El Color de México, una tienda de artesanías y productos variados de México, ubicada en la Monroe Street, afirman que sus ventas han bajado un 80% desde el inicio del gobierno del presidente Donald Trump y la puesta en marcha de su represiva política migratoria.

“Las políticas migratorias de Trump me han afectado fuertemente el negocio. Mis ventas han bajado un 80%. Las ventas están peor que durante la pandemia del Covid. Es la peor época que he pasado en los 10 años que tengo con el negocio”, afirma la comerciante hispana. “La gente tiene miedo de salir a la calle, han perdido sus trabajos y no quieren gastar el poco dinero que tienen”, agrega.

Esta situación ha obligado a Salazar a despedir a los dos empleados que tenía y tratar de cambiar el enfoque de sus ventas. “El miedo que han generado las redadas de Trump han afectado mucho mi negocio, porque nos dedicamos a vender productos no indispensables, como artesanías. Esto me ha obligado a cambiar y comenzar a vender otros productos como dulces, hierbas y chiles secos para poder sobrevivir”, dice la hispana. “Ahora el negocio solo lo corremos mi familia y yo, no tengo empleados”.

Al igual que Salazar, cientos de otros negocios propiedad de hispanos en Nueva Jersey han visto descender significativamente sus ventas desde el inicio de la agresiva política migratoria del gobierno de Trump.

En El Especial Supermarket, ubicado en la misma calle, son las cinco de la tarde de finales de agosto y no hay afluencia de clientes, apenas dos personas comprando aguacates y bebidas gaseosas.

“El movimiento de las ventas ha bajado un poco en el último año, la gente compra menos, porque están guardado dinero por si se tiene que ir del país, esa es la realidad. En algún momento (la Administración Trump) tiene que darse cuenta que algunas de sus políticas están haciendo daño a los negocios” dijo Carlos, supervisor del abastecimiento mientras llenaba los estantes con fideos.

Gromex, una de las principales compañías distribuidores de frutas y vegetales y productos de Latinoamérica en Nueva Jersey y el área triestatal, cuyos clientes son supermercados, bodegas, restaurantes, panaderías y otros distribuidores pequeños, señala que sus ventas han descendido un 15% desde el inicio del gobierno del presidente Trump.

Miguel Martínez, representante de Gromex, con sede en Passaic, comenta que las políticas migratorias del gobierno federal están afectando negativamente al negocio, especialmente a todos los productos que vienen de California, como los vegetales, ya que tienen problemas con las cosechas porque la “mano de obra ya no está”.

Esta situación ha hecho que se incrementen considerablemente los precios. Como ejemplo, indica que una caja de pepinos costaba entre $19 y $23. Ahora ha subido a $34.

Martínez indica que la reducción en las ventas fue más pronunciada en los primeros tres meses del gobierno actual, pero desde entonces se han ido recuperando las ventas.

“La gente no tiene de otra que salir a la calle a trabajar y comprar comida, arriesgarse porque hay que comer, hay que seguir viviendo”, afirma el hispano.

Impacto en la economía

Nueva Jersey es sede de aproximadamente 140,000 negocios propiedad de latinos, lo que representa alrededor del 17% del total de las pequeñas empresas en el estado, según datos de la Cámara Estatal de Comercio Hispana de Nueva Jersey (SHCCNJ, por sus siglas en inglés).

El Producto Interno Bruto (PIB) generado por la comunidad hispana en Nueva Jersey supera los $194 mil millones anuales según el Latino Donor Collaborative. Un reciente informe de UCLA y Cal Lutheran encontró que ese valor en el caso de los latinos en todo el país alcanzó un récord histórico en 2023 con 4,1 billones de dólares, posicionándose ese año como el quinto PIB más grande del mundo en comparación con otras economías y superando a India, el Reino Unido y Francia.

Según Luis De La Hoz, presidente de la junta directiva de la SHCCNJ, se estima que los negocios hispanos en Nueva Jersey generan más de 250,000 empleos directos e indirectos, contribuyendo significativamente a reducir el desempleo y a incrementar la inclusión de comunidades diversas en el mercado laboral.

Solo la población indocumentada que reside en Nueva Jersey, que se estima en 475,000 personas según Pew Research Center, contribuyó en el 2022 a las arcas del estado y gobiernos locales con 1.3 mil millones de dólares en impuestos.

La disrupción de los negocios hispanos a causa de las políticas migratorias de la actual administración tendrá un efecto negativo no sólo en Nueva Jersey, sino también a nivel nacional.

Entre los sectores más vulnerables a las represivas políticas migratorias en el Estado Jardín están los restaurantes, la construcción, la agricultura y el sector de servicios personales en hogares y oficinas, de acuerdo al informe “Los impactos económicos y fiscales de la deportación masiva: ¿Qué está en riesgo en Nueva Jersey?” de la organización New Jersey Policy Perspective.

El informe indica que en Nueva Jersey el 48% del personal de las cocinas son inmigrantes. “La pérdida de estos trabajadores crearía una grave escasez de personal, obligaría a cerrar o reducir las operaciones en los restaurantes y afectaría negativamente a otros roles, como los de meseros y gerentes”, destaca el documento.

En el área de la construcción el informe indica que aproximadamente 112,000 inmigrantes laboran en este sector, lo que representa el 36% de la fuerza laboral. “Una reducción significativa de trabajadores inmigrantes en la construcción exacerbaría la escasez de mano de obra, aumentaría los costos de construcción y aumentaría drásticamente los costos en un momento en que Nueva Jersey enfrenta una crisis en la disponibilidad y asequibilidad de la vivienda”.

En el sector agrícola, el documento señala que más de la mitad de los trabajadores del campo son inmigrantes, en su mayoría indocumentados. Incluso una pequeña reducción del 5 al 10 por ciento en la mano de obra inmigrante conduciría a escasez de alimentos, precios más altos de los alimentos para las familias y costos laborales insostenibles para los agricultores.

Asimismo, el sector de servicios personales en hogares y oficinas, como conserjes, jardineros, manicuristas y personal de limpieza, son ocupados predominantemente por trabajadores inmigrantes. En Nueva Jersey, los inmigrantes representan el 46 % del personal de limpieza y el 74 % de las trabajadoras domésticas. Las deportaciones masivas provocarían una grave escasez de mano de obra en estos puestos, lo que afectaría tanto a hogares como a establecimientos comerciales. En consecuencia, los costos de estos servicios aumentarían, lo que afectaría los presupuestos familiares y las empresas de todo el estado, resalta el informe.

Miedo, angustia y abusos

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo el país y en Nueva Jersey han creado una atmósfera de angustia y miedo en las comunidades inmigrantes.

A medida que se ha creado esta “cultura del miedo, hemos escuchado a algunas personas mostrarse reacias a acudir a nuestros centros y hemos escuchado de algunos dueños de negocios locales que los negocios han disminuido porque la gente no está en la calle”, afirmó Gloria Guerrero Romero, de la organización New Labor.

Fausto Cabrera, ex-presidente Asociación de Choferes de Expresss Service, que mueve entre 40,000 y 50,000 pasajeros al día, en su mayoría inmigrantes hispanos, afirma que la disminución de pasajeros es notoria ante el miedo y la angustia que se ha desatado en la comunidad.

“La disminución de pasajeros en nuestro servicio comenzó con la epidemia del Covid-19, de allí en adelante había épocas que subía y otras en que bajaban, pero ahora, desde que comenzaron las redadas la baja es más notoria, porque la gente se está regresando a sus países o simplemente no salen de sus casas,” afirmó Cabrera.

Según cifras de Deportation Data Project, entre el 20 de enero y el 26 de junio ICE ha arrestado en Nueva Jersey a 2391 inmigrantes, de los cuales solo el 30% había sido convicto de algún delito.

Si bien las redadas y detenciones se producen a diario en todo el estado, varias han atraído la atención de los medios por las tácticas utilizadas y el número de personas detenidas. Entre ellas las redadas en julio en un almacén de distribución de licores en Edison, en donde fueron detenidos 20 inmigrantes, y otra en Princeton en la que apresaron a 15 inmigrantes. A finales de agosto, ICE también realizó una redada en un almacén de distribución de mercancía en Edison donde fueron detenidos 29 inmigrantes.

El miedo y la angustia se ha incrementado aún más tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia a principio de septiembre de permitir el uso del “perfil racial” a los oficiales de inmigración en sus redadas y operativos en Los Ángeles, California. Esta táctica pudiera extenderse a otros estados donde Trump ya ha señalado que pretende arreciar las redadas de ICE, incluyendo Nueva Jersey.

La jueza Sonia Sotomayor criticó enérgicamente esta decisión del tribunal advirtiendo que “No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado… El Gobierno, y ahora la parte concurrente, prácticamente ha declarado que todos los latinos, ciudadanos estadounidenses o no, que trabajan en empleos de bajos salarios son blanco legítimo para ser cuestionados ​​en cualquier momento, sacarlos de sus trabajos y retenerlos hasta que presenten pruebas satisfactorias para los agentes de su estatus legal».

Este ambiente de temor también le ha permitido a “patrones sin escrúpulos que ya se han estado aprovechando de los trabajadores a continuar haciéndolo, amenazándolos con la migra para mantener a los trabajadores en silencio”, afirma la representante de New Labor.

El robo de salario y los abusos laborales son algunos de los problemas que se han incrementado dentro de la comunidad indocumentada, según han reportado medios de comunicación nacionales.

New Labor considera que los dueños de negocios, por el bien de sus finanzas y la seguridad de sus empleados, deben tomar medidas para garantizar que su lugar de trabajo sea seguro para todos. “La mayoría de los establecimientos privados tienen derecho a denegar la entrada a los agentes de ICE si no existe una orden firmada por un juez federal y pueden colocar letreros que lo indiquen… esto es en beneficio de todos”, destaca la organización que agrupa a trabajadores inmigrantes.

Miguel Martínez, de Gromex, comenta que “nos gustaría que el presidente Trump respete a la gente que trabaja, que aporta para la economía. Los trabajadores pagan impuestos. El gobierno tiene fondos suficientes y tecnologías para investigar quienes realmente son criminales y tienen delitos, y enfocarse en ellos, pero no hacer lo que están haciendo de cargarse a todas las personas. No deben estar entrando a los negocios, granjas y fábricas y coger a todos los trabajadores que no son delincuentes”.

En su opinión, las medidas migratorias del gobierno son una receta para el fracaso económico del país. “Esta situación afecta a todos negativamente, hay menos consumidores, menos mano de obra, esto hace que suban los precios de los productos y los servicios, lo que hace que haya menos consumo, lo que genera pérdidas de empleo, reducción de las horas de trabajo, afectando aún más el consumo. Esto es una receta para el fracaso del país”.

This story is part of the NJ 2025 Reporting Fellowship, in collaboration with 15 local and community news organizations, the Center for Cooperative Media at Montclair State University, and NJ Spotlight News. The stories in this collaboration focus on immigration, education, healthcare, the economy, and the environment from the perspectives of diverse communities in New Jersey.