Demandan a la Patrulla Fronteriza por presunto abuso sexual

Dos hermanas guatemaltecas presentaron una demanda administrativa contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), por el presunto abuso sexual que sufrieron cuando fueron detenidas por agentes de esta agencia federal.

Según señalaron las hermanas Clara, de 19 años, y Lupe, de 17, los hechos ocurrieron el pasado 11 de julio tras ser detenidas por agentes de la patrulla fronteriza en El Presidio, Texas.

“Se llevó a mi hermana. Lamentablemente no pensé que le iba a hacer lo mismo a mi hermana, pensé que a mi me lo hizo por ser una adulta”, dijo Clara, una de las demandantes.

Tal como declararon, tras ser detenidas y requisadas por dos oficiales de CBP, las hermanas fueron llevadas a un almacén donde otro oficial las sometió a una nueva revisión y en donde se habrían producido los abusos.

“Me pidió que me quitara la ropa interior, diciendo que era su trabajo y que era por seguridad”, aseguró Clara.

La inmigrante alega que el oficial la llevó un cuarto de almacenamiento donde la hizo desnudar y la tocó en sus “partes íntimas” en repetidas ocasiones, siempre bajo el argumento de que hacía su trabajo. La hermana menor habría sufrido el mismo abuso, según dijo.

Clara asegura que denunció el hecho a otros agentes, pero éstos no creyeron su queja. Luego, otro oficial llenó un reporte.

Para Mitra Ebadolahi, abogada de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en los condados Imperial y San Diego, y que apoya a las inmigrantes en este caso, el hecho es representativo del patrón de abuso y acoso sexual que los agentes de CBP han mantenido desde hace varios años y que no se corrige.

“Parte del problema es que todo pasa dentro de la agencia misma, y no hay supervisión externa. Hay evidencia de que el CBP no está obedeciendo leyes federales que protegen a víctimas de abuso”, aseguró Ebadolahi.

En 2014, ACLU sometió un reclamo administrativo por reportes de abuso a 116 menores. Tras varios meses de investigación, la Oficina del Inspector General (OIG) cerró el proceso y obligó a los defensores de inmigrantes a presionar para que el gobierno tome acciones.

En este caso, Clarita advierte que los únicos testigos del estrés emocional que sufrieron tras el abuso del que habrían sido víctimas son otros indocumentados, pero el agente señaló en ese momento que lloraban porque las hermanas iban a ser separadas.

Al cabo de tres días detenidas, las jovencitas se reencontraron con su progenitora en Fresno, California, con quien se hallaban separadas desde hace más de diez años.

Las inmigrantes aseguran que en Guatemala su vida corría peligro y que viajaron a Estados Unidos buscando seguridad.

“Veníamos huyendo de Guatemala por miedo, no entendíamos porque una persona que ofrece seguridad nos hizo eso”, reflexionó Clara.

Como parte de la querella legal, las hermanas piden una compensación económica por el “sufrimiento y dolor emocional” que les causó el abuso.

De acuerdo a Angélica Salceda, abogada de ACLU del Norte de California, este proceso es el comienzo de lo que podría ser una dura batalla legal.

Para Ebadolahi esta clase de denuncias preocupan aún más a los defensores de los inmigrantes, ya que la Administración Trump quiere contratar a por lo menos otros 5.000 agentes para CBP.

Clara y su hermana están dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias legales.

“El hecho de que no seamos de este país no es para que no nos respeten, no somos animales para que nos traten de esta manera, mucho más a una niña que nos se puede defender”, indicó la menor de las hermanas.