Los indocumentados detenidos en la frontera sur en un año rozan el millón

Casi un millón de indocumentados fueron detenidos en los últimos doce meses mientras intentaban cruzar la frontera sur, una cifra que marca un récord desde 2007 pero que la Casa Blanca no planea utilizar para exigir nuevas medidas a México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

El dato, presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), se debe principalmente al fuerte auge en las detenciones de familias indocumentadas registrado la pasada primavera, que llevó a Washington a negociar con México, Guatemala, Honduras y El Salvador sendos acuerdos para contener la inmigración.

Desde que el país firmó con México el primero de esos pactos en junio, el número de detenciones ha ido a la baja, y el Gobierno atribuye a esos arreglos regionales el hecho de que los arrestos en septiembre apenas superaran los 52.000, un descenso del 65% respecto al pico de 144.255 consignado en mayo.

“Gracias a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) y todo nuestro Gobierno, la inmigración ilegal lleva cuatro meses seguidos bajando”, escribió el vicepresidente, Mike Pence, en su cuenta oficial de Twitter.

En total, al menos 978.769 indocumentados fueron detenidos o se entregaron a las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera con México en el año fiscal 2019, que va de octubre de 2018 a septiembre de 2019, de acuerdo con las cifras de la CBP.

Ese dato marca un aumento del 88 % respecto a las 521.090 detenciones registradas en el año fiscal 2018, aseguró el jefe en funciones de la CBP, Mark Morgan, en una conferencia de prensa. “Estos son números que ningún sistema migratorio del mundo está diseñado para manejar, incluido el nuestro”, subrayó Morgan.

La cifra de detenidos en la frontera no tiene precedentes desde 2007, y es especialmente significativa porque desde 2014, cuando comenzó la crisis de llegada de menores centroamericanos solos a la frontera sur, los arrestos en la zona limítrofe nunca han superado los 570.000 por año fiscal.

No obstante, la crisis aún queda lejos del récord de 1,6 millones de indocumentados arrestados que se alcanzó en el año 2000, cuando el perfil demográfico de los inmigrantes lo protagonizaban adultos mexicanos y no las familias de centroamericanos que llegan ahora mayoritariamente a la frontera.

El pico en la llegada de indocumentados registrado el pasado mayo llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, lo que forzó una negociación migratoria en la que México accedió a desplegar a la recién creada Guardia Nacional en su frontera con Guatemala.

También se comprometió a ampliar a toda la frontera norte el programa estadounidense de “Permanezcan en México” o PPM, que permite a Washington devolver al país vecino a quienes llegan a la zona limítrofe común y piden asilo (sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en el país.

“México ha decidido unirse a nosotros como verdaderos socios (…) Lo que están haciendo ahora mismo es increíble, es un grado de cooperación que saldrá en los libros de historia”, aseguró Morgan.

Al menos 51.000 indocumentados han quedado inscritos en el programa PPM, según Morgan, quien defendió que ese sistema les garantiza “protección y debido proceso”, pese a la dificultad de los abogados estadounidenses para defender a sus clientes en México y a los peligros que pueden enfrentar quienes esperan en ciertas áreas.

Paralelamente, la Casa Blanca ha recibido el aval del Supremo para implementar, al menos temporalmente, un programa que le da el poder de negar la entrada a cualquier solicitante de asilo que en su trayecto hacia EE.UU. haya pasado por otros países que tienen un sistema funcional de asilo, como México o Guatemala.En las últimas semanas, el Gobierno ha firmado acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras que buscan cumplir el mismo objetivo que esa política unilateral del país, aunque los detalles disponibles sobre los mismos son mínimos.