Dreamers piden al Tribunal Supremo suspender decisión sobre el DACA

Recipientes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pidieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos que tome en cuenta la crisis que vive por la pandemia del coronavirus y suspenda la decisión que debe tomar sobre el futuro de esta iniciativa.

En una carta enviada al Supremo por la coalición “Home is Here”, integrada por 150 organizaciones nacionales de soñadores, como se conoce a los 700.000 beneficiarios del programa, aseguraron que sería “catastrófico” perder la protección que han tenido bajo DACA en este momento de crisis y piden al máximo tribunal del país que considere las “consecuencias reales” de la pandemia.

En la carta se destaca que unos 27.000 beneficiarios de DACA trabajan en el área de la salud como enfermeras, dentistas, farmacéuticos, asistentes médicos o ayudantes del hogar, y que cerca de 200 son estudiantes de medicina, están haciendo su residencia o son médicos.  

La coalición hace alusión a otra carta enviada por la Asociación de Escuelas de Medicina de EE.UU. al Supremo en favor de la permanencia del DACA en la que aseguran que este país no está preparado para llenar las plazas que quedarían vacantes si los beneficiarios del DACA fueran excluidos de la fuerza trabajadora del área de la salud.

El DACA, creado en 2012 por el presidente Barack Obama y que protege a sus beneficiarios de la deportación, entre otros beneficios, fue eliminado por el presidente Donald Trump en 2017 y la batalla por su supervivencia llegó el pasado año al Supremo, que está cerca de dar a conocer su opinión de mantener la decisión del mandatario o si el programa continúa. 

Terminar DACA “privaría a 700.000 personas de sus protecciones de deportación, sus trabajos y, por lo tanto, su atención médica, que causaría estragos en un sistema de atención médica ya frágil” señalaron en un comunicado enviado por la organización Se Hace Camino Nueva York.

“Los miembros de la coalición ya están viendo el efecto devastador que esta pandemia mortal está teniendo en los receptores de DACA y sus seres queridos”, aseguran.

“El Supremo tiene la responsabilidad de considerar las nuevas circunstancias que ahora incluyen el cierre de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)”, donde los beneficiarios tienen que acudir a renovar documentos esenciales para estar en el país, indican además en el comunicado.

La carta fue enviada por el grupo de abogados del caso Batalla Vidal, una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump que presentó la organización Se Hace Camino Nueva York en 2017 y uno de los muchos que está evaluando el Supremo, luego de haber realizado una audiencia oral con argumentos en favor y en contra del DACA.

Jonathan Magdalena, beneficiario de DACA y enfermero en una unidad de cuidado intensivo en Los Ángeles (California) señaló que es testigo de lo que el COVID-19 está haciendo a la gente en este país.

“Trabajamos turno de 12 horas para poder atender el mayor numero posible de pacientes, a menudo con muy poca protección. Este es mi trabajo soñado y estoy complacido de estar en primera línea en la respuesta de la nación a la pandemia”, afirmó en el comunicado.

Sin embargo, destacó, en momentos en que se ha hecho un llamado para que personal sanitario regrese como voluntario para ayudar con la emergencia, “me preocupa que en cualquier momento el Tribunal Supremo pueda decidir en mi contra en este caso, cortando otro recurso para lidiar con esta amenaza”.

“Hay mucha gente con DACA trabajando en hospitales y centros de salud. Somos trabajadores esenciales. Déjenos ayudar a sanar a esta nación”, argumentó.

Eliana Fernández, también con DACA y una de las demandantes en el caso Batalla Vidal contra el Gobierno federal, aseguró que otros inmigrantes como ella trabajan “frenéticamente” para apoyar a sus familias y miembros de la comunidad que han sido más golpeados por la pandemia.“Urgimos a la corte que considere que eliminar DACA en este momento sería catastrófico, poniéndonos a nosotros y nuestras familias en riesgo”, dijo Fernández, quien trabaja en una organización comunitaria.