La pandemia pone en jaque la redistribución de distritos electorales en Texas

Kleibeel Marcano / Reporte Hispano

Los efectos a largo plazo que pudiera genera la pandemia del COVID-19 no sólo se sentirán en la economía y el sistema de salud, la participación política, especialmente de los grupos minoritarios, también pudiera quedar seriamente comprometida. Un ejemplo de esto es el estado de Texas, que en el 2021 debe realizar la redistribución de los distritos electorales.

En una teleconferencia de prensa realizada por Ethnic Media Service (EMS), Nina Perales, vice Presidenta de Litigación det Mexican American Legal Defense and Educational Fund, Inc. (MALDEF), advirtió que si el Congreso aprueba la solicitud del Censo de extender hasta abril del 2021 la fecha para entregar el reporte del conteo poblacional del país, esto “convertiría en un caos” el proceso de redistribución de los distritos electorales en Texas, aumentando la posibilidad de que los votos de las comunidades minoritarios sean dispersados para minimizar su influencia y representación política.

Perales recordó que en los últimos procesos de redistribución Texas ha sido demandado ante la corte por discriminar a las comunidades minoritarias, obligando al poder judicial a intervenir en el proceso.

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA MINORÍAS

Las cifras del Censo son utilizadas en todo el país para determinar la redistribución de los distritos electorales. Texas es el segundo estado más grande en cuanto a territorio (Alaska es el primero) y en cuanto a población (California es el más poblado).

En el último decenio, este estado ha tenido un incremento promedio de 1,000 personas al día, según explicó Lila Valencia, de la organización Texas Demographic Center, durante la teleconferencia de EMS.

El crecimiento poblacional proviene principalmente de los grupos minoritarios. Entre el 2000 y el 2010 el 86% del aumento poblacional fue generado por los grupos minoritarios no blancos. De este 86% , el 53% provino de la comunidad hispana, explicó Valencia. Actualmente sólo 30% de la población menor de 18 años es caucásica.

Pero los hispanos no son el único grupo que ha crecido en Texas, destacó Valencia. 

La comunidad asiática ha visto un crecimiento exponencial.  Antes del año 2000 la migración internacional que llegaba a Texas era en su mayoría latinoamericanos, especialmente mexicanos y centroamericanos. Los asiáticos sólo representaban el 19%. Actualmente, la migración internacional de los asiáticos a este estado representa el 32% de los recién llegados, mientras que los latinoamericanos son menos del 50%.

El crecimiento de la población asiática va a la par con el crecimiento de la población blanca en Texas, señaló Valencia. Esto ha hecho que Texas se convierta en un estado mucho más diverso. 

No obstante, estos grupos minoritarios siguen teniendo características sociales negativas, como mayores niveles de pobreza,  desempleo, carencia de seguro médico y acceso a servicios de salud,  y mayor desigualdad salarial.

“Esto trae como consecuencia la poca participación social de estas comunidades, cuando en los actuales momentos es más importante que nunca su participación”, destaca Valencia.

La menor participación social se observa claramente en las respuestas al cuestionario del Censo.

Katie Martín Lighfoot, Census Community Engagement Coordinator Center for Public Policy Priorities,afirmó en la teleconferencia de EMS que hasta la fecha de hoy las comunidades minoritarias son las que menos han respondido al cuestionario del Censo.

Martín Lighfoot señala que el 25% de la población en Texas se encuentran entre los grupos calificados como difíciles de contar. Dificultad que se ha incrementado con la pandemia del COVID-19.

En el 2010 se estima que unas 200 mil personas no fueron contadas en el Censo en Texas.  Para este año las estimaciones ascienden a una 500 mil personas que posiblemente no serán contadas por el Censo.

Esto se traduce en una perdida económica sustancial para el estado. Según Martín Lighfoot, por cada 1% de la población que no es contada el estado dejará de percibir en los próximos 10 años unos $300 millones de dólares por año.

REDISTRIBUCIÓN CAÓTICA

“Una persona, un voto”, esta premisa es la base para la redistribución de los distritos electorales. La ley establece que todos los distritos tienen que tener el mismo porcentaje de población. Por ese motivo, inmediatamente después de que concluye el Censo se hace el proceso de redistribución. Con los datos del Censo se busca garantizar una equidad política, explicó Nina Perales, de MALDEF.

En los distritos se eligen los Senadores, Congresistas, legisladores estatales, los Freeholders de los condados y las juntas educativas. 

“Mientras más personas se cuenten en una comunidad, mayores son las posibilidades de que tengan un representante electo”, explicó Perales.

Texas espera que el Censo tenga sus resultados en Diciembre del 2020 y en febrero emita al estado la data poblacional de los condados para la redistribución.

A partir de entonces comienza la lucha de múltiples intereses que buscan influir a su favor en la redistribución. Entre ellas están las poblaciones con un alto nivel de crecimiento que intentan crear un distrito en su área geográfica; los funcionarios electos que quieren un distrito que le garanticen su reelección; las jurisdicciones locales que quieren mantener sus fronteras dentro de un distrito; las minorías que buscan tener más distritos donde puedan elegir a sus candidatos; los partidos políticos que tratan de maximizar su poder; y los grupos de intereses comerciales que quieren distritos donde puedan concentrar su influencia.

“Es como un partido de futbol americano en donde en vez de dos equipos disputándose la pelota, hay seis u ocho equipos luchando por hacerse dueños de la pelota”, ejemplificó la representante de MALDEF.

Si Congreso aprueba que el Censo entregue su reporte en Abril, se altera todo el proceso de redistribución en Texas. 

Esto podría suponer negociaciones menos transparentes y menos tiempo para litigaciones judiciales en caso de que se concluya con un mapa electoral que discrimine a las minorías, como ha sido el caso en el estado desde 1990, cuando en cada decenio la Corte Suprema del estado ha tenido que intervenir para resolver las demandas de discriminación que se han presentado, resaltó Perales.