Familia desalojada y abusada pelean por sus derechos en Plainfield

A pesar de pagar su renta puntualmente, Rubén Sánchez, su esposa Gladis Velásquez y su pequeña hija de tres años fueron desalojados de su vivienda por la dueña de la propiedad quien no solo violó la orden del gobernador que prohíbe los desalojos de inquilinos durante la pandemia, sino también la orden del tribunal del condado que amparaba a esta familia, actuando impunemente ante la indiferencia de las autoridades de Plainfield.

“Esta familia ha sido abusada por la landlord y las autoridades en Plainfield han permitido esto, a pesar de las ordenes del juez. Ellos tienen una niña de tres años y Gladis esta discapacitada por un accidente en la que perdió una pierna, y pese a ello han permitido este abuso”, afirmó Carmen Salavarrieta, de la organización Ángeles en Acción que ha estado prestando ayuda a la pareja.

Rubén Sánchez trabajó en las reparaciones de los apartamentos de una propiedad de Maritza Brackman, ubicada en el 1114 Myrtle Ave, en Plainfield. Durante la construcción pidió a Brackman que le alquilará uno de los apartamentos. La propietaria aceptó y él le pago $1,200 de depósito y se mudó al apartamento con su familia el 15 de marzo de este año. Brackman también alquiló otro apartamento al afroamericano Michael Harrell, a quien nombró conserje encargado del cobro de la renta.

El hispano comenta que los dos primeros meses pago la renta con trabajos en los otros tres apartamentos de la propiedad, que aún no estaban terminados. Luego hizo los pagos en efectivo, por el cual Harrell le daba un recibo.

Todo iba bien, hasta el mes de julio cuando Brackman sin previo aviso le exigió a Sánchez y a Harrell desocupar de inmediato los apartamentos. Ambos se negaron y la propietaria comenzó una serie de acosos contra los inquilinos. 

“Esta propiedad no ha sido inspeccionada por la ciudad. No tiene autorización para ser ocupada. Por eso es que ella los quería sacarlos antes de que vinieran los inspectores”, afirmó Salavarrieta

Los hispanos señalan que en varias ocasiones los insultó con epítetos racistas y les amenazó con llamarles a las autoridades de inmigración. Como no desalojaban, procedió entonces a cortar el servicio de agua y electricidad para presionar la salida.

Después de que los servicios fueron cortados, Brackman llamó al Departamento de Protección y Permanencia de los Niños (DCPP),  antes denominado DYFS, para pedirle que le quitaran la niña a la pareja por residir en un lugar sin servicios.

Ante el acoso, la pareja contrato al abogado Evans Anyanwu. Salavarrieta explica que los funcionarios de DCPP reubicaron a la pareja en un hotel durante tres semanas mientras se resolvía la disputa legal. 

La pareja hispana señala que solo iban al apartamento, donde estaban sus pertenencias, a buscar ropa u otras cosas. Pero la dueña continuaba llamando a DCPP diciendo que ellos estaban durmiendo con la niña en el apartamento.

Salavarrieta afirma que en la corte, el pasado 11 de septiembre, Brackman afirmó que tanto los hispanos como el afroamericano habían invadido la propiedad y estaban allí de manera ilegal sin su consentimiento. Pero las pruebas entregada por los inquilinos, recibos de pagos y mensajes de texto, probaron que no era cierto la acusación de la propietaria y el juez de la Corte Superior del Condado de Union, Mark P. Ciarroca,  ratificó la orden de restricción contra Brackman y ordenó detener la construcción en la propiedad hasta una nueva audiencia.

Sánchez y su esposa Gladis lograron que los vecinos de la propiedad adjunta les alquilaran una habitación de manera temporal mientras se resuelve la situación.

Desde allí pudieron ver con asombro, la primera semana de octubre, como Brackman junto a dos hombres les sacaron todas sus pertenencias del apartamento al patio de la propiedad y cambiaron las cerraduras de la casa y el apartamento.

“Vino la policía y dijo que habían autorizado que saquen las cosas, a pesar de que hay una orden del juez que prohíbe esto. Les reclamamos a la policía y dijeron que vayamos y rompiéramos la cerradura y volviéramos a meter las cosas, que ellos ya estaban cansados de estar yendo para allá”, afirmó Salavarrieta.

La activista hispana les recomendó a Rubén y Gladis no seguir el concejo de la policía, ya que luego pudieran ser arrestados por daño a la propiedad y traspaso de propiedad privada.

Esa noche, la lluvia daño muebles, juguetes y muchas otras pertenencia de la pareja, quienes aún pueden ver desde la ventana de la habitación que les alquilaron los vecinos como sus pertenencias se encuentran tiradas en el patio bajo la intemperie del clima.

“Esto ha sido un abuso muy grande. Esta señora (Brackman) parece que tiene gente adentro de la policía y la alcaldía que permiten todos estos abusos sin que la arresten, pero nosotros vamos a seguir peleando este caso”, afirmó Salavarrieta, quien agregó que actualmente buscan la ayuda de abogados probonos, ya que el abogado Anyanwu que lleva el caso no quiere continuar porque la pareja no ha podido pagar todos sus honorarios.

Salavarrieta explicó que por ahora esperan que la corte señale la nueva fecha de audiencia para este caso y buscan los servicios de un nuevo abogado que continúe con el caso.

Reporte Hispano no pudo contactar con Brackman para escuchar su versión del caso.