Fiscalía argumenta que está muy tarde la demanda contra el cierre de la cárcel de ICE en Elizabeth

Por Sophie Nieto Muñoz / www.newjerseymonitor.com

El intento de un operador de una prisión privada para que Nueva Jersey deje de aplicar la ley que prohíbe los contratos de detención de inmigrantes debería ser rechazada por un juez porque esperó demasiado para demandar, argumenta la Oficina del Fiscal General en una nueva presentación judicial.

La moción de CoreCivic para una orden judicial preliminar para detener la aplicación de la ley se produjo casi dos años después de que el gobernador Phil Murphy firmara la legislación y entrara en vigor, señala el fiscal general adjunto David Chen en la moción del estado que se opone a una orden judicial preliminar, presentada en un tribunal federal. 

“La ley de Nueva Jersey ha estado vigente durante años; desde entonces, otras instalaciones han dejado de brindar servicios de detención de inmigrantes y sus detenidos fueron trasladados o liberados con éxito; y nada impidió que los demandantes introdujeran su demanda cuando la ley entró en vigencia en 2021, sin esta emergencia creada por ellos mismos”, escribió Chen.

CoreCivic, que administra el último centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey ubicado en Elizabeth, está demandando a Murphy y a la Oficina del Fiscal General por la ley, que prohíbe a la compañía renovar su contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. para detener a inmigrantes en su cárcel de Elizabeth.

En una presentación a principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU. se puso del lado de CoreCivic y dijo que la ley tendrá un impacto “catastrófico” en la inmigración y la seguridad nacional si obliga a cerrar la cárcel de Elizabeth.

Pero la nueva moción del estado dice que no hay base para “el desfile de cosas horribles que Estados Unidos afirma que ocurrirá”.

El contrato actual de CoreCivic con ICE para retener a migrantes detenidos en el Centro de Detención de Elizabeth vence el 31 de agosto.

La compañía y el Departamento de Justicia de EE. UU. argumentan que la ley estatal viola la cláusula de supremacía de la Constitución de EE.UU., que prohíbe a los estados anular los estatutos federales. Los abogados de Nueva Jersey cuestionan ese argumento, diciendo en la presentación que ninguna ley federal requiere que un estado ponga a disposición centros de detención privados, o que otorgue a las empresas privadas el derecho de detener a las personas.

La intención de la ley de 2021 es poner fin a las prácticas abusivas de detención y proteger la salud y la seguridad de los detenidos en Nueva Jersey, escribió, citando casos anteriores que dicen que los problemas de salud y seguridad tradicionalmente caen bajo la regulación estatal.

En los últimos años, numerosos gobiernos como el de Nueva Jersey han determinado que “el encarcelamiento privado es inconsistente” con esa responsabilidad, dijo Chen. También señaló una serie de violaciones en las instalaciones de CoreCivic en otros estados que van desde el abuso verbal hasta el confinamiento solitario prolongado.

Recientemente, en 2018, dijo, un grupo de derechos humanos informó haber encontrado gusanos en las duchas, comida llena de gusanos, atención médica insuficiente y confinamiento solitario en represalia en las instalaciones de Elizabeth.

“Durante décadas, Nueva Jersey ha reconocido los daños inherentes a las empresas privadas con fines de lucro que brindan servicios de detención, y el estado ha prohibido durante mucho tiempo su uso para correcciones penales”, escribió Chen.

Nada impide que el gobierno federal construya sus propios centros de detención, lo que todavía está permitido por la ley estatal y de acuerdo con lo que exigen los estatutos federales, señaló Chen. La ley estatal solo regula a los contratistas estatales, locales y privados.

El centro de Elizabeth puede albergar a unos 300 detenidos, pero en los últimos años, el gobierno federal solo ha utilizado la mitad de esa capacidad, con una población diaria promedio de 156 en lo que va del año, según ICE.

Chen señaló que hay seis ubicaciones en Pensilvania y Nueva York que tienen contratos con ICE. La administración de Biden ha llamado a la instalación de Elizabeth “de misión crítica” debido a su proximidad a los aeropuertos de Newark y JFK. Dice que el cierre del centro resultaría en más costos de transporte y horas extras y podría conducir potencialmente a la liberación de “no ciudadanos peligrosos”.

Otras tres instalaciones que alguna vez albergaron hasta cinco veces más detenidos, en los condados de Bergen, Hudson y Essex, han transferido personas y dejado de albergar a inmigrantes detenidos “sin frustrar la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo Chen.

Se espera que todas las partes comparezcan ante el tribunal a finales de este mes para presentar sus casos ante el juez.