Por qué los precios más bajos de los medicamentos recetados pueden llegar más tarde que pronto

Autoridades estatales y federales tienen nuevos poderes para examinar los precios y negociar costos más bajos, pero existen impedimentos

Benjamín J. Hulac, NJ Spotlight News

WASHINGTON – A finales de 2012, cuando la farmacéutica Gilead estaba decidiendo el precio que cobraría a los pacientes por los medicamentos para tratar la hepatitis C, una infección que daña el hígado, los analistas de la empresa elaboraron una hoja de cálculo.

Su presentación codificada por colores sopesó muchas variables: desde cómo reaccionarían los médicos y grupos médicos, hasta el dinero que generaría el medicamento y si un precio alto podría atraer la atención del Congreso.

Después de considerar precios de $50,000 a $115,000 dólares para un tratamiento, Gilead eligió $84,000, una suma que provocó indignación y una investigación bipartidista del Comité de Finanzas del Senado que finalmente reveló documentos internos y correos electrónicos en los que los ejecutivos defendían el costo.

«Mantengamos nuestra posición independientemente de lo que hagan los competidores o de los titulares», escribió un ejecutivo de Gilead en un correo electrónico de 2014 que luego se hizo público.

Más de una década después, las autoridades de Nueva Jersey y Washington, D.C., tienen nuevos poderes para examinar las formas bizantinas y a menudo turbias en que las compañías farmacéuticas fijan sus precios y para negociar costos más bajos de los medicamentos recetados, que son alrededor de 2.8 veces más caros en los Estados Unidos que en otras naciones ricas, según RAND Corporation, una organización de investigación no partidista.

Pero es posible que el público no vea algunos de los beneficios de estos nuevos mecanismos en los próximos años, y el gobernador Phil Murphy aún no ha nominado a los miembros para la junta estatal de salud sobre la asequibilidad de los medicamentos, después de que no cumplió con el plazo de enero.

El verano pasado, Murphy promulgó un trío de proyectos de ley que, entre otras medidas, limitaban los costos mensuales de la insulina, los EpiPens y los inhaladores para el asma. Una ley creó el Consejo de Asequibilidad de los Medicamentos, una junta creada para recopilar información sobre los precios de los medicamentos y hacer recomendaciones a la Legislatura.

Los misterios de los precios de los medicamentos

«Por primera vez, tenemos una entidad estatal que es responsable de comprender los precios de los medicamentos», dijo en una entrevista Crystal McDonald, directora estatal asociada de promoción de la sucursal de AARP de Nueva Jersey. «Tratar de averiguar por qué los precios son tan altos es muy confuso. Hay muchos operadores».

El consejo de cinco personas, que por ley no puede incluir a representantes de la industria farmacéutica, también realizará audiencias públicas sobre los precios de los medicamentos. Pero eso no puede ocurrir hasta que Murphy nombre personas para la junta.

«El gobernador Murphy estuvo orgulloso de firmar una legislación en 2023 para ayudar a que los medicamentos recetados sean más asequibles para los habitantes de Nueva Jersey, brindando un alivio muy necesario a innumerables familias en todo nuestro estado que luchan por pagar medicamentos críticos y promoviendo la transparencia de los precios de los medicamentos recetados en toda la cadena de suministro», afirmó Natalie Hamilton, vocera del gobernador, a través de un correo electrónico.

Hamilton no proporcionó una respuesta oficial sobre por qué el gobernador no ha nombrado miembros de la junta.

Ocho estados tienen estas juntas, generalmente conocidas como «juntas de asequibilidad de medicamentos recetados», de acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

«Maryland fue el primero. Son pioneros», dijo Laura Waddell, directora del programa de atención médica de New Jersey Citizen Action, un grupo de defensa, durante una entrevista con NJ Spotlight News.

Nueva Jersey se queda atrás

«Nueva Jersey está unos pasos atrás», dijo en una entrevista Brittany Holom-Trundy, analista principal de políticas de New Jersey Policy Perspective, un grupo de expertos de tendencia izquierdista, y agregó que el estado puede aprender de otros con sus propias juntas. «Podemos ver qué funciona y qué no».

Los debates sobre los precios de los medicamentos pueden derivar en acusaciones contra aseguradoras, fabricantes de medicamentos y administradores de beneficios farmacéuticos —compañías que operan como intermediarios entre las compañías farmacéuticas y las aseguradoras de salud— y retrasar las medidas para reducir los costos, dijo Holom-Trundy. «Es una forma de evitar el cambio».

Sin una visión del proceso interno de cómo se alcanzan los precios, es difícil para el público saber qué está sucediendo, señaló. 

«Ese es su trabajo», dijo Holom-Trundy sobre el Consejo de Asequibilidad de los Medicamentos. «Para abrir esa caja negra».

El gobierno federal también tiene una nueva herramienta para investigar los precios de los medicamentos recetados: la nueva capacidad de negociar precios más bajos para los medicamentos a través de Medicare, debido a una disposición de la Ley de Reducción de la Inflación, una ley federal de 2022 que comprende impuestos, atención médica y clima.

La negociación de los precios de Medicare

Ese proceso comenzó en agosto cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services) nombraron los primeros 10 medicamentos para la primera ronda de negociaciones con los fabricantes de medicamentos.

En 2022, 9 millones de adultos mayores y otros beneficiarios de Medicare pagaron $3,400 millones de dólares solo por esos 10 medicamentos, incluido el anticoagulante Eliquis y el medicamento para la diabetes Jardiance, según la Casa Blanca.

Empoderar a Medicare, el sistema federal de seguro médico para estadounidenses mayores, para negociar precios más bajos con las compañías farmacéuticas era un objetivo de larga data de los grupos de consumidores.

«Puedo remontarme a la década de 1950, cuando el Congreso celebraba audiencias sobre los altos precios de los medicamentos recetados», dijo en una entrevista Leigh Purvis, directora de políticas de medicamentos recetados del Instituto de Políticas Públicas de AARP. «Este es realmente un cambio fundamental en la forma en que abordamos los precios de los medicamentos recetados en este país».

Los precios negociados en la primera ronda de negociaciones para los medicamentos bajo el programa Medicare Parte D —para los medicamentos que las personas recogen en las farmacias— entrarán en vigor en 2026. Está previsto que los precios finales de los primeros 10 medicamentos se hagan públicos el 1 de septiembre.

La Parte D de Medicare cubre alrededor de 55 millones de personas. Las negociaciones para la Parte B de Medicare, que cubre aproximadamente a 10 millones de afiliados, se llevarán a cabo en una ronda de conversaciones diferente.

Anne Shoup, directora de comunicaciones de Protect Our Care, un grupo de izquierda formado en 2017 para proteger la ley de atención médica de 2010 conocida como Obamacare, dijo que permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos debería ahorrar dinero público en el presupuesto federal.

«Esto realmente empezará a beneficiar también a los contribuyentes, porque nosotros somos los que pagamos la factura», dijo Shoup en una entrevista.

Los beneficios de las empresas

Durante una audiencia reciente en el Senado, los directores ejecutivos de tres importantes compañías farmacéuticas con sede en Nueva Jersey —Bristol Myers Squib, Merck y Johnson & Johnson— defendieron sus precios, diciendo que reinvierten gran parte de sus ganancias en la fabricación de nuevos medicamentos, que puede requerir miles de millones de dólares. 

Sin embargo, los tres ejecutivos dijeron que sus empresas a menudo cobran menos en países extranjeros y obtienen ganancias. 

Por ejemplo, el precio de lista de Keytruda, un medicamento contra el cáncer, es de $191,000 dólares al año en Estados Unidos. En Canadá el mismo medicamento cuesta $112,000 dólares y en Japón el precio es de $44,000 dólares. 

«¿Merck obtiene beneficios vendiendo Keytruda en Japón?» preguntó el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont y presidente del comité, al director ejecutivo de Merck, Robert Davis. «Sí, los obtenemos», respondió Davis. 

Comparar los sistemas de atención médica entre países es complicado y los pacientes estadounidenses tienen un mayor acceso a los medicamentos recetados, dijo Davis. «En los Estados Unidos se obtiene acceso más rápido y más que en cualquier otro lugar del mundo».

Juaquín Duato, director ejecutivo de Johnson & Johnson, reconoció que los precios suelen ser más caros a nivel nacional. «Los precios en Estados Unidos son generalmente más altos para los medicamentos», dijo Duato, y agregó que la proporción de los gastos en productos farmacéuticos fuera de los costos generales de atención médica es menor en Estados Unidos que en otras naciones ricas. «La verdadera diferencia es que en Estados Unidos los pacientes tienen acceso a terapia, terapia que salva vidas, años antes» que en otros países ricos, dijo. 

Un informe publicado por el comité encontró que los estadounidenses frecuentemente pagan más por los medicamentos que los residentes de otras naciones industrializadas.

Demandas y cabildeo

Merck gastó $10.18 millones de dólares cabildeando al gobierno federal el año pasado, según el grupo de vigilancia no partidista OpenSecrets, un registro de la compañía.

Johnson & Johnson también gastó mucho en cabildeo, desembolsando $7.49 millones de dólares el año pasado, una caída con respecto a los $7.81 millones de 2022, pero sigue siendo el tercer total anual más alto que la compañía ha gastado jamás, según los registros disponibles. 

Ambas empresas y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, un grupo comercial conocido como PhRMA que representa a la industria y gastó $27.6 millones de dólares en 2023, presionaron para que se aprobara la legislación que otorgaba a Medicare la autoridad para negociar precios más bajos. 

El año pasado, PhRMA presentó una demanda para bloquear la implementación de la nueva autoridad de negociación de medicamentos de Medicare, argumentando que el Congreso delegó demasiado poder al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa Medicare, para fijar los precios.

Una corte federal de Texas desestimó ese caso el lunes. Bristol Myers Squibb, Merck, Johnson & Johnson y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un grupo de presión para grandes corporaciones, también han presentado demandas contra la nueva política de Medicare.

«No voy a entrar en los detalles de nuestro cabildeo, pero es fundamental que sigamos educando a los legisladores sobre los peligros que la ley ya está teniendo para la innovación y la investigación y el desarrollo», dijo Sarah Ryan, portavoz de PhRMA, en un correo electrónico.

Factores de costo

El grupo comercial apoyó algunos elementos de la nueva ley federal, como su límite anual de $2,000 en los costos de bolsillo de los medicamentos recetados (no reembolsados por el seguro), dijo Ryan.

Los costos de los medicamentos son altos en gran parte porque tres «PBMs controlan el 80% del mercado», dijo Ryan, refiriéndose a las entidades administradoras de beneficios farmacéuticos (PBM, por sus siglas en inglés).

El Institute for Clinical and Economic Review, una organización sin fines de lucro que rastrea los precios de los medicamentos, compila su propio análisis de lo que deberían costar los medicamentos.

Sarah Emond, presidenta y directora ejecutiva, dijo que las revelaciones en el caso Gilead de hace una década fueron interesantes porque socavaron la noción de que los precios de los medicamentos generarían un «beneficio saludable» para ser canalizados en nuevos proyectos.

«Tampoco había mucho en ese gráfico que hablara sobre la recuperación de costos de investigación y desarrollo», señaló Emond.

No es necesariamente malo que Estados Unidos gaste más fondos de su atención médica en medicamentos, si las vidas de los pacientes mejoran, dijo Emond. «Es decir, hospitalizaciones evitadas y personas más sanas», dijo Emond. «Pero en este momento no tenemos eso», ella explicó. «En este momento, el gasto no está necesariamente ligado a un mayor valor para los pacientes».

Esta traducción fue proporcionada por New Jersey Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por NJ Spotlight News y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by New Jersey Hispano, in partnership with the Montclair State University Cooperative Media Center, and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by NJ Spotlight News and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.