Tribunal federal de apelaciones evalúa destino del programa DACA

WASHINGTON — Después de concluir los argumentos orales el jueves 10 de octubre, un panel de jueces federales determinará el destino de un programa que ha protegido de la deportación a más de medio millón de inmigrantes que carecen de estatus legal permanente y que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA por sus siglas en inglés, un programa que ha durado 12 años que se suponía que sería temporal durante la administración del Presidente Obama mientras el Congreso aprobaba un camino hacia la ciudadanía, se ha visto atrapado en una batalla de años después de que la administración Trump decidió ponerle fin al programa.

Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de la organización de inmigración juvenil United We Dream, dijo en un comunicado que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito debería rechazar la «demanda infundada» presentada por Texas y otros estados.

«Los beneficiarios de DACA han resistido más de una década de ataques por parte de funcionarios violentos y anti inmigrantes y han mantenido viva la iniciativa gracias a su coraje y resiliencia», dijo Rosas. «Insto al presidente Biden y a todos los funcionarios electos a que traten este momento con la urgencia que requiere y a que tomen medidas audaces y rápidas para proteger a todos los inmigrantes de una vez por todas».

Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones escuchó argumentos orales en nombre del programa del Departamento de Justicia, el estado de Nueva Jersey y un grupo de derechos de inmigración, todos defendiendo la legalidad de la regla final de 2021 de la administración Biden para codificar el programa.

El año pasado, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas lo declaró ilegal y permitió que los actuales beneficiarios de DACA continuaran renovando su estatus, pero prohibió la entrada de nuevos solicitantes.

El Departamento de Justicia y otros pidieron a los jueces de la corte de apelaciones que consideren tres cosas: cuestionan si el estado de Texas tiene legitimidad para demostrar que fue perjudicado por DACA; si la regulación es legal dentro de la autoridad presidencial; y si el tribunal de primera instancia tenía autoridad para emitir una orden judicial a nivel nacional contra el programa.

Los jueces son Jerry Edwin Smith, designado por el ex presidente Ronald Reagan; Edith Brown Clement, designada por el ex presidente George W. Bush; y Stephen A. Higginson, designado por el ex presidente Barack Obama.

El Quinto Circuito en Nueva Orleans cubre Luisiana, Texas y Mississippi, y normalmente emite fallos conservadores.

Joseph N. Mazzara, hablando en nombre del estado de Texas, afirmó que DACA perjudicaba al estado porque hay un «costo de bolsillo para Texas en lo que respecta a educación y atención médica».

Dijo que el fin de DACA probablemente llevaría a los beneficiarios a auto deportarse y «regresar a su país de origen», lo que, según él, aliviaría los costos financieros de Texas.

Podrían pasar semanas o meses hasta que se emita un fallo, que probablemente llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos, y el destino de DACA podría quedar en manos de la administración entrante.

En 2020, la Corte Suprema revocó la decisión de la administración Trump de poner fin al programa, pero con el argumento de que la Casa Blanca no siguió el procedimiento adecuado. El alto tribunal no se pronunció sobre si el programa en sí era ilegal o no.

Posición de los estados

Brian Boynton argumentó en nombre de la administración Biden.

Argumentó que los ocho estados que demandaron a la administración Biden junto con Texas no tienen legitimidad porque no demostraron ningún daño causado por DACA.

Otros estados que desafían DACA son Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, West Virginia, Kansas y Mississippi.

«Cualquier persona en el estado de Texas, sea ciudadana o no, tiene derecho a exactamente los mismos tipos de servicios, servicios de atención médica de emergencia y educación pública desde el kindergarten hasta el grado 12», dijo. «No es una situación en la que solo alguien con DACA tiene derecho a los servicios».

Boynton pidió al panel que mantenga la política del juez de distrito estadounidense Andrew Hanen de mantener DACA vigente para los beneficiarios actuales (alrededor de 535,000 personas) si el tribunal decide eliminar el programa mientras DACA continúa en el proceso de apelaciones.

En 2021, Hanen dictaminó que DACA era ilegal y determinó que la administración Obama excedió su autoridad presidencial al crear el programa. Permitió que los actuales beneficiarios de DACA permanecieran en el programa, pero prohibió al gobierno federal aceptar nuevos solicitantes.

Se estima que hay 95,000 solicitantes que están bloqueados debido a esa orden, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

La administración Biden luego procedió a elaborar normas formales, que Hanen revisó y nuevamente consideró ilegales, lo que motivó la apelación ante los tres jueces.

Boynton se opuso a una orden judicial a nivel nacional que impidiera a los beneficiarios de DACA solicitar el programa.

«Con respecto a la idoneidad de las medidas cautelares a nivel nacional, está muy claro que una medida cautelar debe estar redactada de manera estricta para brindar una solución solo a la parte perjudicada, y en este caso esa parte sería Texas», dijo.

Nina Perales, del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación), argumentó que Texas en sus argumentos legales está incluyendo los costos de gastos para los estudiantes en escuelas K-12 que no pueden ser beneficiarios de DACA porque esos beneficiarios tienen más de 18 años y han superado la edad límite para participar del programa.

Perales abordó el argumento de la atención médica de Texas y dijo que Texas no mostró los costos de salud incurridos solo por los beneficiarios de DACA.

«Texas señala el gasto en atención médica en toda la población inmigrante indocumentada, según los cálculos del estado», dijo. «No en los beneficiarios de DACA».

«Se entiende ampliamente que los beneficiarios de DACA en general brindan un beneficio neto a su estado», agregó.

Esta traducción fue proporcionada por The Latino Spirit, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por States Newsroom vía New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by The Latino Spirit, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by States Newsroom via New Jersey Monitoraca

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