Las restricciones telefónicas en prisión duelen, especialmente en estos días festivos, afirman los defensores

Por Sophie Nieto Muñoz, New Jersey Monitor

Janean Owens pasó 17 años encarcelada en el Centro Correccional Edna Mahan, ingresó en prisión a los 21 años y dejó a un hijo pequeño afuera. Para ella, los teléfonos destartalados del centro eran una ventana al resto del mundo.

Owens recordó no solo como tuvo que pelearse con otras 30 a 45 mujeres para poder usar uno de los dos teléfonos que funcionaban en el pasillo, sino también cuando le revocaron el acceso al teléfono cuando los funcionarios la enviaron a una celda restrictiva. Recordó que una vez pasó 30 días sin privilegios de teléfono.

«Fue una tortura total para mí porque no sabía qué estaba pasando con mi familia, y eso fue lo que más me dolió. Mi hijo pensaba que simplemente no quería llamarlo, pero simplemente no podía llamarlo», relató en una entrevista con New Jersey Monitor.

Este sentimiento se vuelve especialmente agudo alrededor de los días festivos, señaló Owens.

«Quieres hablar con tu familia, preguntarles: ‘¿Qué hay para Navidad? ¿Qué vas a comprar?’. Algunas cosas habituales te mantienen con los pies en la tierra. ‘¿Qué vas a comer para Acción de Gracias?’. Lo mínimo que puedes hacer es hablar por teléfono tanto como puedas, mientras puedas», dijo.

Mientras los legisladores reflexionan sobre la posibilidad de limitar la frecuencia con la que se pueden revocar los privilegios telefónicos como castigo tras las rejas, los abogados y las personas que estuvieron en prisión dicen que el problema es más profundo.

No hay suficientes teléfonos para los presos, lo que a menudo conduce a peleas. Las prisiones con poco personal pueden traducirse en la ausencia de llamadas durante días seguidos. Y algunos presos han señalado que tienen tan poco tiempo fuera de sus celdas a diario que a veces tienen que elegir entre llamar a casa o ducharse.

Alicia Hubbard es defensora pública asistente adjunta de la Oficina del Defensor Público del estado. Relató que desde el verano, algunas prisiones han estado en «el equivalente a un cierre de emergencia» desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana. Los fines de semana son un momento en el que las familias tienen tiempo libre para recibir llamadas, por lo que permitir que quienes están en prisión hagan llamadas solo durante los días de semana significa que tienen menos posibilidades de hablar con sus seres queridos, explicó.

El reverendo Russell Owen pasó 31 años encarcelado y fue transferido a varias prisiones durante su sentencia antes de ser liberado en 2021. La prisión a menudo puede ser violenta, dijo, y es seguro que estallan peleas cuando no hay suficientes teléfonos.

«A veces la gente se enojaba y arrancaba el cable del teléfono. Siempre había tensión. Estás hablando con tu familia, hay ruido, hay gente maldiciendo, gente gritando, ‘¡Hombre, suelta el teléfono!’, mientras que estás tratando de darle algo de alivio a tu familia. Pero siempre hay tensión», dijo en una entrevista.

Un informe de abril de la Oficina del Defensor del Pueblo de las Prisiones (Corrections Ombudsperson’s Office) del estado indica que las personas encarceladas en las prisiones más grandes de Nueva Jersey no tienen un acceso justo a los teléfonos ni tiempo suficiente para hacer llamadas y, en algunos casos, las personas han perdido su capacidad de hacer llamadas durante años. El informe insta al Departamento de Prisiones del estado a revisar las políticas disciplinarias para limitar los privilegios telefónicos revocados.

En respuesta, los funcionarios penitenciarios consideran que la pérdida de privilegios «en un intento de frenar el comportamiento desadaptativo es necesaria para mantener la seguridad».

En 2023, se realizaron más de 10 millones de llamadas telefónicas en las cárceles de Nueva Jersey, además de 8,235 videochats, 3 millones de correos electrónicos enviados y recibidos y 550,000 fotos intercambiadas, según el Departamento de Prisiones. El departamento está trabajando actualmente con un proveedor para proporcionar tabletas portátiles con capacidades de llamada telefónica a todas las personas encarceladas «en un futuro cercano», afirmó el portavoz del departamento, Dan Sperrazza.

Reconoció que el departamento, como todas las agencias de aplicación de la ley en todo el país, «enfrenta el desafío de la escasez de personal».

«El NJDOC [Departamento de Prisiones de Nueva Jersey] se dedica a promover y fomentar las conexiones familiares a través de numerosos acuerdos, incluidos programas familiares, llamadas telefónicas, correos electrónicos, visitas por video y visitas en persona con familiares y amigos», dijo.

El acceso telefónico en las prisiones no es como levantar el teléfono y marcar un número. Las personas encarceladas tienen un límite de aproximadamente 10 números aprobados (los números de teléfono celular se hicieron elegibles recientemente) de familiares, amigos y abogados a los que pueden llamar. La cantidad de teléfonos depende de la prisión y el ala donde estén alojados. Los prisioneros deben anotarse para reservar la hora de su llamada y el tiempo máximo asignado suele ser de 15 minutos por llamada.

Bill Sullivan dirige la Asociación Benevolente de Policías de Nueva Jersey Local #105, que representa a 5,000 funcionarios penitenciarios estatales. Cuestionó la idea de que los problemas de personal estén provocando menos tiempo para las llamadas telefónicas y sugirió que las personas pueden estar frustradas porque quieren horarios populares para hacer llamadas, como temprano en la mañana o en la noche.

Añadir más teléfonos no resolvería el problema, afirma, porque eso significaría que más prisioneros saldrían de sus celdas, lo que generaría problemas de seguridad y la necesidad de más personal. A las personas siempre se les ofrece la posibilidad de hacer llamadas, dijo, independientemente de la unidad de alojamiento en la que se encuentren.

«Supongo que no reciben los horarios exactos o no logran comunicarse, y eso es probablemente lo que los frustra», dijo. «Pero a todos siempre se les ha dado la oportunidad de usar el teléfono una vez al día».

Owen comentó que no cometió ninguna infracción en prisión que justificara que le quitaran el acceso al teléfono. Añadió que su tiempo para hacer llamadas era limitado.

En la prisión estatal de Nueva Jersey en Trenton, recordó Owen, había un funcionario que llevaba un teléfono con un cable de 300 pies a las celdas de las personas inscritas para hacer llamadas. Pero tardaba tanto en traer físicamente el teléfono que las llamadas duraban menos de cinco minutos, dijo.

En la prisión estatal de East Jersey en Rahway, Owen contó que en múltiples ocasiones tuvo que elegir entre bañarse o llamar a su madre, que estaba enferma en ese momento.

«Estaba sentada junto a mi puerta esperando, junto a los barrotes mirando a ver si veía a alguien. No veía a nadie. Nadie se asomaba. Nadie venía a dejarme salir para usar el teléfono», comentó. «La vida de mi madre estaba en juego, estaba tratando de averiguar qué le estaba pasando. Y no podía».

El reverendo Russell Owen pasó 31 años encarcelado y fue transferido a varias prisiones durante su sentencia antes de ser liberado en 2021. (Sophie Nieto-Muñoz | New Jersey Monitor)

Qué reformaría el proyecto de ley

Un proyecto de ley propuesto por los legisladores limitaría la frecuencia con la que los funcionarios penitenciarios pueden disciplinar a los prisioneros suspendiendo sus privilegios telefónicos. Prohibiría a los funcionarios de la cárcel suspender el acceso al teléfono durante más de 90 días consecutivos, o 180 días en un año de encarcelamiento. Y si se revoca el acceso al teléfono a algún prisionero, este aún podría hacer una llamada cada dos semanas.

La legislación tiene un apoyo general entre los abogados de la oficina del defensor público y el ombudsman de prisiones. Jennifer Sellitti, la defensora pública estatal, dijo que seguirían imponiendo limitaciones prolongadas, pero los límites serían mejores que los actuales.

Sellitti sugirió diferentes formas de disciplina, como limitar las llamadas telefónicas a menos de 15 minutos o restringir cuándo alguien puede usar el teléfono. Pero quitarle los privilegios a alguien directamente hace que la estadía en prisión sea más dura y que sea más difícil reinsertarse en la sociedad, explicó. 

Agregó que el público y los legisladores, en particular, deben darse cuenta de que, si bien alguien puede ser culpable de cometer un crimen horrible, aún puede ser capaz de redimirse y rehabilitarse. Debe haber espacio para que las personas regresen a la comunidad con un sistema de apoyo y una familia, dijo.

«Podemos castigar y rehabilitar al mismo tiempo», afirma Sellitti.

La defensora pública estatal Jennifer Sellitti (Dana DiFilippo | New Jersey Monitor)

Sullivan señaló que quitar las llamadas es una de las pocas formas de disciplina en prisión, aunque no ve que se use como castigo a menudo a menos que alguien cometa una infracción relacionada con los teléfonos, como romperlo o que lo encuentren con un teléfono celular.

Su mayor problema con el proyecto de ley es que legislaría la política del Departamento de Correcciones, dijo. Preferiría que la legislación estableciera excepciones para cuando limitar el uso del teléfono se pueda usar como disciplina.

Sellitti enfatizó la importancia de que las personas hablen con la familia, incluso si es solo una vez cada 14 días. Perder el acceso al exterior tiene un impacto masivo en la psicología de las personas, señaló.

«Todavía tenemos ese estigma reflexivo de que las personas que cometen delitos son malas y no merecen nada. Mi respuesta a la gente que me dice eso siempre es: ‘Pero ellos regresan a sus casas, a una comunidad cerca de usted'», resaltó.

Esta traducción fue proporcionada por Reporte Hispano, en asociación con el Centro de Medios Cooperativos de la Universidad Estatal de Montclair, y cuenta con el apoyo financiero del Consorcio de Información Cívica de NJ. La historia fue escrita originalmente en inglés por New Jersey Monitor y se vuelve a publicar en virtud de un acuerdo especial para compartir contenido a través del Servicio de noticias de traducción al español de NJ News Commons.

This translation was provided by Reporte Hispano, in association with the Center for Cooperative Media at Montclair State University and is financially supported by the NJ Civic Information Consortium. The story was originally written in English by New Jersey Monitor and is republished under a special content sharing agreement through the NJ News Commons Spanish Translation News Service.