Nueva Jersey no puede prohibir las cárceles de inmigración en el estado, dictamina un tribunal de apelaciones

Por Sophie Nieto Muñoz / www.newjerseymonitor.com

En una decisión que supone un duro golpe a los esfuerzos de Nueva Jersey por limitar la encarcelación de inmigrantes en el Estado Jardín, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Nueva Jersey no puede prohibir que empresas privadas contraten con el gobierno federal para detener inmigrantes en su territorio.

En una decisión por 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. falló a favor de la empresa de prisiones privadas CoreCivic, que argumentó que la ley de Nueva Jersey de 2021 que prohíbe los centros de detención de inmigrantes interfiere con la autoridad federal. Si bien Nueva Jersey argumentó que la ley regula a la industria privada y no al gobierno federal, el juez Stephanos Bibas escribió en la opinión mayoritaria que, si bien el texto de la ley no se aplica al gobierno federal, intenta impedir que este desempeñe una función esencial.

“Solo el gobierno federal tiene la facultad de decidir si, cómo y por qué detener a extranjeros por violar la ley de inmigración. Solo el gobierno federal tiene la facultad de celebrar estos contratos en primer lugar”, escribió Bibas. “Por lo tanto, esta prohibición es, en esencia, una regulación directa; destruye el mercado del gobierno federal”.

Bibas fue nombrado por el presidente Donald Trump. La jueza que se unió a él en la opinión mayoritaria, la jueza Cheryl Ann Krause, fue designada por Obama.

El caso data de febrero de 2023, cuando el operador de prisiones privadas CoreCivic demandó a Nueva Jersey, alegando que la ley de 2021 le impedía indebidamente renovar un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para alojar a inmigrantes detenidos en el Centro de Detención Elizabeth. El gobernador demócrata Phil Murphy firmó la ley en 2021, que también prohíbe los contratos de detención migratoria con prisiones estatales, de condado y locales.

En agosto de 2023, un juez federal falló a favor de CoreCivic, declarando inconstitucional la ley estatal aplicable a empresas privadas. Nueva Jersey apeló ante el Tercer Circuito.

El portavoz de CoreCivic, Ryan Gustin, afirmó que la empresa desempeña un papel «limitado pero importante» en el sistema de inmigración del país, y lo ha hecho durante administraciones demócratas y republicanas. La empresa está «agradecida» con el Tercer Circuito por su decisión, afirmó Gustin.

«CoreCivic no aplica las leyes de inmigración, ni arresta a nadie que pueda estar infringiéndolas, ni tiene voz ni voto alguno en la deportación o liberación de una persona. CoreCivic tampoco conoce las circunstancias de las personas cuando ingresan en nuestras instalaciones. Nuestra responsabilidad es atender a cada persona con respeto y humanidad mientras recibe el debido proceso legal al que tiene derecho», declaró.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron el fallo como un revés en medio de la campaña de la administración Trump para detener y deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, afirmó que la decisión destruye lo que los legisladores estatales hicieron mediante un proceso democrático.

«Esto no es justicia», declaró Torres en un comunicado. «Es una victoria para los magnates corporativos que ya se han burlado del gobierno federal. Ahora, el Tercer Circuito les ha dado luz verde para desafiar a todas las legislaturas estatales del país y desafiar su autoridad democrática».

«Pendiente resbaladiza»

El fallo del juez Bibas afirma que la ley de Nueva Jersey que prohíbe el encarcelamiento de inmigrantes en el estado, conocida como AB5207, representa una «pendiente resbaladiza» y que permitir que siga vigente socavaría las operaciones del ICE en todo el país.

«El ICE tendría que invertir tiempo y dinero en la construcción y gestión de centros de detención, modificar sus operaciones y arriesgarse a comprometer la seguridad nacional. Y si todos los estados promulgaran tales prohibiciones, ‘destruirían la función federal'», señala el fallo.

Un juez, Thomas Ambro, designado por Clinton, discrepó.

Ambro afirmó que el razonamiento de la mayoría trasciende la doctrina constitucional y vulnera la soberanía estatal. La inmunidad intergubernamental solo debería aplicarse a las leyes estatales que regulan directamente o discriminan a Estados Unidos, y la ley de Nueva Jersey no aplica ninguna de las dos opciones, escribió.

«Usar la inmunidad para invalidar una ley como la AB5207, que ni aplica ni discrimina a Estados Unidos, es como usar un martillo para apretar un tornillo», escribió Ambro.

Añadió que el Congreso podría aprobar legislación si desea que el gobierno federal conserve la capacidad de contratar empresas privadas de detención. Señaló que comparte la «incomodidad» expresada por la mayoría sobre permitir que Nueva Jersey afecte la política federal de inmigración, pero agregó que el deber de los jueces es seguir la doctrina legal tal como existe, incluso cuando «conduzca a resultados que nos incomoden».

«Mis colegas querrían que tomáramos nuestras propias decisiones sin fundamento sobre si la propiedad privada de los centros de detención de inmigrantes es correcta. Pero se supone que el Congreso, no los tribunales, debe determinar qué funciones federales son lo suficientemente importantes como para desplazar la ley estatal, que de otro modo sería válida», afirmó.

El fiscal general Matt Platkin expresó su decepción por el fallo. Señaló las malas condiciones en Delaney Hall, un centro de detención en Newark, de donde los detenidos escaparon el mes pasado tras derribar un muro improvisado de yeso y malla. Ese centro de detención, operado por Geo Group, comenzó a albergar a migrantes en mayo y fue el primero del país en abrir durante la segunda administración de Trump.

«Como lo demuestran los recientes acontecimientos en Delaney Hall, confiar la detención a empresas con fines de lucro plantea graves riesgos para la salud y la seguridad, y como señaló el juez disidente, los estados conservan un amplio margen de maniobra para proteger la salud y la seguridad de las personas dentro de sus fronteras, especialmente cuando, como en este caso, no existe conflicto con la legislación federal», declaró. «Seguiremos haciendo todo lo posible para defender estos importantes objetivos y estamos evaluando nuestros próximos pasos en este caso».

Geo Group también demandó a Nueva Jersey por la ley de detención de inmigrantes de 2021. Esa demanda está aún pendiente.