El 80 % de los deportados en 2014 no eran una amenaza a la seguridad pública

Cerca del 80 % de las personas deportadas este año fiscal no representaban “una amenaza a la seguridad pública”, según datos recogidos por el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa.



Dichos datos indican que en los once primeros meses del presente año fiscal, entre octubre y agosto pasados, fueron deportados del país 82.878 individuos, en su inmensa mayoría por infracciones a las leyes de inmigración y no por cuestiones penales.



La mayoría de las resoluciones de deportación de los tribunales, en una relación de ocho de cada diez, “no se basaron en los posibles antecedentes criminales de los procesados”, sino en imputaciones relacionadas con las leyes de inmigración, dice el informe.



Según el TRAC, en el presente año fiscal solo dos de cada diez deportaciones, un total de 16.375 casos, se produjeron por considerar a los individuos “una amenaza a la seguridad pública”.



Los individuos procedentes de México encabezaron la lista de las deportaciones con 37.291 individuos devueltos a su país, seguidos por los guatemaltecos, con unos 10.185, y los hondureños y los salvadoreños, con 9.093 y 8.601, respectivamente.



Asimismo, el estudio de la Universidad de Siracusa prevé que hasta finales de septiembre de 2014, el total de deportaciones ascienda a 90.337, la mitad con respecto a 2009, año en el que se registró un total de 184.228 devoluciones.



Como media, en 2014 los tribunales de inmigración demoraron hasta 567 días en emitir una resolución sobre estos casos, lo que representa un incremento de 107 días respecto a 2009, cuando la media era de 430 días de espera.



Igualmente, el número de casos pendientes en los tribunales de inmigración asciende a 408.307, lo que se traduce en un incremento de casi el doble respecto a 2009, año en el que se acumularon un total de 223.809.



En los últimos once meses, según datos del TRAC, los tribunales optaron por la devolución en la mitad de los casos procesados, y los mayores volúmenes de deportaciones por estado se registraron en Georgia, con un 77,4 %, y en Luisiana, con un 75,4 %.



En cuanto a los estados donde hubo el menor número de deportaciones figuran Oregón con 25,8 %, Nueva York con el 30 %, California con 39,6 %, y Virginia con 39,8 %.

Crisis en la frontera continúa

A pesar de la disminución acentuada en las últimas semanas en cuanto al número de familias y menores no acompañados que llegan por la frontera sur del país, “todavía queda mucho por hacer”, dijo el subsecretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Alejandro Mayorkas.



En una conferencia de prensa en Washington, Mayorkas aseguró que la solución permanente y duradera con respecto a la reciente ola de menores no acompañados, procedentes en su mayoría de Centroamérica, radica en “disminuir la violencia en los países de origen” y crear incentivos para que los jóvenes decidan no emigrar.



Se trata de “una tarea con resultados a muy largo plazo que no se pueden medir en el lapso de días o semanas”, apuntó el representante del DHS, y el trabajo conjunto con los gobiernos centroamericanos encaminado a disminuir las redes criminales “es fundamental”, dijo.



En este sentido, destacó la labor “extraordinaria” del gobierno de México en conjunto con el DHS en “combatir las redes de tráfico de personas” y poner en marcha las medidas necesarias para “proteger a los colectivos más vulnerables”, como es el caso de los menores.



Asimismo, Mayorkas se refirió “al éxito de las campañas de información” destinadas a los ciudadanos de esos países, que engañados por las redes criminales se convencieron erróneamente de que tras cruzar la frontera obtendrían la residencia en el país.