Policías piden más control sobre la venta de armas

Los jefes de Policías de Estados Unidos pidieron en Orlando, en el centro de Florida, la imposición de controles más regidos a la venta de armas mediante la ampliación de la ley de revisión de historial del comprador, conocida como la Ley Brady.



Los oficiales, que participaron en la conferencia anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policías (IACP), pidieron el control de las transacciones de compra y venta de armas privadas y por internet en un intento de frenar esta violencia.



“Los policías no somos antiarmas. No tenemos problemas con las armas de fuegos en manos responsables”, dijo durante una conferencia de prensa el jefe del Departamento de Policía de Orlando, John Mina.



“Tenemos un problema con las armas en las manos de los tipos malos”, añadió durante la rueda de prensa realizada en el marco de la conferencia que reúne a los jefes y ejecutivos de al menos nueve asociaciones de agencias policiales del país y del mundo, entre ellas, la Asociación de Comandantes de Policías Hispanos de América.



“No existe un tema de mayor preocupación para los policías que la adquisición de armas de fuegos por parte de individuos peligrosos”, aseveró Mina, quien habló bajo la sombrilla de la Sociedad Nacional de Policías para Prevenir la Violencia de Armas (conocida como The Partnership) compuesta a su vez por decenas de asociaciones policiales que abogan por el tema del control de armas en Estados Unidos.



En promedio, cada 58 minutos un policía muere durante el cumplimiento de su deber y en lo que va de año, 41 agentes perdieron la vida a causa de la violencia de armas, un incremento del 64 % en comparación con el 2013, según estadísticas preliminares de la National Law Enforcement Officers Memorial Fund.



La organización, que se dedica a rendir homenaje y recordar a los oficiales caídos, tiene su sede en California, el estado donde más policías han sido asesinados este año (12), por delante de Texas (8) y Nueva York (6).



De acuerdo con el alto mando policial, la revisión y ampliación de las leyes federales que rigen la venta de armas en establecimientos comerciales, es vital para combatir la violencia de armas.



La ley Brady prohíbe la posesión de armas de fuego por parte de convictos criminales, acusados criminalmente, fugitivos y a cualquier individuo adicto a sustancias controladas.

También se prohíbe su venta a los indocumentados, militares dados de baja con deshonra, y a aquellos adjudicados por una corte como personas con trastorno mental, o que han sido internados en una institución mental.



Bajo esta ley federal tampoco pueden obtener un arma de fuego personas con historial de violencia doméstica o contra quienes pesan órdenes de alejamiento.

No obstante, la ley federal sólo se aplica a los individuos que compran armas en establecimientos comerciales físicos, y que cuentan con permisos federales, por lo que no incluye las ventas de armas que se realizan a través de internet ni las que se llevan a cabo mediante transacciones privadas.



Hasta un 40 % de las transacciones (de venta y compra de armas de fuego) son privadas y no requieren la realización de una revisión de historial personal bajo las leyes federales.