Aumentan los apoyos y ataques a medidas migratorias de Obama en juicio

Las medidas migratorias del presidente Barack Obama son respaldadas por cerca de 40 alcaldes, demócratas y republicanos, que presentaron un escrito ante un juez federal de Texas que debe decidir sobre la suspensión de los beneficios migratorios.



La cifra de alcaldes que integra la coalición de defensa de las medidas ejecutivas de Obama se ha ido incrementado, aunque también lo hizo el número de estados que quieren bloquear los beneficios migratorios.



Nevada y Tennessee se unieron a la coalición de estados que denunció el año pasado a Obama ante una corte de Brownsville (Texas), con lo que ya son 27, más de la mitad de los 50 que integran la nación, los que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.



Esta nueva adhesión la anunció en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien afirmó que su estado está “orgulloso” de liderar la coalición contra la “amnistía ilegal” del presidente que, según él, “abusó de su poder” al ampliar el programa de Acción Diferida (DACA) y al crear la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).



Los otros estados que denunciaron al presidente son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.



Lejos de suponer una carga, para el grupo de alcaldes, liderado por el primer edil de Nueva York, Bill de Blasio, y el de Los Ángeles, Eric Garcetti, las medidas de Obama son beneficiosas por “aumentar los ingresos” de las ciudades.



“Nosotros en las ciudades tenemos un gran afán por apoyar las medidas. La mayor parte de los inmigrantes viven en estas ciudades, por lo que, el impacto económico y social es muy amplio”, expresó en una conferencia telefónica el alcalde de Hartford (Connecticut), Pedro Segarra, uno de los impulsores de la coalición.



Puso como ejemplo al estado de Connecticut, donde viven 110.000 inmigrantes indocumentados, de los que más de 30.000 residen en la ciudad que gobierna.

“Solo en nuestro estado, con el pago de impuestos, la población inmigrante tendría un impacto de 31 millones de dólares en los próximos cinco años”, argumentó Segarra, que hizo especial hincapié en el carácter bipartidista de la unión.



La cifra de alcaldes “cercana a 40” que defenderá a Obama entregarán un escrito a la corte federal de “amicus curiae” (amigo de la corte), explicó la directora ejecutiva del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, María Helena Hincapié.



Las medidas de Obama también recabaron el apoyo de otros 12 estados, 27 jefes de policía, así como el respaldo del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes o de “United We Dream”, entre otras asociaciones defensoras de inmigrantes.



Todos ellos entienden que la Constitución y el Congreso confieren al Poder Ejecutivo la discrecionalidad suficiente para decidir sobre la aplicación de la ley de inmigración.



Sobre los argumentos a favor y en contra tendrá que decidir Andrew Hanen, el juez federal de perfil conservador que instruye la causa y que ya criticó a la Administración Obama por su gestión de la crisis migratoria de los menores no acompañados en verano.



La catedrática de leyes de la Universidad del Pacífico, Raquel Aldana, explicó que el magistrado solo puede dictar medidas precautorias para suspender los beneficios de Obama si los 27 estados denunciantes demuestran que las medidas les causan un “daño concreto e inmediato”.



Este bloqueo temporal sería “el peor” escenario para Hincapié, quien aseguró que, no obstante, de producirse, “el Departamento de Justicia está preparado para aplicarlo en un plazo de 24 a 48 horas”.



A la espera de la decisión del magistrado, que se producirá como pronto en la siguiente vista el 30 de enero, la directora del Consejo de Políticas Nacionales de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, se mostró convencida de que Obama actuó “bajo la ley”.